Juan Pablo Bohoslavsky denunció la falta de respuesta del gobierno de Estados Unidos respecto a la situación de la deuda de Puerto Rico y en entrevista con el Centro de Periodismo Investigativo, enfatizó la importancia de que se haga una auditoría de la deuda y que no se implanten nuevos recortes ni medidas de austeridad cuyos efectos se verían en los sectores más vulnerables.
“Puerto Rico no puede permitirse más austeridad”, según Juan Pablo Bohoslavsky, experto independiente de las Naciones Unidas sobre los efectos de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales, quien divulgó este lunes una declaración donde advierte que las medidas que se tomen para solucionar la crisis económica y financiera de Puerto Rico no deben ir en contra de los derechos humanos.
“Las medidas de austeridad implementadas en Puerto Rico han incluido aumentos de impuestos, congelamiento de salarios, suspensión de los convenios colectivos y una reducción de más del 27% del empleo público desde 2008. Estas medidas han profundizado la recesión económica, causado un mayor desempleo, acelerado la migración de la isla y reducido la captación de impuestos”, afirmó Bohoslavsky.
Las expresiones de Bohoslavsky se dan en el contexto del inicio de una nueva administración de gobierno, la de Ricardo Rosselló, que ha promulgado órdenes ejecutivas para cortar presupuesto de agencias públicas tal y como lo hizo la administración anterior, y de una Junta de Control Fiscal impuesta el pasado año por el gobierno federal al territorio de Puerto Rico.
El experto manifestó su preocupación sobre las propuestas de la Junta de Control Fiscal para reducir los estándares laborales, incluyendo leyes relacionadas con la indemnización por despido, horarios flexibles, la retención de empleados, días de vacaciones y pensiones de empleados públicos. También le preocupa que la Junta de Control Fiscal considere que la consolidación fiscal requiere más recortes sustanciales en educación y salud.
“Este tipo de reformas, en muchas instancias, no han resultado en un aumento de empleos o en crecimiento económico, sino en socavar los derechos de los trabajadores y aumentar el número de personas empleadas en trabajos mal pagados e inseguros”, sostuvo Bohoslavsky, quien anticipó que el experto independiente de la ONU en temas laborales presentará un informe temático sobre los derechos laborales, en el contexto de las políticas de ajuste estructural en el próximo período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en marzo de este año.
El experto criticó las prácticas de la Junta de Control Fiscal que hasta el momento se ha limitado a recibir recomendaciones por correo electrónico y ha evadido la participación en las reuniones y no han divulgado documentos sobre sus conflictos éticos, sus deliberaciones, decisiones y contrataciones. “Es absolutamente necesario que la población afectada no sólo sea consultada, sino que el ciudadano pueda decidir, a través de procedimientos democráticos, sobre las reformas económicas importantes que afecten su futuro. El derecho a la participación en los asuntos públicos es un derecho humano fundamental que no debe ser socavado por los órganos tecnocráticos de toma de decisiones, que no están sujetos a control y rendición de cuentas a quienes más se ven afectados por sus decisiones. Esto hace aún más importante asegurar que los miembros de la Junta de Control Fiscal sean totalmente independientes y no incurran en ningún conflicto de intereses”, destacó Bohoslavsky.
Bohoslavsky declaró además que el objetivo de la Junta de Control Fiscal “debe ser llevar la deuda pública de Puerto Rico a niveles que no sólo sean financieramente, sino también socialmente sostenibles. La Junta debe velar porque los derechos económicos, sociales y culturales no se vean socavados al dar prioridad absoluta a los derechos de los acreedores e imponer una austeridad excesiva”.
El experto considera que es necesario que se complete una “auditoría exhaustiva” sobre la deuda del gobierno de Puerto Rico. “Si bien la legislatura estableció una Comisión para auditar la deuda pública de Puerto Rico en julio de 2015, esta Comisión ha tenido que luchar para llevar a cabo su labor sin que se le asignen los fondos necesarios”, observó Bohoslavsky.
En el informe destaca que le preocupa el deterioro del sistema público de salud, que no solo está luchando para absorber los recortes de presupuesto, sino que también enfrenta una migración de médicos sin precedentes. Considera además que la crisis ha puesto de relieve las políticas discriminatorias que afectan a las personas con discapacidad, y señala que las necesidades básicas de alimentación adecuada no están siendo económicamente accesibles para muchos ciudadanos, especialmente la población infantil.
