¿Qué es lo primero que viene a la mente al escuchar que un país se encuentra bajo un “estado de emergencia”? Seguramente pensamos en huracanes, inundaciones, terremotos, maremotos, ataques enemigos de guerra, entre otros sucesos catastróficos que ameritan que las autoridades gubernamentales presten atención inmediata. En Puerto Rico este concepto ha cobrado un controvertible significado.
El 19 de julio de 2010, el gobernador Luis Fortuño firmó una Orden Ejecutiva para activar la Ley 76 de Estado de Emergencia bajo el alegato de que la Isla atravesaba una seria crisis energética que justificaban medidas inmediatas. Acto seguido, el Gobierno anunció la creación de varios proyectos energéticos. Ambas acciones ejecutivas levantaron revuelo y críticas de parte de expertos y diversos grupos ambientalistas del País que han cuestionado si la activación de dicha Orden tiene la intención de atacar un problema realmente precario o si es una estrategia para acelerar estos proyectos y lograr su aprobación fácilmente. Después de todo no sería la primera vez que una administración gubernamental recurre a este tipo de estrategias para adelantar millonarios proyectos de infraestructura. Durante la gobernación del doctor Pedro Rosselló González se empleó el mismo recurso para acelerar la construcción del Superacueducto. En esta ocasión se trata de poner en marcha dos proyectos energéticos: el gasoducto -una tubería de 92 millas para transportar gas desde Peñuelas hasta San Juan- y una planta incineradora con la que se propone convertir la basura en energía.
La controversia suscitada por la Orden Ejecutiva firmada por Fortuño se centra en dos puntos: el uso del término “crisis energética” y los dos proyectos energéticos puestos en marcha.
En la Orden Ejecutiva, el Gobernador expone que “Puerto Rico enfrenta una crisis energética” debido a que la “infraestructura de generación de energía eléctrica depende de combustibles derivados del petróleo para producir más del 70 por ciento de la electricidad del País y este exceso atenta contra la vida, la salud y la seguridad”.
El documento oficial declara “una emergencia en cuanto a la infraestructura de generación de energía eléctrica de Puerto Rico y ordena la utilización de un proceso expedito al amparo de la Ley 76 para el desarrollo de proyectos que fomenten una nueva infraestructura de generación energética”.
La Ley 76 del 5 de mayo de 2000 modificó la definición de “Estado de Emergencia” de modo que la misma pudiera aplicarse a “cualquier evento o graves problemas de deterioro en la infraestructura física de prestación de servicios esenciales al pueblo o, que ponga en riesgo la vida, la salud pública o seguridad de la población o de un ecosistema sensitivo”.
Dicha legislación dispone que se dispensen a “las agencias, corporaciones públicas e instrumentalidades gubernamentales con injerencia en la tramitación de permisos, endosos, consultas y/o certificaciones que puedan estar relacionadas con proyectos que surjan como consecuencia de estados de emergencia declarados mediante órdenes ejecutivas emitidas por el Gobernador de Puerto Rico o el Presidente de los Estados Unidos de América”. Esta ley acelera el curso de las obras propuestas.
La vigencia de este instrumento legal era sólo de seis meses. Pero a finales del año pasado la Legislatura radicó un proyecto de ley para para extender el término del estado de emergencia decretado por el Gobernador, hasta que culmine su término como primer mandatario. Dicha enmienda fue aprobada recientemente.
¿Crisis energética?
Según el planificador Félix Aponte, profesor de la Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico, todos los seres humanos enfrentamos una crisis ambiental, producto de la dependencia de los combustibles fósiles, por lo que todos los países deben moverse, como ya muchos han hecho, hacia alternativas de energía renovable. Sin embargo, Aponte considera impropio que en Puerto Rico se declare un estado de emergencia amparándose en una “crisis energética” que a su entender no existe ya que en la Isla se consume menos de la mitad de la energía que aquí se genera.
“La energía eléctrica que se usa en el País en los últimos años ha ido en constante descenso. La emergencia energética no existe, es un embeleco para justificar toda esa tramoya [proyectos energéticos]. Así hicieron el Superacueducto”, afirmó Aponte.
