Una las disposiciones de la Ley Promesa incluye la posibilidad de una disminución de tres dólares al salario mínimo, que aplicaría exclusivamente a jóvenes menores de 25 años; y sobre este particular se expresaron algunos expertos en derecho laboral.
El panel, titulado “Promesa $4.25”, se dio en el marco de la celebración de la “Pro Bono Week” en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras (UPRRP) el pasado lunes.
El proyecto de Ley Promesa (por sus siglas en inglés) fue aprobado por el Congreso de Estados Unidos el pasado junio. Entre los aspectos más controversiales de esta medida destacan la imposición de una junta de control fiscal y, según lo establecido en la sección 403 de esta ley, se deja una ventana abierta para que el gobernador de Puerto Rico decida si disminuirá el salario mínimo de $7.25 la hora a $4.25 a jóvenes menores de 25.
Alejandro Torres Rivera, presidente del Colegio de Abogados de Puerto Rico, hizo un breve recuento histórico desde la década de 1980 hasta el presente, en el que mencionó algunos ejemplos de gobiernos donde se promovía la adopción de las políticas de agencias privadas.
De igual forma, señaló a aquellos que legislaron en contra de las reformas y beneficios laborales. Entre ellos, destacó que bajo la administración de Pedro Rosselló, el entonces secretario de Desarrollo Económico, Luis Fortuño, dirigió un proceso de contrarreforma laboral durante los años 1997 y 1998.
A través de esas contrarreformas laborales se eliminaron muchos de los derechos que tenían los trabajadores en la isla. Por ejemplo, la eliminación de la estructura de los decretos mandatorios, hubo cambios en las licencias de vacaciones y enfermedad y, mediante la Ley 180 del 27 de julio de 1998, se estableció que el salario mínimo en Puerto Rico sería equivalente al salario mínimo federal.
Ahora bien, una década más tarde, con Luis Fortuño como gobernador, se implementa la Ley 7, “donde viene el ataque directo contra el sector que componía los empleados públicos. [Se dan] los despidos, las reducciones de beneficios y el desmantelamiento de conquistas alcanzadas a través de los procesos de negociación colectiva”, puntualizó Torres Rivera.
El presidente del Colegio de Abogados culminó su breve cronología comentando que la Ley 66 de Sostenibilidad Fiscal y Operacional, aprobada bajo la administración de Alejandro García Padilla, “no es otra cosa que la fase tres de la Ley 7 del exgobernador Fortuño. Lo único que aplicada a las corporaciones públicas y al gobierno”.
Describió, a su vez, la Ley Promesa como un escalón adicional en este largo proceso de desmantelamiento de los derechos de la clase trabajadora. Torres Rivera aseguró que lo que plantea la mencionada ley de disminuir el salario mínimo a $4.25 para jóvenes menores de 25 años “es algo que ya está escrito en papel desde hace más de 20 años en este país como propuesta”.
“Les invito a que no nos confundamos en perspectivas. El hecho de que se diga que es un empleo de 90 días no quiere decir que eso no se convierta en una cadena larga para todos los jóvenes del país. Porque lo que van a tener ustedes como resultado de esa disposición son empleos precarios de 90 días, donde [luego de ese periodo de tiempo] van a quedar en la calle”, sostuvo el abogado. Y añadió “eso de que va a ser un mecanismo para incentivar la productividad o un mecanismo para atraerlos a ustedes al mercado de empleo… es una cortina de humo”.
Asimismo, el abogado adjudicó la baja participación en la fuerza laboral del país a que la economía no es productiva, ya que se articula a base de las necesidades de otras economías y no de las necesidades propias.
“Insertarse en un mercado de empleo donde el $7.25 se reduzca a $4.25, yo creo que es una afrenta que el Estado le está planteando a ustedes y yo creo que eso hay que responderlo con una política de resistencia”, sentenció Torres Rivera.
Por su parte, el abogado y contador público autorizado, Kenneth Rivera Robles, discutió la dimensión económica de esta medida.
Aunque aclaró que está en contra de la disminución al salario mínimo y a la Ley Promesa, destacó la magnitud de la deuda de Puerto Rico y la urgencia que existe de crear medidas que permitan pagarla.
Según Rivera Robles, en los próximos diez años, la isla contará con un presupuesto de $172 billones, no obstante, los gastos que tiene –sin contar la deuda- ascienden a $196 billones. Al sumarle la deuda, que son $35 billones, el déficit aumenta de $24 billones a $60 billones.
Actualmente, en el Plan Fiscal que presentaron al gobierno federal hace unas semanas, se establece que ya identificaron de dónde obtendrán $19 de esos $60 billones, pero quedarían $41 billones de déficit todavía, explicó el también Tesorero de la Cámara de Comercio de Puerto Rico.
En cuanto a la disminución del salario mínimo, se limitó a decir que “es una propuesta que tiene que avalar el gobernador… y hasta ahora, por lo menos, las señales que se han indicado por los candidatos a la gobernación es que ninguno está de acuerdo con la propuesta. O sea, que me gustaría pensar que esta propuesta no es de las que va a echar hacia adelante”.
“Claro, ninguno lo va a decir porque están en [periodo] de elecciones”, comentó el panelista Pedro Busó García, sobre este particular y desató carcajadas de los jóvenes que, en su mayoría, componían el público.
El abogado Busó García, comentó que “cuando uno analiza qué es Promesa, es una ley que básicamente revoca la opinión de todas las personas que están en este salón… [y] es algo que la gente todavía no se da cuenta del efecto que tiene, que es que simple y sencillamente hay un grupo de siete personas que están diciendo cómo se administra este país y ninguno de ellos fue escogido por nosotros”.
Por otra parte, previo al panel de expertos, se realizó un debate novel entre algunos estudiantes de derecho de primer, segundo y tercer año sobre la medida antes mencionada. El propósito es que los estudiantes se expongan a este tipo de actividades y adquieran experiencia debatiendo ideales que no necesariamente son los suyos.
Estudiantes de la Escuela de Derecho expusieron sus argumentos a favor y en contra de la medida de reducción del salario mínimo en un debate novel.
La bancada de la oposición a la reducción del salario estuvo representada por Juan Daniel Colberg, Álvaro Morales Butler y Rodolfo Chacón Chaluisán. Mientras, la bancada de gobierno fue representada por Ángel Torres, Manuel Antonio Martín y Alfredo Cintrón.
Los moderadores y organizadores fueron los estudiantes María R. Rodríguez Espada, portavoz de la organización Pro Bono y José M. Auffant Cintrón.
