Siete estudiantes de la Escuela de Comunicación del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico presentaron el miércoles un documental sobre el acceso a la información en el País con el que buscan visibilizar los escollos que enfrenta la prensa en proceso de obtener documentación pública.
El corto inicia con la denuncia de la compra y desuso de los trolleys eléctricos que el recinto riopedrense había adquirido como parte de la campaña “Campus Peatonal”. El medio de transporte solo estuvo en circulación tres años. Desde hace más de año y medio, los vehículos eléctricos con capacidad para 12 pasajeros están sin utilizarse y en condiciones deplorables.
Claudia Alonso Ramos, Gilberto Vázquez Gómez, Paola Guzmán Alejandro, Mónica López-Cepero Ortiz, Ashlee Cruz Lebrón, Natalia Maldonado Rivera y Rebecca Cubero Patiño desistieron de investigar ese tema debido a la falta de acceso a documentos de compras y subastas y al personal administrativo. De ahí, el tema central de “Letra muerta”.
A pesar de que el acceso a información generada por el gobierno y las agencias públicas es un derecho constitucional, obtener la documentación no es fácil. En los pasados dos años, ciudadanos y periodistas han llevado alrededor de seis casos de acceso a la información a los tribunales. Este año se han radicado ante la Legislatura al menos tres proyectos que buscan crear una ley que garantice el libre acceso a la información pública.
“Letra muerta es sumamente relevante considerando la crisis actual que sufre Puerto Rico. No solamente tenemos una crisis monetaria, sino una crisis de transparencia. El acceso a la información está siendo violentado una y otra vez y por eso creemos que este documental es importante porque le estamos dando luz a un problema que necesita una solución. Esperamos que con este documental más personas sepan que tienen derechos y que comiencen a ver los retos necesarios para que esas prácticas gubernamentales de coartar el derecho a la información pública se detenga. En tiempos de crisis, este documental tiene que ser visto por muchísimas personas para no solamente informar, sino causar un cambio”, enfatizó Gilberto Vázquez Gómez, director de la pieza fílmica.
El documental expone cómo el gobierno y las agencias gubernamentales no brindan información de carácter público a las personas que la solicitan. Por información pública se entiende todo aquello que se produce, genera y/o comparte las agencias del País. El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) radicó tan reciente como hace tres semanas dos demandas, una al gobernador Ricardo Rosselló Nevares y otra a la Junta de Control Fiscal (JCF), para que el tribunal los obligue a hacer públicos datos sobre el presupuesto de Puerto Rico.
El CPI ofrece asistencia legal gratuita a las personas que necesiten acudir a la rama judicial para obtener información pública. Según la directora ejecutiva del CPI, Carla Minet, los procesos iniciales en los tribunales pueden rondar entre los $300 y $500. Eso presenta otro obstáculo para obtener la documentación ya que el ciudadano promedio no puede costear los procedimientos. Según Minet y el abogado Efrén Ramos Rivera, esto lleva a otro problema, el acceso a la justicia.
Por otra parte, Limarys Suárez Torres, periodista de Caribbean Business, denunció que al trabajar la investigación sobre una compañía de seguros fantasma que obtuvo contratos con el gobierno, ningún ente gubernamental le brindó documentos y/o declaraciones. Asimismo, el director interino de Diálogo, Víctor Rodríguez-Velázquez, añadió que el no tener acceso a entrevistas con funcionarios también es coartar el acceso a la información. De igual forma, Rodríguez Velázquez indicó que la práctica de diversos oficiales de prensa y relacionistas de limitar las preguntas que se pueden realizar en una conferencia de prensa a un tema específico también coarta el acceso a la datos públicos.
Aunque todos las fuentes del documental consideran necesaria una ley que garantice y regule el libre acceso a la información pública, la periodista Suárez Torres señaló que una legislación se quedaría en teoría porque en la práctica no se cumpliría. La veterana en las comunicaciones destacó que en la actualidad hay una orden ejecutiva de Rosselló Nevares, con mayor peso que una ley, que exige transparencia y acceso a datos públicos y no se está cumpliendo.
Por otra parte, Claudia Alonso Ramos, integrante del grupo de estudiantes que elaboró el filme, comentó que “el proceso del documental y la investigación fue una experiencia motivadora. Saber que estamos haciendo algo que tendrá relevancia en nuestra sociedad, más en este tiempo tan atropellado que estamos viviendo, es sumamente gratificante. Ciertamente hay esperanzas cuando vemos diferentes sectores, periodistas, académicos, estudiantes, artistas y ciudadanos exigiendo y luchando por un Puerto Rico transparente y justo”.
El proyecto, que forma parte del trabajo final del curso Seminario Avanzado en Comunicación que imparte el profesor Héctor Díaz Rodríguez, contó con la narración de la actriz puertorriqueña Cordelia González Buitrago y la participación de la periodista Limarys Suárez Torres, el director interino de Diálogo, Víctor Rodríguez Velázquez, el licenciado Efrén Rivera Ramos y la directora del Centro de Periodismo Investigativo, Carla Minet.