El ex secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) durante la administración gubernamental de Sila M. Calderón, Luis E. Rodríguez, también rechazó que exista alguna emergencia en la producción energética en Puerto Rico.
“Es claro que Puerto Rico tiene que buscar inmediatamente opciones más limpias para unirse al resto del mundo como para reducir emisiones, sin embargo, por el lado de la producción de energía no existe una emergencia,” aseguró Rodríguez. El ex funcionario exhortó a ser muy cautelosos con las definiciones: “hay que distinguir entre temas importantes a los cuales hay que darles prioridad, de una emergencia”.
Ambos entrevistados no están solos en su apreciación. La Agencia federal para la Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) tampoco percibe cuál es la urgencia, por lo menos, en uno de los proyectos impulsados tras la declaración del estado de emergencia. En un documento publicado el 21 de diciembre de 2010, Carl Axel Soderberg, el director de esa dependencia para la región del Caribe, resalta que la Autoridad de Energía Eléctrica no ha podido demostrar que el gasoducto sea necesario para el país.
Las implicaciones
El problema con despachar los proyectos energéticos que plantea el Gobierno bajo un estado de emergencia, según nuestros entrevistados, es que los procesos no se examinan con la rigurosidad necesaria. En efecto, la fiscalización de estos proyectos es muy somera debido al corto tiempo que le otorga la ley a las agencias para diligenciar los permisos.
A Rodríguez, también profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, le preocupa las implicaciones que este tipo de declaración podría acarrear, especialmente por las limitaciones que la misma impone a la participación ciudadana en estos procesos. Rodríguez observó que en una emergencia la participación y fiscalización de la ciudadanía se ve reducida porque se eximen a los proyectos de “cumplir con el proceso tradicional y se hace un proceso más fast track en el cual se tiene que cumplir con unas garantías mínimas constitucionales”.
La urgencia de la administración actual por solucionar el problema de energía, por ejemplo, llevó a que en menos de 24 horas, la Junta de Calidad Ambiental (JCA) aprobara tres Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) de proyectos energéticos: un gasoducto, un incinerador de basura en Arecibo y una finca de molinos de viento en Santa Isabel.
Los peritos entrevistados observaron que al Estado abdicar a su rol fiscalizador en estos procesos, se abre el camino a la corrupción, como ya se alega ha ocurrido en la propuesta para construir el gasoducto y la denominada Vía Verde.
La Vía Verde, busca sustituir el petróleo de manera transitoria como combustible en la obtención de energía. La Ley de Política Pública de Diversificación Energética establece que este proyecto es de carácter transitorio debido a que se proyecta que en un periodo de 25 años, el 20 por ciento de la producción de energía en Puerto Rico sea renovable, característica que el gas natural no cumple, al ser un combustible fósil.
Por medio de la Declaración de Emergencia Ambiental, se pretende acelerar este periodo de transición. Aponte explicó que el camino desde la concepción hasta la construcción de una idea como ésta incluye una Declaración de Impacto Ambiental (DIA); vistas públicas y la aprobación de agencias estatales como la Junta de Calidad Ambiental (JCA) y la Junta de Planificación (JP). Además, debe contar con el aval de las agencias federales pertinentes, como el Servicio de Pesca y Vida Silvestre (FWS, por sus siglas en inglés) y la Agencia de Protección Ambiental. Una vez se obtienen esos permisos, pueden pasar a la etapa de subastas. “Pero en este caso se declaró una emergencia y se subordinan todos los procesos a la decisión del proyecto”, indicó Aponte.
Por ejemplo, en la Resolución 10-26-1 de la JCA, ésta aprobó un procedimiento expedito para regir la evaluación de las DIA y Evaluaciones Ambientales relacionadas al desarrollo de infraestructura de producción de energía como fuentes alternas o renovables. Dicho procedimiento estableció vistas públicas “discrecionales”; un periodo de cinco días a partir de un aviso público para someter comentarios sobre los documentos ambientales a las agencias proponentes y un periodo de siete días para las evaluaciones ambientales, entre otros. Ello permitió que el proyecto se aprobara en sólo cuatro meses. El proyecto del gasoducto fue anunciado en agosto de 2010 y se aprobó en diciembre de ese año. En este proceso, Rodríguez destacó la falta de transparencia en la toma de decisiones y la celebración de pocas vistas públicas para discutir los planes.
