Los alumnos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR) reafirmaron ayer en asamblea ordinaria su apoyo a la huelga indefinida que se da en siete de las once unidades del sistema, al votar en contra de que el Consejo de Estudiantes de esa dependencia se expresara a favor de levantar la huelga.
La mayoría de los estudiantes que favorecían una expresión a favor de que se levantara la huelga se marcharon tras ver derrotada la moción en dos ocasiones, pues se pidió una reconsideración de la votación, que inicialmente también resultó a favor de mantener el apoyo a la paralización. Aún faltaba por rendirse los informes del Comité de Trabajo de Derecho y del Comité de Reforma Universitaria cuando se marcharon.
En el cónclave, que se realizó en el Coliseo Roberto Clemente, el representante graduado ante la Junta de Gobierno, Gilberto Domínguez, presentó un informe del plan fiscal de la UPR –que la junta verá hoy– y de la situación fiscal de la institución. En síntesis, explicó que para el año fiscal entrante, el presupuesto universitario verá una reducción de $150 millones en la aportación del Estado –$833 millones– al presupuesto de la UPR por concepto de la fórmula establecida en la Ley 2 del 1966. Dicho recorte irá en ascenso hasta el año fiscal 2025, cuando alcanzaría los $512 millones.
Además, Domínguez adelantó preliminarmente que el plan fiscal de la UPR contempla fijar en $120 el costo base del crédito. Los estudiantes que demuestren necesidad de asistencia económica podrían solicitar un subsidio, que se otorgaría completo –y dejando como saldo a pagar $56, que es el costo actual– o pagar otra cantidad.
Por otro lado, el vicepresidente del Consejo General de Estudiantes (CGE) del Recinto de Río Piedras, Jorge Rivera, presentó un informe sobre el estado actual del Título IV –que alberga las ayudas económicas federales como la beca Pell y los préstamos– y la acreditación de la Middle States Commission on Higher Education (MSCHE).
En términos generales, Rivera explicó que la agencia acreditadora está al tanto de la situación en la UPR y ha expresado su preocupación con los recortes propuestos. El estudiante detalló que la MSCHE trabaja para, en la eventualidad de que se levante la huelga indefinida, se provea un proceso expedito para la solicitud de las ayudas económicas federales. Aclaró que perder la elegibilidad bajo el Título IV significa que la unidad no puede desembolsar fondos federales, pues se expondría a una multa por parte del Departamento de Educación federal.
Los alumnos aprobaron que el Consejo de Estudiantes de la Escuela de Derecho se exprese en contra de que se prohíba la entrada a las vistas públicas. Del mismo modo, que este órgano rechace el plan fiscal elaborado por la presidenta interina de la UPR, Nivia Fernández. También, que repudie las agresiones policiacas contra el estudiantado.
Se aprobó asimismo que los estudiantes y profesores de la Clínica de Asistencia Legal ofrezcan sus servicios a los manifestantes de ocurrir cualquier altercado en el paro del 1ro de mayo el próximo lunes. Para esto, tendrían que conseguir el permiso de la administración universitaria.
Actualmente, siete de los once recintos del sistema de la UPR se encuentran bajo huelga indefinida. En el caso del Recinto de Ciencias Médicas (RCM), solo se aprobó un paro de 72 horas que culminó el 12 de abril. El estudiantado de la UPR en Aguadilla –la única unidad que no asistió a la Asamblea Nacional de Estudiantes el pasado 5 de abril– acordó realizar paros semanales de jueves a domingo. De otro lado, el estudiantado del Conservatorio de Música culminó el 19 de abril un paro de 48 horas.
En cambio, las unidades de Carolina y Utuado aprobaron en asambleas extraordinarias a inicios de la semana levantar la huelga indefinida. Los movimientos estudiantiles de ambos campus catalogaron como “inválidas” e “ilegales” estas asambleas, citando irregularidades en los procesos.
La paralización estudiantil responde al posible recorte de $450 millones para el 2021 planteado por la Junta de Control Fiscal en la aportación que hace el Estado al presupuesto de la UPR. Este recorte fue avalado por el gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, quien lo incluyó en el plan fiscal del gobierno que certificó el ente federal. A pedido de la Autoridad para la Agencia Fiscal y Asesoría Financiera a la administración universitaria, se ha proyectado que esa cifra alcanzará los $512 millones para el 2025.
