Un decenio de crisis en Puerto Rico ha desencadenado en una serie de efectos culturales, económicos y lingüísticos. Hemos visto cómo se ha desarrollado un nuevo vocabulario que supedita nuestro tradicional léxico político, el devenir de una colonia maltrecha, el empobrecimiento de cientos de miles y el desgaste de los dos principales partidos políticos, cuya hegemonía se desvanece aceleradamente.
En ese decenio también se han desarrollado exigencias y demandas sociales dirigidas, sobre todo, a ser reconocidas o asimiladas por los reducidos poderes institucionales del Estado Libre Asociado, con el fin de prender la mecha del “éxodo” que nos expulse de la decadente espiral que representa la crisis. Una de ellas lo ha sido la demanda para la auditoría de la deuda.
Esta demanda ha penetrado en el sentido común de amplios sectores en la sociedad civil puertorriqueña. No debe dudarse: una auditoría es deseable y necesaria para comenzar a vislumbrar el “éxodo”. Al insertar la idea de “éxodo” —expulsión; salida; procesión fuera del marco biopolítico de la crisis— conjuntamente con la demanda de la auditoría, se apela a una dimensión política que en el desarrollo mismo de esta demanda ha quedado chueca o incompleta.
Precisamente por la ausencia de la dimensión política de la demanda se reproduce como metarrelato el valor economicista, instrumental y el utilitarismo jurídico en los reclamos por la auditoría. El problema consiste en que el relato economicista y utilitario no admite grietas, de manera que otras alternativas son descartadas como imposibilidades que no atañen a la “realidad objetiva” de lo posible.
Para ponerlo de otro modo, la demanda por la auditoría de la deuda, al verse despolitizada, no puede superar el marco de referencia que la misma crisis neoliberal impone. Se trata de una pesadilla encerrada en sí misma cuando, desde el universo economicista, se intentan buscar alternativas a las políticas de austeridad que amenazan con causar una verdadera crisis humanitaria. Se trata, pues, de una realidad pesada y compleja que no puede ser leída bajos los postulados tradicionales de la economía moderna.
En términos paradigmáticos, la economía capitalista contemporánea opera bajo el umbral inmaterial de las finanzas, dejando en segundo plano el paradigma económico industrial. La relación de poder que sostiene la economía capitalista contemporánea ya no se limita (1) al escenario de explotación y privación del trabajador —y de lo que produce en el empleo de su fuerza de trabajo, convertida en mercancía— ni (2) a la creación de plusvalía a partir de la relación anterior.
El que esto sea así hoy día responde al hecho de que los mecanismos de explotación, bajo el paradigma biopolítico de las finanzas, se hayan democratizado y socializado: mecanismos más complejos e íntimos que aluden a la “sociedad de control” de la que hablaban Foucault y Deleuze. Así, el análisis economicista para pensar la crisis y sus salidas no es suficiente, e incluso sostiene el discurso —enunciados, lenguaje, símbolos— que produce y reproduce la idea de la “no alternativa” frente a los (des)ajustes y políticas de desposesión empleadas bajo la razón neoliberal.
Aquí, entonces, el valor político de la auditoría: la deuda es el dispositivo que aceita y posibilita esos mecanismos financieros de dominación sobre la vida. La deuda-hipotecaria, la deuda soberana, la deuda-crediticia, la deuda-estudiantil, todas las demás deudas que inciden en nuestro vivir condicionan y limitan las posibilidades del Bios —del sujeto emancipado— y, finalmente, de la emergencia de lo común.
Habrá que insistir: la economía es política. Ello implica que hay toda una dimensión subjetiva-simbólica que la constituye. Significa también que en el estado actual de cosas cualquier estrategia-acción de “éxodo” tendrá que abordar necesariamente la cuestión del sujeto y la subjetividad.
No nos engañemos: a través del “estado de emergencia académica” declarado por el movimiento estudiantil universitario y los nuevos espacios de colaboración y solidaridad de docentes autoconvocados(as), se va atendiendo esa dimensión política. De eso se tratan los denominados plenos del movimiento estudiantil y otras experiencias autónomas, como la de los Profesorxs Autoconvocadxs en Resistencia Solidaria (PAReS), que actualmente se erigen como importantes espacios de subjetivación política.
Sin embargo, la presión mediática siempre nos impone un tiempo, siempre se nos requiere de “propuestas” que superen nuestro rechazo a los recortes que “manda-mandando” la Junta de Control Fiscal. A ese tiempo ajeno que se nos impone desde el poder de arriba (gubernamental, mediático, financiero y guaynabito) tendremos que gritarle: ¡Nosotros(as) somos la propuesta! ¡Nuestro hacer autónomo agrieta el sistema! ¡Nuestro hacer radicalmente democrático es la propuesta!
La demanda despolitizada generada alrededor de la auditoría de la deuda parece ser un síntoma directo de la razón economicista pues se ve obligada —parafraseando a Jorge Alemán— a pasar por el lenguaje del “poder de los de arriba” para que la misma sea satisfecha o no. Sin embargo, no hay que abandonar la demanda: habrá, en cambio, que activar su lado simbólico y político mientras superamos la mera postura instrumental y el utilitarismo jurídico que la motiva.
Habrá que potenciar su “equivalencia” con otras demandas e insertar en su dimensión política la olvidada idea de la demokratia (entendida esta desde una óptica spinozista —no liberal— en la que reconozcamos la capacidad viva del “poder-hacer” de la Multitud). Porque en el fondo, como han repetido hasta la saciedad esos(as) dignos(as) encapuchados(as) del sur mexicano, ese es el problema.