Beneficiarios expeditos
Por ahora, de acuerdo al Gobernador, al menos la aceleración de permisos es necesaria debido a la “crisis”. “Si alguien tiene duda si tenemos en Puerto Rico una crisis energética, o no paga la luz todos los meses, o no llena el tanque todas las semanas”, opinó Fortuño en febrero de este año para justificar una extensión al decreto de emergencia.
Así, el propósito principal de Vía Verde parece ser la reducción de precios a la factura de electricidad. De acuerdo a su página electrónica, el gasoducto traerá a los abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica una reducción de un 20 por ciento en sus facturas mensuales.
Pero si bien los precios del gas natural actualmente son más bajos que los del petróleo, esta fuente de energía también es susceptible a los altibajos del mercado.
“Nadie ha hablado del precio, pero el gas natural también es elástico, y un día es barato y otro día es caro”, expresó Rodríguez. Por ejemplo, la volatilidad en el costo de este combustible se hizo evidente a raíz del terremoto del 11 de marzo de 2011 en Japón. Ese mes, la revista Newsweek reportó que el precio había subido mundialmente, ya que el tsunami que afectó los reactores nucleares de ese país provocó que los japoneses tuviesen que adquirir grandes cantidades de gas natural para poder suplir sus necesidades energéticas.
Con todos estos argumentos parecería entonces que los esfuerzos que se realizan para construir un gasoducto en Puerto Rico constituyen un ejercicio fútil, sin embargo, lejos de explorar otras opciones, las autoridades gubernamentales persisten en su implantación. “Tenemos una cabeza de gobierno ignorante porque no responde a los argumentos, y está posiblemente comprometida con otras cosas que no son el desarrollo del País,” manifestó Aponte.
Aponte no es el único que opina de esta forma. El licenciado Rodríguez tampoco descarta que detrás de la intención de la declaración del estado de emergencia existan otros intereses. En tiempos de emergencia, según Rodríguez, “los procesos de subasta quedan obviados y la agencia tiene la autoridad de poder escoger. Así que puede ser para favorecer contratistas”.
Ya han comenzado a ventilarse públicamente algunos de estos conflictos. Trascendió recientemente que a pesar de que el Cuerpo de Ingenieros todavía no ha tomado una decisión en cuanto al destino de la construcción del gasoducto, en febrero de este año, la AEE hizo una subasta de materiales y equipo. El consultor ambiental del proyecto, Daniel Pagán, defendió la gestión, alegando que no se firmaría ningún contrato hasta que el Cuerpo diera el visto bueno.
No obstante, la “emergencia energética” ha viabilizado la otorgación de contratos –no relacionados a la construcción en sí- eludiendo los procesos ordinarios.
La lista de los beneficiarios, revelada por la organización adjunteña Casa Pueblo, incluye hasta el momento a Ray Engineers, P.S.C., con un contrato de $8,895,000 y otro de $698,533 por servicios de ingeniería; Ballori y Farré, con uno publicitario de $2,721,062; New Star Acquisitions Group, encargada de hacer las expropiaciones, $500,000; UNIPRO Architects, Engineers and Planners, como manejadores y representantes de la AEE en la construcción, $6,000,000; y Asesores ambientales y educativos para asesoría ambiental, $2,000,000.
Según ha descubierto Casa Pueblo, hay razones más allá de precios o calidad de servicios que podrían haber influenciado en la selección de esas compañías. En el caso de Ray Engineers, por ejemplo, la organización reveló que su dueño, el ingeniero Pedro Ray Chacón, tiene conexiones previas con el Gobierno. Chacón “es y ha sido miembro de la Junta de Directores del Banco de Desarrollo Económico de Puerto Rico, de la Junta de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura, así como de la Junta de Directores de la Fundación Luis Muñoz Marín”, según un documento del grupo.
