El asesinato de 185 personas defendiendo el ambiente en 16 países en 2015 convirtieron a ese año en el peor de la historia por el número de ambientalistas que perdieron la vida en el mundo, concluye el último informe de Global Witness.
Los asesinatos del año pasado, registrados en el informe “En terreno peligroso”, representan 59 por ciento más que los de 2014.
“El ambiente se convierte en el nuevo escenario donde se defienden los derechos humanos”, dijo a IPS el responsable de campaña para defensores de la tierra y el ambiente de Global Witness, Billy Kyte.
“A muchos activistas los tratan como si fueran enemigos del Estado, cuando deberían tratarlos como a héroes”, opinó.
El aumento de ataques obedece, en parte, al incremento de la demanda de recursos naturales, la que aviva los conflictos entre pobladores de zonas ricas y alejadas e industrias como la minería y la de madera, así como la agroindustria.
Una de las regiones más peligrosas para los ambientalistas es América Latina, donde ocurrieron 60 por ciento de los asesinatos en 2015. En Brasil, concretamente, perdieron la vida 50 defensores del ambiente, el mayor número de víctimas registradas ese año en el mundo.
La mayoría de los asesinatos en el gigante sudamericano ocurrieron en los estados de la Amazonia, de gran diversidad biológica y donde la intrusión de las haciendas, las plantaciones agrícolas y la tala ilegal propiciaron el aumento de la violencia.
El informe señala que bandas criminales “aterrorizan” a las comunidades locales a instancias de las “compañías madereras y de los funcionarios corruptos”.
El último asesinato fue el de Antônio Isídio Pereira da Silva. El líder de una pequeña comunidad agrícola del estado amazónico de Maranhão había sufrido varios intentos de asesinato y recibido amenazas de muerte por defender su tierra de la tala ilegal y de otros acaparadores de tierras. A pesar de las denuncias, nunca recibió protección y la policía no investigó su muerte.
Las comunidades indígenas, que dependen de la selva para vivir, soportan la mayor parte de la violencia. Casi 40 por ciento de los ambientalistas asesinados pertenecían a algún pueblo original.
Eusebio Ka’apor, integrante del pueblo Ka’apor en Maranhão, fue asesinado de un disparo por dos hombres armados y encapuchados que se desplazaban en una motocicleta. Las razones de su muerte: patrullar e impedir la tala ilegal en sus tierras ancestrales.
Otro líder de ese pueblo dijo a la organización de derechos humanos indígenas Survival International, que los madereros les habían dicho que era mejor entregar la madera que dejar que “muriera más gente”.
“No sabemos qué hacer porque no tenemos protección. El Estado no hace nada”, se lamentó el líder Ka’apor.
Miles de campamentos para la tala ilegal se montaron en la Amazonia para extraer madera valiosa como caoba, ébano y teca. Se estima que 80 por ciento de la madera de Brasil es ilegal y representa 25 por ciento de la que circula de forma ilegal en los mercados del mundo, la mayoría de la que se vende en Estados Unidos, Gran Bretaña y China.
“Los asesinatos que quedan impunes en las aldeas mineras de difícil acceso o en la selva profunda aumentan al influjo de las opciones que eligen los consumidores en la otra punta del mundo”, puntualizó Kyte.
También denunció una “creciente connivencia” entre los intereses corporativos y estatales y un alto nivel de corrupción como responsables de los ataques contra los defensores del ambiente.
Un reflejo de ello es el actual caso de corrupción que involucra al megaproyecto de la hidroeléctrica en la localidad brasileña de Belo Monte, que siguió adelante a pesar de los reparos por sus consecuencias sobre el ambiente y las comunidades locales que, además, se usó para generar $40 millones para los partidos políticos.
Aun frente a la posibilidad de un escándalo público, apuntó Kyte, la legislación ambiental siguió debilitándose en Brasil.
El nuevo gobierno interino, encabezado por el exvicepresidente Michel Temer, propuso una enmienda que reduciría el proceso de otorgamiento de licencias ambientales para infraestructura y el desarrollo de megaproyectos con el fin de recuperar la atribulada economía brasileña.
En la actualidad, Brasil tiene un proceso que consta de tres etapas y en cada una de ellas se puede interrumpir un proyecto por motivos ambientales.
Conocida como PEC 65, la enmienda propone que las compañías solo envíen una declaración de impacto ambiental preliminar. Una vez cumplida esa etapa, los proyectos no podrán ser demorados ni cancelados por motivos ambientales.
El debilitamiento de importantes instituciones de derechos humanos también supone una amenaza para el ambiente y sus defensores.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) atraviesa un grave déficit financiero que podría derivar en la pérdida de 40 por ciento de su personal para fines de julio, con serias consecuencias para la continuación de su labor.
De hecho, ya suspendió las visitas a los países y podría verse obligada a interrumpir sus investigaciones.
Muchos países de América Latina dejaron de contribuir a la CIDH por discrepancias con sus investigaciones y sus conclusiones.
En 2011, la comisión solicitó a Brasil “la inmediata suspensión de la licencia” al proyecto de Belo Monte a fin de consultar y proteger a grupos indígenas.
La respuesta del gobierno brasileño fue romper sus vínculos con la CIDH retirando su aporte económico y llamando a su embajador en la Organización de Estados Americanos (OEA), en el marco de la cual funciona la comisión.
“Cuando la CIDH anuncia que tiene que recortar 40 por ciento de su personal y cuando los estados ya se retiraron de la Corte Interamericana, ¿realmente tenemos una comunidad internacional?”, preguntó en mayo el alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los derechos humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, en el Consejo de Derechos Humanos.
“¿Existe cuando se tira de los hilos que la forman y el tejido, nuestro mundo, se deshace? ¿O solo son comunidades fragmentadas con intereses encontrados, estratégicos y comerciales, operando tras bambalinas con fingida adhesión a las leyes y las instituciones?”, insistió.
Zeid Ra’ad Al Hussein pidió a los estados que defiendan y apoyen económicamente a la CIDH, “una socia estratégica y una inspiración para todo el sistema de la ONU”.
Global Witness urgió al gobierno de Brasil y a los de América Latina a proteger a los ambientalistas, a investigar los crímenes que se cometen en su contra, a exponer los intereses corporativos y políticos detrás de su persecución y a reconocer formalmente los derechos de los indígenas.
Kyte subrayó, en particular, la necesidad de investigaciones internacionales que expongan los asesinatos de ambientalistas y señalen a los responsables, y destacó el caso de Berta Cáceres, la indígena ambientalista de Honduras, cuyo homicidio concentró la atención internacional y generó indignación en todo el mundo.
En marzo, Cáceres, quien se oponía a la hidroléctrica Agua Zarca, fue asesinada en su casa por dos hombres del ejército hondureño.
Una persona denunció que la ambientalista figuraba en una lista negra entregada a unidades del ejército de Honduras y entrenadas por Estados Unidos.
