Con la intención de organizar las propuestas y reclamos estudiantiles, el Consejo General de Estudiantes (CGE) del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, celebró anoche una reunión amplia en la que además se sentaron las bases para la creación de un Comité de Reestructuración que tendría la responsabilidad de analizar las formas en que la principal institución docente del país podría alcanzar un mayor nivel de eficiencia en sus labores administrativas.
Si algo quedó claro en la reunión fue la oposición a la imposición de una Junta de Control Fiscal por parte del gobierno federal y sobretodo, la importancia de educar al País de sus “peligros”.
Ante esto, Natasha Ramos Ayala, estudiante de ciencias sociales, propuso la creación de un grupo de portavoces que se encargue de divulgar en los medios nacionales los riesgos que implicaría para el País una junta que esté por encima de los funcionarios electos por el pueblo.
Además del ‘media tour’, Ramos Ayala sugirió realizar un estudio que analice las consecuencias de la imposición de juntas de control fiscal en otras jurisdicciones estadounidenses, tales como la ciudad de Detroit. “Más allá de oponerse a la Junta de Control hay que educar al pueblo. Una Junta es como volver a los tiempos de la Ley Foraker”, sentenció la estudiante.
Otros reclamos
Uno de los principales reclamos presentados en la reunión fue la necesidad de que la Universidad estandarice los formularios de admisión, de manera que se faciliten procesos tales como el traslado de estudiantes de una unidad a otra. Igualmente, se exigió que dichos formularios se puedan acceder y completar de forma digital.
El representante estudiantil alterno ante la Junta de Gobierno, Aníbal López Correa, quien dirigió los trabajos de la reunión en sustitución del presidente del CGE, Guillermo Guasp Pérez, informó que actualmente hay esfuerzos a nivel central para crear un “perfil del estudiante”, aunque “quizás no a la velocidad que se debería”.
Asimismo, se propuso establecer que los costos de matrícula sean proporcionales a los ingresos familiares del estudiante.
Por otra parte, se discutieron alternativas para fomentar que los municipios cumplan con los estatutos legales que, en teoría, los obligan a priorizar los recursos universitarios a la hora de otorgar contratos por servicios profesionales. Al presente, es práctica común que los profesores se contraten de manera independiente con los municipios al no existir incentivo para hacerlo por medio de la institución, por lo que la Universidad no recibe ningún beneficio.
Siguiendo esa misma línea, se planteó la necesidad de poner presión para que la legislatura apruebe el Proyecto del Senado 1050, para que sean los estudiantes de la UPR quienes ofrezcan tutorías en las escuelas del sistema público en Puerto Rico.
Además, se llegó a un acuerdo para realizar un diálogo abierto previo a la próxima Asamblea General de Estudiantes, tentativamente pautada para el 26 de abril, en el que se presenten las ventajas y desventajas de cada uno de los reclamos, a modo de llegar al pleno con una idea más clara sobre las implicaciones de todas las propuestas.
Comité de Reestructuración
En la reunión se comenzó a dar forma al Comité de Reestructuración que se aprobó en la Asamblea General del pasado 5 de abril. En principio, dicho comité estaría conformado por representantes de las distintas facultades y departamentos, si bien López Correa advirtió que “no debería ser tan grande que no permita trabajar” eficientemente.
El Comité de Restructuración es el segundo que forman los estudiantes en este semestre, tras la creación del Comité de Auditoría que comenzó a trabajar tras la Primera Asamblea.
