Luego de que la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko, cuestionara la viabilidad de las medidas propuestas en el plan fiscal de la Universidad de Puerto Rico (UPR) el viernes pasado, el ente impuesto por el Congreso de Estados Unidos otorgó dos semanas para que la institución entregue el documento.
A juicio de Jaresko, si la UPR pretende mantener un bajo costo de matrícula, deberá recortar más en el lado administrativo –incluso, contemplar la posibilidad de que se cierren entre cuatro y cinco unidades–.
Ante esto, el presidente de la Asociación de Profesores Puertorriqueños Universitarios (APPU), José Rivera Caballero, manifestó que las expresiones de Jaresko, en torno a que ni los aumentos propuestos al costo de estudio, ni los recortes de gastos son suficientes y que se debe considerar el cierre de hasta cinco unidades, “solo demuestran el poco conocimiento que tienen sobre la función y el impacto del sistema UPR en la Isla”.
En un comunicado, Rivera Caballero señaló que de acuerdo con el Centro de Información Censal de la UPR de Cayey, los recintos y unidades de la UPR han jugado un papel esencial en las economías de los municipios en donde se encuentran. Para febrero de 2017, en diez de los 15 municipios con mayor productividad económica en el país había un campus de la UPR.
El presidente de la APPU señaló que mientras el gobernador Ricardo Rosselló le exige a la UPR justificar su existencia, “nuestra asociación ha presentado evidencia contundente del impacto socioeconómico del sistema UPR, y de cómo el gobierno gasta cientos de millones de dólares en subvenciones a empresas que no tienen un impacto en la economía del país”.
“Es completamente irracional que se imponga una reducción de la inversión gubernamental en la UPR de más del 50%, cuando el gobierno puede ahorrar incluso una cantidad mayor sin afectar el desarrollo económico, ni el derecho a la educación en nuestro país”, acotó el profesor.
Por su parte, en un comunicado aparte, líderes estudiantiles no solo criticaron la postura de la JCF, sino también la elaboración del plan fiscal.
“El plan fiscal circulado durante la semana pasada por administración de la UPR es uno con muchas deficiencias y que claramente carece de análisis y de cómo se va a operacionalizar las implementaciones recomendadas”, puntualizó el presidente del Consejo General de Estudiantes (CGE) del Recinto de Río Piedras, Neftalí Sánchez Cordero.
Asimismo, Nancy R. Cardona Cordero, presidenta del CGE del Recinto de Ciencias Médicas, reconoció que los estudiantes no están ajenos a la situación económica del país. Sin embargo, consideró que el cierre de unidades limitará el acceso a la educación.
De acuerdo con el comunicado de la JCF, el plan de la UPR debe certificarse el 20 de abril.
En la propuesta criticada por Jaresko —y que fuera elaborada por el presidente interino de la UPR, Darrel Hillman— se proponía un aumento escalonado en el costo del crédito que llegaría hasta $140 a nivel subgraduado y hasta $200 a nivel graduado para el 2022. El primer aumento entraría en vigor en agosto de 2018.
En una entrevista previa con Diálogo, Hillman Barrera explicó que los estimados y proyecciones del plan fiscal revisado se hicieron a base de un matrícula de 50,000 estudiantes, de los cuales 40,000 pueden verse afectados por las disposiciones del documento frente a 10,000 exentos –incluyendo 2,000 hijos de veteranos–.
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