Un diario de la capital informó que la Oficina de Recursos Humanos del Estado Libre Asociado (ORHELA) señaló que la cifra ofrecida por el Gobierno de 11,000 empleados públicos contratados ilegalmente durante la veda electoral era incorrecta. Sin embargo, el director de esa agencia, Samuel Dávila Cid indicó a Diálogo que aún no ha se terminado de examinar toda la data sobre este asunto por lo que la cifra de sólo 588 nombramientos en incumplimiento con la ley electoral “no es del todo correcta”. Dávila Cid indicó que se revisaron 14,486 transacciones de personal entre el periodo del primero de julio de 2008 y el 3 de enero de 2009, buscando que las mismas se hubiesen hecho siguiendo el debido proceso de ley. El funcionario alegó que El Nuevo Día fue muy selectivo en el análisis estadístico de los nombramientos gubernamentales, pues sólo se concentró en los meses del 1 de julio al 4 de septiembre, obviando el resto del periodo de la veda electoral. Dávila confirmó que en efecto, durante esos meses se habían identificado 1,035 transacciones de personal ilegales, entre las que figuran nombramientos, traslados, transferencias y reclasificaciones de personal. De este total, fue que se detectaron las 588 contrataciones nuevas. No obstante, subrayó que existen 9,078 transacciones de personal efectuadas durante la totalidad del periodo de veda que aún están bajo el escrutinio de las agencias para ver si existen visos de ilegalidad. “Esto es un proceso que sigue”, afirmó el director de ORHELA. Aseguró que los números ofrecidos hasta ahora son sólo datos preliminares. Declaró además que ORHELA no centraliza todas las transacciones gubernamentales. Añadió que cada agencia hizo su propio análisis de esta situación y que los números podrían cambiar eventualmente. No especificó en cuales agencias fue que se identificaron las supuestas irregularidades en las transacciones de personal, pero afirmó que esta situación había sucedido en muchas dependencias gubernamentales. Dávila tampoco pudo precisar para cuando tendría el total de la data compilada. “Le estamos dando seguimiento”, dijo. Resaltó que en caso de que un empleado público entienda que la agencia a la que pertenecía erró en su determinación de despedirlo, éste tiene derecho de solicitar una revisión de su caso ante la Comisión Apelativa del Sistema de Administración de Recursos Humanos (CASARH). La Ley 184 del 2004 prohíbe transacciones de personal en el gobierno dos meses antes y dos meses después de la celebración de las elecciones generales. Ese era el periodo de tiempo que comprendía la llamada veda electoral, hasta que en el 2009 la Legislatura, en sus resoluciones de presupuesto, adelantara la veda dos meses más, lo que hizo que la misma comenzase el 1 de julio de ese mismo año.
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