Además, Arturo Massol Deyá, líder de la organización ambiental adjunteña, reveló que la compañía de Chacón estaba “casi en quiebra, y tres meses más tarde se le otorgan nueve millones de dólares para diseñar el gasoducto”.
Asimismo, Massol Deyá alegó que la AEE contrató a la esposa de Edward Zayas, director de prensa del Gobernador, para hacer la publicidad del proyecto. Este contrato de publicidad ha sido duramente criticado pues la propaganda –que incluye página de Internet, billboards, anuncios de televisión, radio y medios impresos, pegatinas en pompas de gasolina– se ha activado a pesar de que el proyecto aún no cuenta con todos los permisos de construcción.
“Antes que se designara el decreto de emergencia energética, ya desde el 2009 Ballori y Farré estaba encaminado a hacer un estudio a lo largo de la alineación de las poblaciones afectadas y qué asuntos les preocupan para hacer un plan de comunicaciones. De ahí que lleguen al nombre de Vía Verde. En las encuestas encontraron que los asuntos ambientales en esta zona son importantes”, explicó Massol Deyá.
¿Qué se arriesga?
A diferencia de las agencias estatales, las federales no han sido afectadas por el decreto de emergencia. Esto le ha permitido a éstas últimas examinar uno de los proyectos energéticos propuestos con detenimiento y sobrepasar sus repercusiones. Tanto el Servicio de Pesca y Vida Silvestre como la Agencia para la Protección Ambiental expresaron reservas ante el Cuerpo de Ingenieros en torno al impacto ambiental del gasoducto. En sendas cartas, ambas agencias recomendaron que no se otorgaran los permisos al proyecto.
Según reportaron los medios locales, el director de la EPA en el Caribe escribió en un documento con fecha de 21 de diciembre de 2010 que Vía Verde no cumple con la Ley federal de Agua Limpia, causando un posible impacto a la zona kárstica, una importante formación geológica compuesta por una cadena de mogotes que suple más del 25 por ciento de la demanda de agua en Puerto Rico. Asimismo, la EPA encontró que el proyecto del gasoducto no provee suficiente mitigación para compensar daños al ambiente.
Igualmente, Edwin Muñiz, director regional del Servicio de Pesca y Vida Silvestre, expresó preocupación por los recursos acuáticos.
Otras entidades también han divulgado sus inquietudes en torno al impacto que tendría este proyecto sobre los ecosistemas de la Isla. Un grupo de científicos de Casa Pueblo descubrió que “el impacto directo forestal equivale a desaparecer dos veces el Bosque del Pueblo” en Adjuntas.
Algunas de las áreas forestales a ser impactadas, según el análisis de septiembre de 2010, son el Bosque La Olimpia y el Bosque del Pueblo de Adjuntas, el Bosque de Río Abajo, el Bosque de Vega, entre otros. Igualmente, se verán afectados varios cuerpos de agua como el Río de la Plata, el Río Bayamón, el Río Grande de Arecibo y el Río Tanamá. La organización también comentó que la trayectoria del tubo incluye 106 kilómetros de la zona del Karso.
Por otro lado, se han presentado serios cuestionamientos sobre la seguridad de un gasoducto como éste. En el 2010 hubo más de una decena de accidentes en este tipo de estructura mundialmente. Entre éstos, se destaca la explosión en San Bruno, California que causó cuatro muertes.
Un estudio del arquitecto Patrick Urbain, presentado en una de las vistas públicas del gasoducto, reveló que hay 25,877 viviendas en el perímetro de la ruta, lo cual se traduce a 82,806 personas que están ubicadas en un área de alto riesgo.
Por otro lado, el proyecto [del gasoducto] será uno costoso, $450 millones, según estimados oficiales. A esto se le suman $80 millones de dólares anuales por 20 años de renta por el equipo e instalaciones para recibir el gas, así como la construcción de una terminal de gas en el norte por $750 millones. El total final sería de $2.8 billones de dólares.
