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Uno de los guardias de seguridad privada en el área de Ciudadela en Santurce. (Joel Cintrón Arbasetti/Centro de Periodismo Investigativo)
Es la mañana del 7 de octubre y un hombre detiene el tránsito en la calle Antonsanti en Santurce, detrás del edificio de Ciudadela. Tiene puesto un casco, gafas, el rostro cubierto con pasamontañas, chaleco con municiones, guantes, straps plásticos de los que se usan en arrestos, botas, pantalón camuflado con rodilleras, cuchillo y pistola. En la mano lleva una ametralladora. No tiene placa ni identificación.
Trabaja para una empresa privada de seguridad que contrató el dueño del complejo multiusos Ciudadela, Nicholas Prouty, quien la semana pasada dijo al Centro de Periodismo Investigativo que recurrió a ese servicio luego del paso del huracán María.
“Con una reducción sustancial del número de policías en las calles (debido a la reasignación de recursos del gobierno para proteger el diesel y las cadenas de suministro), y la mayoría de las luces de las calles dañadas, Ciudadela ha tomado las medidas necesarias para hacer sentir a sus residentes y arrendatarios comerciales seguros”, dijo Prouty en un correo electrónico. No quiso revelar el nombre de la compañía de seguridad.
¿Para quién trabaja?, le preguntó el CPI al hombre armado que estaba en Ciudadela.
“Trabajamos con el gobierno”, contestó.
¿Con cuál división?
“Es una misión humanitaria, estamos ayudando a Puerto Rico”, dijo en español masticado.
¿Y por qué tiene la cara tapada?
“Porque si yo mañana voy con mi hija a comer a Burger King y alguien me identifica me puede matar”, contestó
Otros dos hombres con indumentaria militar apostados en otra esquina de Ciudadela dijeron que trabajaban para una compañía privada, pero tampoco revelaron el nombre.
¿Por qué tienen la cara tapada?
“Porque queremos”, dijo uno de ellos alzándose el pasamontañas hasta la nariz para cubrirse mejor. En la mano tenía un arma larga: una escopeta plateada.
Centro de Periodismo Investigativo
El CPI preguntó a Héctor Pesquera, secretario de Seguridad Pública de Puerto Rico, si se expidió un permiso especial para portación de armas largas a compañías de seguridad privada tras el paso del huracán María. “Estamos bregando con eso”, contestó al salir de una conferencia de prensa en el Centro de Convenciones. Al mostrarle la foto de los hombres que prestan seguridad en Ciudadela, dijo, “eso pueden ser militares”, y se retiró con prisa por la parte de atrás de la tarima de un salón en el Centro de Convenciones en San Juan, donde el gobierno de Puerto Rico montó su Centro de Operaciones de Emergencia (COE) luego del huracán María.
¿La ley federal de armas permite a guardias de seguridad privada portar armas largas?, cuestionó el CPI a Rosa Emilia Rodríguez, jefa de la Fiscalía Federal en Puerto Rico.
“Nosotros nos dejamos llevar por las violaciones a leyes que son federales e incluyen las armas largas, cargar un rifle automático y demás, si no tiene la licencia adecuada”.
¿Pero hay licencias que permiten portar armas largas?
“Depende [de] si son militares. O sea, es muy restringido. Me extraña que eso esté sucediendo. No sé si son policías que están fuera de servicio, no sé, tendría que ver las circunstancias. Un policía puede trabajar en una compañía de seguridad privada en sus hora libres”.
¿Y en ese caso pudieran tener armas largas?
“No sé, me ha picado la curiosidad así que lo voy a verificar. Pero me extraña, que tenga acceso nada más a las armas largas”, contestó Rodríguez.
Por su parte, la Fiscal General Olga Castellón dijo que Pesquera está tramitando una orden ejecutiva que detallará las reglas para las empresas de seguridad privada. Quizá a eso se refería el secretario de Seguridad Pública cuando dijo: “Estamos bregando con eso”.
Ambas funcionarias federales coincidieron en que la orden no debe permitir la portación de armas largas a guardias de seguridad privada. “Estarían yendo muy lejos”, dijo Rodríguez.
La Ley de Armas de Puerto Rico dice que “no se podrá… poseer, usar, traspasar o importar un Arma de Asalto Semiautomática”. Esta prohibición no aplica a “personas cuya licencia contenga la categoría de tiro al blanco, de caza o posea licencia de armero, de aquellas armas de asalto legalmente existentes en la nación de los Estados Unidos”. O a personas “con licencia de armero, para uso de estas armas en el cumplimiento del deber por los agente del orden público, del gobierno de Puerto Rico o de los Estados Unidos, o para el uso de las fuerzas armadas del Gobierno de los Estados Unidos o de Puerto Rico”.
Las armas que prohíbe la ley incluyen escopetas y rifles semiautomáticos, dice la ley.
Centro de Periodismo Investigativo
Dos miembros de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos consultados por el CPI dijeron que tanto la escopeta como la ametralladora que portaban los hombres de Ciudadela son armas automáticas o semiautomáticas, luego de ver una foto.
