Recientemente el Gobernador, Luis Fortuño, presentó la propuesta oficial con la que se prevé ayude al consumidor a pagar menos por servicio de energía eléctrica.
La propuesta surgió de una serie de mesas redondas organizadas por la presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer González, donde participaron grupos sindicales y otras entidades como el Colegio de Ingenieros y Agrimensores, los Contadores Públicos Autorizados, entre otros.
Sin embargo, aunque la propuesta pudiera traducirse en ahorros para las personas abonadas el servicio de energía eléctrica, no todo el mundo la recibió a brazos abiertos.
En un contexto en que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), se ha visto involucrada en asuntos como una crisis de legitimidad debido a acusaciones de corrupción y deficiencias administrativas; la propuesta, aunque cayó bien a muchas personas, también generó suspicacia y varias dudas.
Uno de los puntos de la propuesta es solicitar a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) a que modifique temporeramente el acuerdo por consentimiento para lograr la utilización de combustible con un porcentaje mayor de azufre, esto con el propósito de lograr un menor costo.
A esta parte del plan, reaccionaron el ingeniero y director de Casa Pueblo Alexis Massol y el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo, quienes expresaron que aumentar el porcentaje de azufre en el petróleo sería una medida que afectaría a la salud, además de que representaría un retroceso en las luchas ambientales comunitarias.
Por otra parte, una de los puntos que mejor fue recibido es el de eliminar los intermediarios para que la compra de combustible se haga directamente con los países vendedores transfiriendo al Banco Gubernamental de Fomento el manejo y la compra del producto.
Además, de implementarse la propuesta oficial, se solicitará una línea de crédito rotativa para asegurar que el combustible se pague a tiempo y con esto eliminar las penalidades por morosidad en los pagos.
Conjuntamente se propuso realizar una auditoría de los procesos de compra de combustible en 90 días, reestructurar la deuda pública de la AEE en 60 días y hacer que las agencias del gobierno central paguen al menos $34 millones de la deuda que mantienen con la AEE incluyendo la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Puertos.
Otra auditoría sería requerida al BGF, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Departamento de Asuntos de Consumidor (DACO), para implantar las medidas expuestas e identificar ahorros adicionales.
A eso se añade que la AEE deberá reducir al menos $30 millones en un año en gastos operacionales, como los contratos, el tiempo extra de los empleados, millajes y dietas y gasificar la planta Costa Sur en Guayanilla para finales de marzo 2012.
A esta propuesta reaccionaron otros grupos como, por ejemplo, el Grupo de Diálogo sobre el Futuro Energético de Puerto Rico quienes proponen una “serie de reformas que suponen una transformación profunda del sistema eléctrico de la Isla”, según lo indican en un comunicado.
La propuesta del Grupo demanda que la AEE tiene que funcionar como una corporación pública y como tal facilitar la información necesaria para hacer un diagnóstico completo sobre la situación actual del sistema eléctrico y la Autoridad.
Además, proponen revisar la fórmula de ajuste por compra de combustible y energía y que mientras esto suceda se detalle en la factura todo lo que se cobra ahora mismo en las fórmulas.
También, al igual que la propuesta oficial del Estado, proponen que se eliminen los intermediarios en la compra del combustible. El grupo plantea además que la política de subsidios debe ser revisada y analizada en función de su impacto en los costos de la electricidad y la sostenibilidad de Puerto Rico.
"Solo los programas con un claro fin social deben mantenerse, siempre condicionado a un comportamiento prudente en el uso de energía de parte de los consumidores, y su financiamiento no debe ser responsabilidad de la AEE”, sostuvieron.
A esto le añaden reducir la contribución en lugar de impuestos de la AEE ya que, según indican, compañías eléctricas públicas comparables a la AEE pagan en promedio 6% en Puerto Rico pagamos un 11%.
Como medida de concienciación para conservar nuestros recursos naturales, lo cual es parte de la ley orgánica de la AEE, se propone incluir en la factura de luz un estimado de las emisiones al ambiente asociadas al consumo de cada cliente.
También se pide que se inicie un plan agresivo para reducir las pérdidas en las redes de transmisión y distribución y para mejorar la eficiencia interna de las plantas de la AEE (ejemplo, mejorar el “heat rate” de las plantas).
La propuesta entra también en problemas profundos como por ejemplo la Ley Orgánica de la AEE la cual proponen sea examinada para dotarla de un nuevo mandato, así como examinar el Contrato de Fideicomiso con los Bonistas.
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