En el contexto de una economía del conocimiento, donde el desarrollo fructífero de las sociedades está estrechamente ligado al aprendizaje y a la educación integral de sus ciudadanos, se deja inoperante una de las dependencias que se ocupa de velar por la integridad y la calidad de la educación superior en Puerto Rico. El Consejo de Educación Superior (CES), el organismo encargado de licenciar a las instituciones de educación superior en la Isla, no podrá operar tras la reducción del 54 por ciento de su personal, según fue anunciado el pasado 7 de octubre. De 57 personas que trabajaban, 27 recibieron la comunicación de despido, una de ellas se acogió al despido incentivado, ordenado por la Junta de Reestructuración y Estabilización Fiscal de Puerto Rico (JREF), tras la implantación de la Ley 7 de Emergencia Fiscal. Se suma a este precario panorama, la renuncia del presidente de la junta directiva de la entidad, José Lema Moyá; el vicepresidente, Manuel Maldonado Rivera; el miembro del Consejo, Eduardo Rivera Medina y la directora ejecutiva, Viviana Abreu. Estos funcionarios sostienen que con las cesantías no pueden cumplir con los criterios mínimos de evaluación, que implican precisamente el examen de los programas académicos universitarios vigentes y futuros.
“El CES entiende que esta determinación va en detrimento de una política pública que debe ser encaminada al desarrollo y fortalecimiento de la educación en Puerto Rico, en todos los niveles. El efecto dominó de este plan de despidos implica un futuro desalentador para la calidad de la educación en el País”, comentó a Diálogo la Directora ejecutiva del CES. Abreu denunció que el Consejo trabaja de forma precaria desde la primera etapa de cesantías de la Ley 7, por lo que con esta nueva fase dictada le sería imposible llevar a cabo sus funciones, especialmente la del licenciamiento de las instituciones de educación superior. En la primera ronda de cesantías los nueve analistas con los que contaba el Consejo se redujeron a cuatro, y con el anuncio reciente se redujeron a dos. “A este limitado recurso humano se le haría imposible trabajar con la oferta de las 107 instituciones de educación superior en la Isla”, recalcó la funcionaria. Si las instituciones de educación superior no están licenciadas no pueden ser acreditadas, lo que impide que reciban fondos federales y elimina la posibilidad de que los estudiantes obtengan los dineros de la Beca Pell, entre otros beneficios. En la actualidad, las instituciones de educación superior reciben cerca de 800 millones de dólares por concepto de las mencionadas ayudas federales, de las cuales unos 220 mil estudiantes son beneficiarios. De esta forma, la Directora Ejecutiva subrayó que “si el Consejo no puede llevar a cabo el proceso (de licenciamiento) no sólo se afecta la calidad de la educación sino la nueva oferta académica, al no poder garantizar que esté disponible”. A su vez, si no se gestiona a tiempo las asignaciones de dichas ayudas, “quienes se verían mayormente afectados son las comunidades más pobres y marginadas”, según Abreu. Destacó que el 75 por ciento de los estudiantes que se benefician, por ejemplo, del fondo legislativo estatal que otorga 25 millones de dólares a 100 instituciones públicas y privadas, tienen apenas un ingreso anual de 20 mil dólares. Desde 1992, el Consejo ha velado por la calidad de la oferta académica de las distintas instituciones universitarias, otorgando las licencias necesarias para que éstas puedan ser acreditadas por la Middle State Association. El analista de programas del CES, David Báez, señaló que “si una institución no tiene licencia no puede funcionar en Puerto Rico”. Báez, encargado de coordinar el Programa de Becas y quien llevaba 13 años laborando para el Consejo fue uno de los que recibió la carta de despido. “Que existan entidades acreditadoras en Estados Unidos no exime al Estado de un proceso para operar en Puerto Rico. La acreditadora no viene a ver ninguna institución que no tenga una licencia para operar otorgada por Puerto Rico. La existencia de la acreditadora es un complemento de la responsabilidad pública de Puerto Rico con su educación superior”, sentenció Abreu El CES se encarga además de administrar distintos programas de becas y ayudas económicas para estudiantes de bajos recursos, maestros y estudiantes de maestría y doctorado, así como la supervisión del programa federal No Child Left Behind. Abreu, que culmina sus funciones como directora ejecutiva del Consejo el 21 de octubre, indicó a Diálogo que los programas de empresarismo en las Universidades; de investigación en programas graduados; información que tienen que ver con el rendimiento de egresados de las universidades y los informes sobre la retención y graduación se verán seriamente afectados, tras ser gestiones que ya se estaban agilizando. Aseguró que al despedirse al personal que diligenciaba estos trámites, no hay quién ejecute estas tareas. La Directora Ejecutiva del CES reveló que la Asesora en Educación y Cultura de la Fortaleza, María Jaunarena, tenía conocimiento de lo que representaba el plan de cesantías. Incluso, Abreu dijo que se le envió copia de la carta que el CES le hizo llegar a la JREF, en la que explicaban lo perjudicial que sería para el cumplimiento de una política pública coherente con la calidad del conocimiento del País, el despido de esos 27 empleados en esa dependencia. Abreu sostuvo que le preocupa la fiscalización de las instituciones educativas que quieren entrar a Puerto Rico, además señaló desconocer el plan del Gobierno para operar las gestiones en curso: “¿Quién va a trabajar con las becas para noviembre, quién le va a dar seguimiento a las investigaciones?”, se preguntó. Para cuestionar sobre estos puntos, Diálogo contactó a Jaunarena a su celular, pero ella se mostró incapacitada de responder porque dijo que la