La Asociación Legal de Estudiantes Pro Diversidad de Identidad de Género y Sexualidad (ALEP) de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana repudió la decisión del juez del Tribunal Federal de Puerto Rico, Juan M. Pérez Giménez, de no reconocer la validez del matrimonio igualitario en Puerto Rico.
Según el comunicado de prensa emitido por la asociación, la ALEP entiende que es inconstitucional e ilegal negarle el derecho a contraer matrimonio a cualquier pareja, ya sea del mismo o diferente sexo. Argumentan que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos estableció en junio de 2015, en el caso Obergefell vs. Hodges, que el matrimonio es un derecho fundamental, con lo que quedó establecido la legalidad de las uniones de los matrimonios del mismo sexo.
La asociación comunicó que la decisión del Supremo, protegida por la Quinta y la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, obliga a todos los estados y territorios del país norteamericano a regirse por la determinación del Tribunal Supremo y atemperar sus respectivos ordenamientos jurídicos para garantizar tal derecho fundamental. En el caso de Puerto Rico, aducen, que aplica por virtud de la Decimocuarta Enmienda que garantiza la protección legal igualitaria para los ciudadanos americanos.
Charline M. Jiménez Echevarría, presidenta de la organización estudiantil, catalogó como “un atropello”, “absurdo” e “inaceptable” el hecho de que el Tribunal Federal pase por desapercibido la aplicación de los derechos consagrados en la Constitución de los Estados Unidos a los ciudadanos norteamericanos que residen en Puerto Rico.
Además, Jiménez Echevarría enfatizó que desde principios del siglo XX los derechos fundamentales que se han reconocido en Estados Unidos se han extendido a Puerto Rico en virtud de la doctrina establecida por los llamados Casos Insulares que establecen la relación politico-jurídica entre ambos.
“La determinación del juez federal Pérez-Giménez genera un discrimen por razón de sexo y una violación de derechos humanos al no reconocer el derecho fundamental al matrimonio entre parejas del mismo sexo como aplicable a Puerto Rico”, añadió Frances Collazo Cáceres, quien también es alumna de Derecho y delegada de la ALEP.
Ambas estudiantes estuvieron de acuerdo con que la decisión del juez federal pretende ejercer presión adicional para que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se exprese respecto a la definición y alcance del estatus colonial de Puerto Rico.
Por tal razón, a nombre de la ALEP solicitan con urgencia a la Asamblea Legislativa “que tome acción, y reconozca el matrimonio entre personas del mismo sexo de forma expresa en nuestro ordenamiento jurídico, haciéndole justicia a todas estas familias puertorriqueñas y las que están próximas a constituirse”.
Además, manifestaron su respaldo a la Orden Ejecutiva en la que el gobernador, Alejandro García Padilla, aclara que el Derecho vigente en Puerto Rico se seguirá rigiendo por lo dispuesto por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en Obergefell v. Hodges.
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