Una investigación de cuatro alumnas de la Escuela Graduada de Trabajo Social del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (RRP-UPR) destacó que los servicios que se les otorgan a las mujeres confinadas no están atemperados al siglo 21 ni a las necesidades que estas padecen.
La tesis de maestría Historia y vivencia de las mujeres confinadas en Puerto Rico. Construyendo su rehabilitación fue presentada recientemente por las estudiantes graduadas Érica A. Colón Ortega, Alondra Guzmán Rivera, Caribel A. Leyva Romero e Irmarie Morales Correa.
La investigación fue conducida por medio de un cuestionario que se le otorgó a 43 confinadas y en el que sobresalió que solo un 7% tenía estudios elementales, 28% intermedio, 21% cuarto año y 30% estudios post secundarios. En Puerto Rico actualmente solo existe una cárcel de mujeres, el Complejo de Rehabilitación para Mujeres de Bayamón, que cuenta con 86 confinadas en seguridad máxima, 90 en mediana y 42 en mínima, para un total de 218 reclusas.
Las estudiantes graduadas Érica A. Colón Ortega, Caribel A. Leyva Romero e Irmarie Morales Correa fueron las autoras de la investigación Historia y vivencia de las mujeres confinadas en Puerto Rico. (Suministrada)
Una de las fallas del sistema, según el estudio, es la falta de servicios de apoyo y personal capacitado para las necesidades particulares de cada una de las confinadas. “Si no estamos creando unos servicios profesionales adecuados, no estamos logrando que las confinadas sientan que los servicios son de apoyo para ellas, por lo tanto, no sienten una confianza en compartir sus situaciones”, explicó Leyva Romero, una de las universitarias que trabajó en la investigación.
La clave para las confinadas es la comunicación, y la queja en contra del sistema surge porque, al no tener personal capacitado, no hay conocimiento de lo que cada una necesita. Las entrevistadas resaltaron que el mal comportamiento, las faltas de respeto y las constantes querellas son una reacción ante la insatisfacción por los pésimos servicios. “Es una reacción y una frustración de parte de ellas que quieren y que desean transformar sus vidas al no tener los recursos necesarios según sus necesidades”, añadió la alumna de la UPR.
Diferencias entre los servicios que se les ofrecen a los hombres
Una funcionaria correcional, entrevistada de manera confidencial para propóistos de la investigación, aseguró que hay grandes diferencias entre los servicios que se les ofrecen a los hombres y a las mujeres del sistema correccional. Los servicios de apoyo no le otorgan el espacio a las confinadas de sentarse a dialogar las situaciones que le afectan día tras día, y el sistema tampoco les brinda el espacio para expresarse respecto a qué tipo de servicios se pueden ampliar para que mejoren.
Los servicios hacen falta, hace falta más personal, que haya más entereza, más compromiso de parte de la administración del Departamento de Corrección y Rehabilitación”, expresó.
Es importante denotar que el personal entrevistado para efectos de la investigación aseguró que si las mujeres confinadas gozarán del mismo beneficio de servicios que los hombres confinados estas tendrían mejoría.
La salud mental se agrava
Como parte de los hallazgos de las necesidades en el aspecto de salud mental, las confinadas verbalizaron que existe entre ellas una necesidad para atender enfermedades tales como bipolaridad, psicosis, depresión, ansiedad, esquizofrenia, desórdenes alimenticios y la automutilación.
Por otra parte, los profesionales de salud de la institución mencionaron que de un 80% a un 90% de las mujeres que ingresan a la cárcel en el proceso de admisión llegan con necesidades de salud mental como uso problemático de drogas y alcohol. Las confinadas señalaron que son muchas las que cuentan con diagnósticos duales, más de un diagnóstico de salud mental, y que solo un 5% de ellas presenta problemas con bebidas alcohólicas y otro 5% hace uso de drogas.
Un 30% de las encuestadas se identificó con enfermedades como bipolaridad, depresión, psicosis y esquizofrenia. Mientras que un 21.4% expresó tener ideaciones suicidas y no recibir ayuda profesional suficiente para atender este problema.
La investigación resaltó que dentro de los servicios no se otorgan seguimientos terapéuticos grupales, ya que la cárcel de Bayamón no cuenta con el espacio necesario. Tampoco hay una revisión y repartición adecuada de psicotrópicos. Por otro lado, las confinadas recibían en la cárcel de Vega Alta un tratamiento de desintoxicación para el manejo de la adicción, y, actualmente, no lo están recibiendo desde que se mudaron.
Las 42 entrevistadas aseguraron que el lugar de convivencia, los módulos, no responden a las necesidades particulares que tienen como mujeres confinadas con un diagnóstico de salud mental. Además, insistieron en que el personal correccional no está capacitado para intervenir con las confinadas que presentan algún diagnóstico y que al tratamiento ser voluntario, y no obligatorio, limita la rehabilitación social.
Las confinadas son sometidas a un proceso de evaluación a la hora de ingresar a la institución carcelaria y de estas presentar algún diagnóstico de uso y abuso de drogas y alcohol son enviadas inmediatamente al departamento de desintoxicación.
“Uno de los profesionales mencionaba que, una vez una confinada es ingresada a la institución carcelaria -pero en ese proceso de admisión no fue diagnosticada con algún trastorno de salud mental-, se le dificulta y se le hace inaccesible los servicios, una vez ya está dentro de la institución. Si no fue diagnosticada en admisión los servicios le son totalmente limitados”, recalcó Morales Correa.
En resumen, un 82.9% de las confinadas encuestadas dijo estar insatisfecha con el tratamiento que reciben para su condición de salud mental.
“Un 61% indicó no tener empleo antes de ingresar a la cárcel y un 35% sí tenía. Este dato en particular se repite, no tan solo en nuestra investigación sino también en lo que arrojó [un estudio de] la Comisión de Derechos Civiles en el 2009”, comentó Guzmán Rivera.
Entre los delitos que predominan entre las confinadas se destaca que el 23% está en prisión por ley de sustancias controladas, el 19% por ley de asesinatos y un 9% por apropiación ilegal.
Un denominador común entre las confinadas encuestadas fue la falta de redes de apoyo durante la niñez y en la formación familiar. “Las redes de apoyo no solamente fueron limitantes dentro de su contexto familiar sino que también hubo una carencia con lo que son los servicios sociales”, apuntó Guzmán Rivera.
La autora tiene un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicaciones del Recinto del Río Piedras de la UPR.