Centro de Periodismo Investigativo (CPI): Sus expresiones indican que la Junta debe asegurarse de que los derechos económicos, sociales y culturales no sean afectados por darle prioridad absoluta a los derechos de los acreedores e imponer austeridad excesiva. ¿Cuáles son grados aceptables de austeridad y cómo se determinan?
Juan Pablo Bohoslavsky: Existen estándares internacionales que restringen las posibilidades de implementar medidas de austeridad y consolidación fiscal. Tal como lo ha señalado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, las medidas regresivas sólo se encuentran justificadas si son inevitables (es decir, deben explorarse antes otras alternativas menos dañinas para los derechos humanos, como reformas impositivas, por ejemplo), necesarias y proporcionales al objetivo buscado. Deben durar el plazo estrictamente necesario, no deben resultar en discriminación, los grupos más vulnerables no deben ser desproporcionadamente afectados y nunca, bajo ninguna circunstancia, deben afectar los derechos humanos fundamentales.
CPI: Usted también dice que la población en Puerto Rico no debe mantenerse rehén del patrón irresponsable del pasado de pedir prestado y dar préstamos. En su análisis, ¿cuáles actos irresponsables en específico pudo observar sobre el proceso de endeudamiento de Puerto Rico?
Una visita a la isla me permitiría contestar esta pregunta con cierto nivel de detalle. Pero la reconstrucción de la historia financiera de Puerto Rico, a la luz de los niveles de deuda y capacidad de reembolso actuales, habla de al menos imprudencia por parte de los acreedores y del deudor; de allí la necesidad de pensar el problema y, sobre todo la solución, desde el principio de co-responsabilidad y coparticipación de las pérdidas.
CPI: Usted declara que “los acreedores, incluyendo a los fondos de cobertura, también deben recibir su parte justa” (de la deuda). Según la experiencia de otros países manejando deuda, ¿Cuál sería la partida justa para los fondos de cobertura, cómo se debe determinar?
Es muy difícil decirlo sin tener un completo conocimiento actualizado de todos los indicadores. La reducción de la deuda varía según el país. En algunos ha sido menor, en otros casi total. Lo importante es que permita al deudor ponerse nuevamente de pie y comenzar a crecer mientras se salvaguardan los derechos económicos y sociales de su población. Esto requiere de un estudio riguroso y de amplia participación social.
CPI: ¿Cuán lejos es capaz o está dispuesta a llegar la ONU para conseguir respuestas y acciones afirmativas de parte de la Junta de Control Fiscal?
No puedo hablar en representación de la ONU sino sólo del mandato que ejerzo en el Consejo de Derechos Humanos. Como primera medida aspiro a trabajar de manera cooperativa con los actores con poder de decisión en la cuestión de la deuda en Puerto Rico de manera que los problemas económicos se puedan solucionar sin que ello implique condenar a miles de personas a la pobreza y marginación.
CPI: ¿Quién es responsable de que usted pueda hacer su visita a Puerto Rico?
He pedido a los Estados Unidos la autorización para visitar la isla.
Bohoslavsky solicitó al gobierno de Estados Unidos desde mayo de 2016 una invitación oficial para que se le permita llegar a Puerto Rico para llevar a cabo una investigación sobre la situación de la isla, pero no ha tenido respuesta.
Indicó que en septiembre de 2016, junto con otros expertos de derechos humanos de las Naciones Unidas que abarcan los derechos a la alimentación, la salud y la vivienda, plantearon varias preocupaciones en una carta sobre la situación en Puerto Rico, las cuales fueron respondidas brevemente por el gobierno de los Estados Unidos el 19 de octubre de 2016, pero la respuesta no fue satisfactoria y no ha recibido más información. “Espero con interés recibir respuestas sustantivas a nuestras preguntas de las autoridades competentes de Washington DC y San Juan y de la Junta de Control Fiscal. Como las cuestiones planteadas en nuestra carta siguen siendo motivo de preocupación, y un nuevo plan fiscal debe aprobarse antes de que finalice este mes, he decidido hacer públicas mis preocupaciones”, enfatizó Bohoslavsky en su declaración.
La declaración del experto independiente fue respaldada por Leilani Farha, Relatora Especial sobre la vivienda adecuada, Catalina Devandas Aguilar, Relatora Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad, Dainius Pūras, Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, e Hilal Elver, Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación.
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