Oficina de Prensa de la Fortaleza tenía que diligenciar una entrevista porque el protocolo de la Administración establece que “son ellos (Oficina de Prensa) quienes autorizan que los funcionarios den expresiones públicas”. Al cierre, de esta edición, sin embargo, nuestra petición no había sido contestada. ¿Duplicidad de tareas? Sobre los señalamientos del gobernador Luis Fortuño, que sostienen que hay duplicidad de tareas, ya que existe el Consejo General de Educación (CGE), Abreu explicó que esta institución licencia las escuelas privadas desde preescolar hasta escuela superior y los pos secundarios de carácter no universitario, que vienen siendo los técnico vocaciones. Mientras que el CES licencia las instituciones universitarias que manejan programas desde grados asociados hasta doctorales. “Así que no hay doble función ninguna, cada oficina trabaja unos asuntos muy puntuales y distintos”, aclaró. “Esto (el desmantelamiento del CES) es una posible política de total desmantelamiento del Estado para colocarlo en manos de la empresa privada”, aseguró. Por su parte, Gladys Aponte, del Departamento de Contabilidad Auxiliar del CES, mencionó a Diálogo que el CES ha recibido premios por su excelencia administrativa, ya que han logrado trabajar sus estados financieros con un presupuesto que se ha disminuido notablemente. Además tanto Abreu como Aponte, afirmaron que aunque le han reducido de un 40 a un 45 por ciento del presupuesto, nunca han cerrado con déficit ni han tenido un sobregiro. “Con todos los recortes de presupuesto que ha tenido nuestra Oficina, nunca hemos tenido que botar ningún empleado”, sostuvo Abreu, quien añadió que por las cesantías ya han reducido 11 puestos y han tenido que reasignar las labores de 15 empleados. De otro lado, el presidente de la Universidad del Sagrado Corazón, José Jaime Rivera, opinó que la crisis que atraviesa el CES podría resultar en detrimento de la calidad de la educación superior en las universidades privadas. Sobre este particular Rivera, le cuestionó al secretario de Estado, Kenneth McClintock, en una reunión a efectuada el martes 13 de octubre sobre las garantías de transparencia y los protocolos de calidad de los procesos de licenciamiento de las instituciones. “En la medida que se caiga en la ausencia de un buen sistema de educación superior, donde cada entidad establezca lo que quiere, excepto tener unos extintores o unos permisos de salud, la calidad de la enseñanza sería entonces desastrosa. Habría que apelar, en ese caso, a las propias agencias acreditadoras en Estado Unidos para ver cómo van a enfrentar esta situación alarmante. Yo confío que esta administración demuestre inteligencia pública para que esto no llegue a un punto donde se afecte el bienestar de la sociedad”, sentenció.
¿Inconstitucional la Ley 7? De otra parte, el abogado laboral Frank Zorrilla explicó a Diálogo que la Ley 7 de Emergencia Fiscal posee visos de inconstitucionalidad. “Todo empleado público tiene derecho a saber por qué lo están despidiendo”, expresó. Sin embargo, “si le preguntas a cualquiera de los empleados despedidos, a ninguno se le ha dado detalles concretos para su cesantía”, más allá de las posiciones generalizadas de la JREF de cuadrar el presupuesto gubernamental con un déficit de 2 mil millones, recalcó. Asimismo, Zorrilla, quien fuera secretario del trabajo y funcionario de la administración de Sila Calderón, indicó que es ilegal despedir a un empleado para subcontratar a otro. Esta es una de las políticas de reubicación que implementaría la JREF pues, y según explicó Abreu, “las agencias tienen que despedir al personal que la JREF dictaminó, para entonces que sea esta misma Junta quien sugiera el personal a recolocar en las posiciones cesanteadas”. El abogado y la doctora en ciencias políticas coinciden que otra inconsistencia de la polémica ley de despidos es que nunca se explicó qué metodología se utilizó para escoger a las personas cesanteadas. Hay casos en que fueron recortados de sus funciones ambos padres de un núcleo familiar, así como mujeres embarazadas, madres solteras y hasta empleados que llevan 13 años laborando en el servicio público. El Consejo se había negado a firmar y entregar las cartas de despidos. No obstante, la ley estipula que si los directores de las agencias no firman dichas misivas, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) se haría cargo de las funciones administrativas y el Departamento de Hacienda de la contabilidad de la Dependencia. A la pregunta de qué pasaría si tanto OGP como Hacienda tomaran el Consejo, Abreu suspiró y no dijo más. ¿Quiénes componen el Consejo de Educación Superior? El Consejo de Educación Superior tiene una junta rectora que la componen 9 miembros. Su presidente es el doctor José Lema Moya, quien por su cargo sería el encargado de firmar las cartas de despidos de los 27 empleados. El profesor Lema fue ex presidente de la Universidad Interamericana y ex secretario de Educación bajo la segunda administración de Rafael Hernández Colón (1988-1992). De estos 9 miembros, uno de ellos es el secretario de Educación en funciones, quien es un miembro ex oficio y no requiere de un nombramiento formal. Hay cinco de los actuales miembros del CES que fueron nombrados por la pasada administración de Aníbal Acevedo Vilá, de los cuales cuatro de estos nombramientos vencen entre los meses de noviembre y enero, y uno ya venció. Hay dos vacantes, de miembros que no han sido nombrados por el ahora gobernador, Luis Fortuño. Adjuntamos las cartas de renuncia del presidente de la Junta, dr. José Lema Moyá; el miembro de la Junta, dr. Eduardo Rivera Medina y la dr. Viviana Abreu, directora ejecutiva del CES. Carta de Renuncia de Presidente Cespr Carta de Renuncia – Dr. Eduardo Rivera Medina Carta de Renuncia – Directora Ejecutiva Para ver la edición de Diálogo en PDF haga click aquí