“El precio va a aumentar el renglón más importante que es la deuda pública, que es lo que nos tiene esclavos: repartir la deuda entre todos los abonados. Si los abonados deciden no gastar tanta energía, como quiera tendrán que pagarla”, expresó Massol Deyá.
¿Basura energética?
Otro de los proyectos amparados bajo la declaración de estado de emergencia es la planta incineradora que se propone construir la compañía Energy Answer en el municipio de Arecibo.
La DIA de la planta incineradora fue aprobada por el Subcomité Interagencial de Cumplimiento Ambiental por Vía Acelerada de la JCA bajo el decreto de emergencia energética en menos de 24 horas. Para que se construya la planta incineradora, Energy Answers tiene que atravesar los procesos de permisología de ADS, AEE, la Compañía de Fomento Industrial, Fortaleza, JP, JCA y EPA. El incinerador ha sido aprobado por todas estas entidades excepto la EPA, que está realizando un análisis sobre la calidad de aire en esa zona.
El costo de la planta sería de $500 millones de dólares. De ese monto, un 28 por ciento provendría de los fondos federales del American Recovery & Reinvestment Act (ARRA) bajo créditos para proyectos de energía renovable. El presidente de Energy Answers, Patrick F. Mahoney, indicó a Caribbean Business que el proyecto será financiado por Energy Investors Fund, una empresa en conjunto, con inversionistas extranjeros y el Banco Popular.
Energy Answers cobraría por el depósito de basura, vendería el material reciclable, metales pesados y la electricidad que produzca. No incurriría en gastos de electricidad pues la planta provee su energía.
Aunque el proyecto se ha presentado como una alternativa de energía, la cantidad que generaría es demasiado limitada para designarla como una fuente energética para el consumo de todo Puerto Rico. “La basura no es una fuente renovable. Puede ser visto como una fuente alterna energética y en bien pequeña escala. El waste to energy es una estrategia para reducir basura, no producir energía”, sostuvo Rodríguez.
No obstante, la autoridades gubernamentales tienen mucho interés en que el proyecto se concretice. El alcalde de Arecibo, Lemuel Soto, comentó a Diálogo que dicha planta incineradora es una iniciativa impulsada por La Fortaleza”. Esta planta viene planchá desde el Gobierno Central”, aseguró el funcionario que mantiene una disputa con el Gobernador por la ruta que tomará el gasoducto.
El interés que ha generado la planta se debe en gran medida a su capacidad de transformar basura en energía. El proceso comienza en la caldera donde se incinera la basura; el aire caliente de la caldera de combustión pasa por un condensador, el agua activa una turbina de vapor que genera electricidad.
Alexis Molinares, representante de Energy Answers ante la comunidad, explicó que la planta generaría 80 megavatios diarios de energía. La facilidad se quedaría con 10 megavatios, los 70 megavatios sobrantes se venderán a la AEE. “Ya tenemos un acuerdo con AEE para inyectar al grid [parilla de alto voltaje] energía barata; el precio, a diferencia del barril de petróleo, no va a variar. No habrá un ajuste sorpresa por esta operación porque los combustibles fósiles están a merced del mercado”, confirmó Molinares, quien también dijo que no se tenía el precio de venta establecido.
Sin embargo, el director de proyecto, Mark Green, explicó a Caribbean Business que vendería a 10 centavos el kilovatio, y que este precio estaría sujeto a inflación. Esto significa que la AEE tendría que pagar aproximadamente $2,555 millones anuales a Energy Answers por la compra de energía.
En vista de que los dos proyectos energéticos que ampara la nueva definición de “estado de emergencia” imponen mayor carga económica a la AEE y que tradicionalmente dicha corporación gubernamental transfiere sus gastos a sus abonados, tal vez será necesario extender nuevamente el citado concepto. Esta vez para impulsar que el mismo pueda aplicarse al bolsillo de todos los puertorriqueños.
Nota:
Diálogo intentó conversar con el Gobernador y con funcionarios de la Autoridad de Energía Eléctrica para conocer su posición con respecto a este tema pero hasta el momento del cierre de esta edición nuestras cartas y llamadas no habían sido atendidas.
