La intención de la administración del gobernador Ricardo Rosselló de eliminar el Consejo de Educación de Puerto Rico (CEPR), y con ello el requisito de licenciamiento a los centros de educación superior para poder operar, genera un sinnúmero de interrogantes en el panorama de las instituciones universitarias en la Isla.
La medida, que forma parte del proceso de consolidación de agencias que encamina el gobierno, pudiera incluso poner en riesgo las acreditaciones que ostentan cerca de medio centenar de instituciones de educación superior en el País, incluyendo a las 11 unidades del sistema de la Universidad de Puerto Rico.
En el anuncio realizado el pasado lunes, el secretario de Asuntos Públicos y Política Pública, Ramón Rosario, indicó que, para operar en Puerto Rico, las instituciones de educación superior únicamente tendrían que pasar por un proceso de registro, eliminándose así el requerimiento que exige recibir una licencia del CEPR, según dispone el Plan de Reorganización Num. 1 de 2010.
En declaraciones recogidas en la edición de ayer de El Nuevo Día, el secretario señala que bajo los nuevos parámetros, Puerto Rico se asemejaría a otros 47 estados “que no requieren que las instituciones educativas privadas tengan licencias del estado y se fomenta la acreditación de entidades privadas como ocurre en la mayoría de las jurisdicciones de los Estados Unidos”.
Sin embargo, Viviana Abreu, quien entre 2006 y 2009 fuera directora ejecutiva del entonces Consejo de Educación Superior, aseguró a Diálogo que “es falso que en 47 estados se delegue todo a las acreditadoras sin antes pasar por un proceso de licenciamiento. Realmente no sé qué quisieron decir con eso”.
En efecto, el segundo punto de la lista de requerimientos de afiliación que establece la Middle States Commission on Higher Education (Msche) –entidad que al momento acredita a 47 instituciones en Puerto Rico– expone que “la institución es capaz de proveer documentación escrita de que está autorizada a operar como una institución educativa y conceder grados post-secundarios por una organización gubernamental pertinente dentro de la región cubierta por Middle States, así como por otras agencias según sea requerido en la jurisdicción o región en que opera”.
“La autorización para operar como una corporación es distinto a, y no necesariamente garantiza, autorización para conceder grados post-secundarios. Esto último es requerido para obtener la acreditación de MSCHE”, especifica entonces el primer inciso de ese punto.
La acreditación por entidades como Middle States permite a las instituciones universitarias acceder a millones de dólares en fondos federales, entre los que se encuentran las becas Pell y subvenciones para investigaciones, entre otros beneficios.
La ruta hacia el neoliberalismo educativo
Para Abreu, los ajustes propuestos por la rama ejecutiva simbolizan el proceso de neoliberalización en el que se pretende encarrilar al sector educativo en el País y que, a su juicio, resulta contraproducente en el contexto socioeconómico actual.
Asimismo, el hecho de que se proponga exigir únicamente una registración como requisito para operar una entidad educativa atenta contra las “garantías” que el sistema vigente salvaguarda.
“Middle States es una organización sin fines de lucro a la cual las instituciones se someten voluntariamente al proceso de acreditación con el propósito de ser elegibles a fondos federales, pero no es tan exigente [en ciertos aspectos]. Por ejemplo, Middle States no mira la planta física. En Puerto Rico, esa responsabilidad la asume el consejo”, planteó la exdirectora ejecutiva.
“El proceso de licenciamiento garantiza cierta protección a los ciudadanos que reciben el servicio y unos criterios mínimos de calidad académica. Decir que se va a hacer solo un registro abre la puerta a que a Puerto Rico llegue un montón de universidades de baja calidad, al estilo de Trump University”, advirtió Abreu, haciendo alusión a la institución educativa con fines de lucro que fundó el ahora presidente Donald Trump, que operó entre 2005 y 2010 y cerró en medio de múltiples procesos legales incoados por alumnos que a la larga resultaron en un demanda entablada por el estado de Nueva York.
Por otro lado, la también científica política considera que, en un escenario en que la recién aprobada reforma contributiva federal amenaza con ahuyentar del País a decenas de empresas norteamericanas, no se puede arriesgar la calidad del capital humano que se produce en la Isla.
“La única oportunidad que tenemos de retenerlas es a través de nuestro recurso humano. El gobierno debe hacer el ejercicio de calcular cuál sería el ahorro presupuestario mediante la consolidación de agencias versus cuánto se pierde en inversión” como consecuencia de la desregulación.
Aseveró que, “en el contexto en que estamos, no nos podemos dar el lujo de producir malos egresados. Cualquier proyecto de desarrollo económico debe partir de la premisa de que contamos con el capital humano para sostener una economía. Ahora mismo lo único que hay en Puerto Rico es capital humano y turismo, porque ni luz tenemos”.
Además de integrar las funciones del Consejo de Educación al Departamento que dirige Julia Keleher, el gobierno anunció los planes de consolidar agencias dentro de los Departamentos de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH); crear la Junta Reglamentadora de Servicio Público, donde se agruparían agencias relacionadas a la energía, las telecomunicaciones y el transporte público; y de privatizar el Instituto de Estadísticas y el Bosque Modelo.
El pasado año ya el gobierno había creado la sombrilla del Departamento de Seguridad Pública, en el que se incluyó al ahora llamado Negociado de la Policía, el Instituto de Ciencias Forenses y la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Aemead), entre otras instrumentalidades.
