Con 1,993 votos a favor y 533 en contra, los estudiantes del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) ratificaron su voto de huelga hasta que se cumplan con los reclamos establecidos el pasado 5 de abril en la Asamblea Nacional de Estudiantes.
Entre las peticiones estudiantiles para levantar el voto de huelga se encuentran: cero recortes al presupuesto de la UPR, cero aumentos en la matrícula, no disminución en las exenciones y la auditoría de la deuda pública de Puerto Rico que asciende a unos $70 mil millones.
Asimismo, el estudiantado de Río Piedras aprobó en su tercera Asamblea General de Estudiantes pedirle la renuncia a la superintendente de la Policía, Michelle Hernández de Fraley y al secretario del recién creado Departamento de Seguridad, Héctor Pesquera.
En la moción aprobada también emplazaron a la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) y la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (Heed) para que activen sus votos de huelga y se unan al estudiantado.
“No podemos abandonar la esperanza de miles de personas que dependen de la Universidad de Puerto Rico para continuar con sus estudios postsecundarios, no podemos abandonar un país que acaba de cerrar 184 escuelas, no podemos abandonarlo cuando el gobierno aún insiste en destruir nuestro sistema de salud, nuestras pensiones y nuestras viviendas, no podemos abandonarlo cuando todavía hay una inmensa deuda por auditar”, expresó María de Lourdes Vaello durante la presentación de la moción.
“No podemos abandonarlo cuando todavía Héctor O’Neill camina libre por las calles que nosotros transitamos, no podemos abandonarlo cuando pretenden criminalizarnos por nuestro derecho constitucional a protestar contra lo injusto y lo inhumano, no podemos abandonarlo porque mañana puede que no quede mas país para defender”, añadió la estudiante de la Escuela de Derecho de la UPR.
Antes de votar por la moción para la continuación de la huelga, se presentó una moción sustitutiva que contemplaba una lucha con portones abiertos en la cual se decretaran recesos académicos para realizar plenos, así como manifestaciones, piquetes, reuniones y mesas de trabajos. La moción fue derrotada.
Horas antes a esta votación, el Comité Negociador destacó cinco proyectos de ley que radicarán para atraer unos $500 millones a las arcas de la UPR. Estos proyectos, recalcaron, fueron producto de mesas de diálogo y plenos estudiantiles propiciados gracias a la huelga que mantiene los portones del primer centro docente del País cerrado hace más de un mes.
Además, el Comité de Reforma Universitaria pidió desde los micrófonos del Coliseo Roberto Clemente que desean que se cree una transformación sistémica que nazca de las bases de toda la comunidad universitaria: profesores, empleados y estudiantes.
El Comité repartió volantes a los más de 2,900 estudiantes presentes en la tercera asamblea estudiantil para constatar su sentir y así comenzar a desarrollar la reforma universitaria.
Posteriormente, por mayoría evidente, los estudiantes aprobaron una moción para postularse en contra del plebiscito del 11 de junio y promover un boicot a la consulta de status.
La decisión se da luego de un debate en el que los estudiantes expusieron que la consulta plebiscitaria y el costo del mismo, no son una situación apremiante para la crisis financiera en la que se encuentra el País.
Asimismo, los estudiantes se expresaron en contra de la derogación, por parte de la administración de Ricardo Rosselló Nevares, de la Comisión para la Auditoría de la Deuda.
El estudiantado también se expresó a favor de una auditoría ciudadana y forense de la deuda pública de Puerto Rico que asciende a unos $70 mil millones. Además, exigieron que los responsables de emitir deuda ilegal -o que hayan perpetrado alguna irregularidad- paguen el dinero debido y vayan a la cárcel.
“¿Cómo es posible que encarcelan a siete estudiantes y O’Neill sigue en la calle, pero [a las personas que emitieron deuda ilegal o malversaron el dinero] no los vamos a encarcelar?”, cuestionó el estudiante Alejandro Rodríguez y levantó gritos y aplausos por parte del estudiantado.
En la noche de ayer, el Tribunal de Primera Instancia de San Juan encontró causa para arresto contra siete estudiantes que irrumpieron en la última reunión de la Junta de Gobierno de la UPR.
En cuanto a O’Neill, el alcalde de Guaynabo fue referido al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) por acoso y violación sexual a empleadas de su alcaldía. Aunque el gobernador le pidió la renuncia hace más de dos meses, O’Neill no ha acatado la orden de su líder partidista.
Además, los gallitos y jerezanas del recinto riopedrense aprobaron una moción para exigirle al gobernador que publique el Plan Fiscal del Puerto Rico y el presupuesto del gobierno central en o antes del 30 de mayo de 2017.
Petición de renuncia y retirar nombre de candidatos a presidir la UPR
Los alumnos le pidieron –nuevamente– la renuncia de la presidenta interina Nivia Fernández.
Según el estudiantado, Fernández no representa el sentir de la comunidad universitaria. Asimismo, la moción dictamina que de la presidenta oponerse, significaría una confrontación con el sentir universitario.
Los estudiantes, quienes a eso de las 10 de la mañana ya había alcanzado el cuórum requerido para dar paso al cónclave, también pidieron que se retiraran los nombres de Miguel Muñoz, Arturo Avilés y Nivia Fernández de los candidatos para presidir la UPR.
Minutos antes de la decisión, Gilberto Domínguez, representante estudiantil ante la Junta de Gobierno de la UPR, explicó que el sistema universitario público no someterá un plan fiscal al gobierno central en el cual se contemple la disminución de $149 millones para el próximo año fiscal.
Actualmente, se proyecta un recorte presupuestario de $450 millones impuesto por la Junta de Control Fiscal y avalado por el gobernador Ricardo Rosselló.
Entre los reclamos estudiantiles que se levantaron tras el decreto de huelga proclamado por el recinto riopedrense hace más de un mes, se encuentran: cero recortes al presupuesto de la UPR, cero aumentos en la matrícula, no disminución en las exenciones y la auditoría de la deuda pública de Puerto Rico que asciende a unos $70 mil millones.
Por otro lado, Jorge Rivera Velázquez, vicepresidente del Consejo General de Estudiantes, aclaró que actualmente la UPR no es elegible para la solicitud de beca Pell y otras ayudas económicas, pero que serán restituidas cuando se comiencen labores en el recinto.
Asimismo, el vicepresidente del cuerpo estudiantil recalcó que en cuanto a la acreditación de la Middle State Commission on Higher Education la misma se ve afecatada por la gobernanza y los recortes económicos a la institución educativa del Estado.
“Si hay un recorte que afecta la estabilidad financiera de la institución ellos rápidamente van a levantar bandera”, señaló mientras aclaró que la acreditación en el sistema universitario de la UPR se realiza por unidad y no a nivel sistémico como en el 2010.
“Cualquier recorte que afecte la estabilidad económica de la institución, pone en peligro la acreditación”, añadió Rivera Velázquez.
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