“En términos de armas de fuego, (las compañías de seguridad privada) tienen que regirse por la Ley de Armas de Puerto Rico y tener una licencia de portación de armas. Hasta donde yo sé, aquí las portaciones de armas son para armas cortas. Las armas largas se usan única y exclusivamente para la custodia de transporte de valores, de camiones blindados, y es una licencia especial que provee el gobierno de Puerto Rico. Todos los demás servicios armados tienen que ser con armas cortas. Las únicas personas que pudieran utilizar armas largas son los del Estado. No conozco ninguna autorización legal para portar armas largas en el servicio privado en Puerto Rico”, dijo Adalberto Mercado, vicepresidente de operaciones de la compañía de seguridad privada Ranger America.
“El Estado puede proveer licencias provisionales, pero tienen que gestionarlo y el Estado tiene que concederla. Si no, estarían portando armas ilegales dentro de territorio de Puerto Rico”, detalló Mercado.
La empresa de seguridad Academi, recordada por su anterior nombre, Blackwater, por haber obtenido un contrato por $21 millones con el gobierno de Estados Unidos para dar servicios de seguridad durante la guerra de Irak en 2003, ya tiene ofertas del gobierno local y federal y de la Cruz Roja para venir a Puerto Rico.
“Estamos listos par ir”, dijo Paul Donahue, Jefe de Operaciones de Constellis, la empresa dueña de Academi, en entrevista telefónica con el CPI. Detalló que, si el gobierno de Puerto Rico acepta su oferta, estarían dando servicios de seguridad en el transporte de agua. La empresa ya opera en las islas caribeñas de Dominica y San Martín, a donde llegaron luego del paso de los huracanes Irma y María. Esta empresa, descrita como un ejército de mercenarios por el periodista investigativo Jeremy Scahill, ha cambiado de nombre en tres ocasiones desde su fundación en 1997 por un ex oficial del Navy Seal (Equipos de Mar, Aire y Tierra de la Marina de los Estados Unidos).
Blackwater operó también en Nueva Orleans luego del paso del huracán Katrina en 2005. Allí trabajaron bajo un contrato federal y para personas millonarias que abandonaron la ciudad antes de que pasara la tormenta. Los contrataron para que protegieran sus propiedades.
Sobre la entrada de empresas de seguridad de Estados Unidos a Puerto Rico, Mercado, el vicepresidente de operaciones de Ranger America, dijo que “nosotros hemos hecho contratos de servicio con empresas de seguridad de los Estados Unidos que nos han contratado a nosotros para a su vez proveerle seguridad a clientes que tienen ellos aquí en Puerto Rico… Yo no te diría que son grandes cantidades (de compañías), pero sí hemos visto contrataciones (de seguridad estadounidense) en el área de las comunicaciones y en el área hotelera. Son compañías que nosotros realmente no las conocemos, no tienen presencia aquí en Puerto Rico, pero sí han llegado y sabemos que están dando servicio a algunas corporaciones y multinacionales”.
Mercado dijo que Ranger America está reclutando más empleados desde el paso del huracán, para dar servicios a detallistas, supermercados, almacenes al gobierno y “más recientemente” con FEMA. No detalló los nombres de compañías ni de las agencias que los han contratado.
The Whitestone Group, otra empresa de seguridad estadounidense, publicó el 29 de septiembre un anuncio en la página de búsqueda de empleos Monster donde solicitan “oficiales jubilados con certificación de portar arma para respuesta inmediata en Puerto Rico”. Dice que el pago estimado será de $2,400 a la semana más dieta y hospedaje. El área de trabajo que indica la oferta dice “FEMA-Puerto Rico”.
“De verdad que no te sé la contestación”, dijo Alejandro De La Campa, director de FEMA en Puerto Rico, cuando el CPI le preguntó si la agencia había contratado a empresas de seguridad privada para trabajar en Puerto Rico y, en específico, a The Whitestone Group.
“Pero nosotros vamos a contratar… todas las contrataciones se hacen a través del Federal Protective Services, esa es la agencia federal que hace la contratación; ellos serían los que te podrían contestar. De que vamos a necesitar nosotros seguridad (privada) a través de la isla, eso es correcto”, dijo De La Campa en una salida rápida del COE.
Whitestone Group actualmente tiene “varios contratos” con los Departamentos de Defensa, Ingeniería, del Interior y Comercio de los Estados Unidos, así como con el Ejército, las Fuerzas Armadas y la Guardia Costera. Su primer contrato con el gobierno federal fue con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Veteranos en Nueva Orleans, luego del paso del huracán Katrina en 2005.
Las personas que observaban el espectáculo militar detrás de Ciudadela aquella mañana del sábado, no tenían cara de sentirse más seguras. Una mujer mayor a la que el hombre armado con una ametralladora le impidió el paso por la calle Antonsanti, lucía ansiosa, nerviosa y asustada. Pero aún así lo increpó a través de la ventana de su carro. Le pedía que la dejara pasar porque iba para una calle que estaba antes de donde un camión descargando mercancía. La mujer estaba a punto del llanto. El hombre con aspecto de robot finalmente la dejó pasar y le dijo “gracias por interrumpir mi trabajo”.
Laura Moscoso colaboró en esta historia.
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