La Coalición Pro Corredor Ecológico del Noreste (CEN) reclamó la intervención inmediata del Departamento de Justicia, tanto federal y estatal, para que investiguen supuestos actos de corrupción cometidos por varios exsenadores para evitar la protección del CEN. El alegado esquema ilegal surgió luego que el convicto exsenador Jorge De Castro Font aceptó que recibió dinero junto al expresidente del Senado, Kenneth McClintock, y el exsenador, Carlos Díaz, con el fin de impedir la aprobación de un proyecto de ley que hubiera designado el CEN como reserva natural en el año 2007.
“Exigimos, con todo respeto, acción inmediata del Agente Especial Carlos Cases, encargado de la División en San Juan del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), así como del licenciado César Miranda como secretario del Departamento de Justicia de Puerto Rico, para que inicien las investigaciones necesarias con el fin de confirmar las alegaciones hechas por el exsenador De Castro Font. En caso de que estas prueben ser correctas o ciertas, adjudicar las acciones legales correspondientes sobre todos los implicados en este alegado esquema de soborno, evitando así que continúe prevaleciendo el estado de impunidad que tanto deterioro ha traído a nuestra Isla,” expresó José M. Aponte Palou, quien recientemente fue electo como nuevo presidente de la Coalición.
Según las declaraciones hechas a la prensa por De Castro Font, el dinero fue otorgado por los proponentes de varios proyectos residenciales-turísticos en el CEN en momentos en que estaba el Proyecto de la Cámara de Representantes 2105 (P. de la C. 2105) ante la consideración del Senado. Entre los proyectos propuestos en ese entonces estaban el San Miguel Resort, impulsado por el licenciado Juan Ramón Zalduondo, que fue acusado el año pasado por la fiscalía federal por su participación en un esquema de lavado de dinero. El otro proyecto, el Dos Mares Resort, estaba siendo propuesto por los empresarios Luis Alberto Rubí, Efraín Kier y Mark Green.
Camilla Feibelman, quien se desempeñaba como coordinadora del capítulo local del Sierra Club en ese entonces y todavía es miembro y asesora de la Coalición, expresó que, “las acusaciones que el exsenador De Castro Font hizo durante el proceso legislativo, incluyendo llamar a los miembros de la Coalición ecoterroristas, fueron irresponsables y difamatorias con el fin de tratar de desviar la atención sobre los beneficios de proteger el Corredor y lograr su desarrollo ecoturístico. Sin embargo, recibimos con humildad y agradecimiento sus expresiones recientes de arrepentimiento y excusas hacia nosotros, por lo que lo exhortamos a que continúe su rehabilitación.”
El presidente de la Coalición recordó que finalizando la sesión legislativa de junio de 2007, el expresidente del Senado Kenneth McClintock declaró, en una acción sin precedentes, un receso durante las últimas dos horas, evitando que los senadores pudieran votar sobre la medida. El P. de la C. 2105 contaba con el endoso del resto de los senadores, excepto el de los tres implicados en el alegado esquema. La medida había sido aprobada de forma abrumadora en la Cámara de Representantes.
El exsenador Carlos Díaz, que en ese momento era presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Ambientales del Senado, enmendó posteriormente el proyecto de ley al incluir una disposiciones que impedían la implantación efectiva de la medida. Entre estas se destacaban la compra de terrenos, que ni tan siquiera se encontraban en el Corredor, así como que todos los terrenos privados debían ser comprados en apenas 18 meses o de lo contrario perdían su protección como reserva natural, aun cuando no se asignaban fondos para tal encomienda.
Ante tal situación, el entonces gobernador Aníbal Acevedo Vilá designó el CEN como reserva natural mediante la aprobación de una orden ejecutiva que en esencia adoptaba la versión original del proyecto de ley aprobado en la Cámara. Sin embargo, esta fue derogada posteriormente por el exgobernador Luis Fortuño. El CEN fue designado finalmente mediante ley como reserva natural tras la aprobación unánime de la Legislatura y el gobernador Alejandro García Padilla en abril de 2013.
