De acuerdo con la Oficina de Información sobre Políticas de la Administración Federal de Carreteras (FHWA, por sus siglas en inglés), para el 2012 el archipiélago borincano contaba con alrededor de 16,691 millas de carreteras. Es decir, con más millas de carretera que estados como New Hampshire (16,076) y Vermont (14,290), cuyos territorios sobrepasan el tamaño de Puerto Rico.
Sin embargo, tal parece que para el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares esa realidad no es suficiente, pues en sus planes, y bajo la estrategia de revitalización contenida en la Ley Promesa, se contempla construir más carreteras en territorios vírgenes de gran valor natural para la vida, como por ejemplo, la extensión del expreso PR-22 de Hatillo a Aguadilla en la zona del karso norteño.
Río Tanamá en la zona del karso, en Arecibo. (Ricardo Alcaraz / Diálogo)
En esa línea, la propuesta se da a pesar de que hace más de 40 años el Plan Regulador de Uso de Terrenos de 1973 resaltó la problemática que produce la expansión urbana en esta área. Según el documento público, la construcción en dicho territorio —que cuenta con cuencas hidrográficas de un valor incalculable— ha contribuido históricamente a el aumento de riesgo de inundaciones, la pérdida de propiedades, así como en la disminución del almacenaje de agua natural en los depósitos costeros o en los acuíferos que son utilizados para la agricultura y para suplir la demanda de agua potable en las zonas urbanas.
No obstante, de acuerdo con la administración gubernamental, hay que buscar la forma de incrementar la inversión en construcción pública y privada para superar la crisis económica, dado que Puerto Rico ha experimentado una caída de inversión en construcción de más de 50% y, según el Doing Business del Banco Mundial, está clasificado en la posición 130 de 190 en otorgación de permisos. Eso, para el gobierno de turno, es una preocupación y una razón de peso para impactar el karso, aunque eso represente un riesgo mayúsculo para el ambiente y las especies endémicas, como el sapo concho y el pájaro bobo mayor.
Abel Vale Nieves, quien lidera la organización de Ciudadanos del Karso, indicó que la puesta en marcha de la extensión de la PR-22 no representa otra cosa que un atentado más contra el bienestar colectivo y la salud ambiental de Puerto Rico. Para él, el sacrificio del ambiente no puede ser una justificación para mejorar las condiciones urbanas, pues lo que se pone en juego es la naturaleza, sus recursos y la vida misma. Incluso, señaló que la extensión vial de Hatillo a Aguadilla es una locura.
“Si todo el mundo está tratando de alejarse de los combustibles fósiles, ¿cómo es posible que la mejor alternativa a largo plazo en la planificación es hacer más carreteras? A nosotros siempre se nos ha dicho que ‘a más carreteras más progreso en el país’ y Puerto Rico tiene más carreteras por milla cuadrada que el 98% de las naciones en el mundo. Entonces, ¿dónde está el progreso en este país? Que no me vengan más con ese paquete”, afirmó Vale.
El líder también destacó que en Puerto Rico los intentos por sostener esa filosofía de infraestructura han sido incapaces e irresponsables, dado que en muchos casos se ha incumplido con el mantenimiento que requieren las estructuras y terminan haciendo de la sociedad puertorriqueña una más dependiente del petróleo.
Igualmente, el ambientalista aprovechó para denunciar el hecho de que en el karso también se pretende poner en marcha el proyecto del incinerador en Arecibo, el cual sobrepasa los $400 millones en inversión.
“Aquí hablan de cientos de millones de dólares y la gente se pone a fantasear. ¿Cuántos megaproyectos no se hicieron bajo Pedro Rosselló? El Choliseo, el Centro de Convenciones, el Súper Acueducto. Se empezó hasta el Tren Urbano [cuando en 1993 la Administración Federal de Tránsito de Estados Unidos aprobó el financiamiento] ¿Y qué pasó? Todo eso nos condujo al precipicio fiscal en el que nos encontramos. Nos vendieron el fracaso de hoy como progreso”, sostuvo Vale, mientras acompañaba a Diálogo en un recorrido por la zona kárstica que, bajo Promesa y la Junta de Control FIscal, están en jaque.
Abel Vale Nieves es portavoz y líder ambiental en la organización Ciudadanos del Karso. (Osvaldo Cortés / Diálogo)
Para Vale, cuando hablamos de este tipo de proyecto de infraestructura, como la extensión de la PR-22, “nos referimos a una intención por fraccionar el hábitat”, por lo que hay que hacer una distinción importante.
“Esto no se trata de iniciativas para el desarrollo económico de Puerto Rico, sino de proyectos que tienen como fin contribuir al crecimiento económico. Cuando se habla de desarrollo económico, hablamos de menos desigualdad. Y esa desigualdad involucra al ambiente, involucra a los seres humanos y a la vida”, dijo.
“A mí siempre me ha llamado la atención que el presidente de la Asociación de Industriales decía que ellos se han basado en lo que dice Promesa y en el Plan de Uso de Terrenos, porque, interesantemente, la Ley Promesa dice que si un proyecto está en violación del plan, pues no se puede considerar como un proyecto de emergencia”, añadió el ambientalista, al tiempo que explicó que el problema es que el gobierno actual debilita el Plan de Uso de Terrenos mediante la Reforma de Permisos aprobada y firmada por el gobernador esta semana.
Según Vale, lo que se pretende es cambiar el Plan de Uso de Terrenos, alterarlo. Aseguró que el pueblo tiene que estar atento para ir rápidamente a los tribunales, “porque irónicamente se estaría bajo violación de Promesa. Esa es la locura a la que hemos llegado. Tenemos que usar la ley federal para proteger la ley local”.
A preguntas de este medio sobre la aportación positiva del sector industrial en estos procesos de crisis donde está en juego el patrimonio ambiental nacional, el ambientalista indicó que el récord histórico es claro.
“El sector industrial no ha aportado a la defensa y al compromiso de defender el ambiente. Pero hay que reconocer que ahora hay muchas cosas que no se conocían antes. Dentro de eso uno tendría que decir que sí, se hicieron cosas negativas, pero igual que se desconocían los efectos que causarían aquellas prácticas a largo plazo”, comentó. Añadió que ante eso, hay que cuestionarse hoy día si es viable permitir que se continúen cometiendo los mismos errores que ya se han cometido. En otras palabras, que hay que evitar la otorgación de permisos de forma irresponsable.
La zona del karso contribuye al enriquecimiento de la biodiversidad nacional. (Osvaldo Cortés / Diálogo)
“Cuando se impacta la zona del karso, se altera el patrón hidrológico. Y al alterar el patrón hidrológico —por ejemplo, cuando se destruye parte de un sumidero— provocas que más agua llegue a ese sumidero y muchas veces se crean inundaciones o se crea una tasa de disolución mucho más rápida y empiezan a haber hundimientos aguas abajo. Eso pasó en Manatí. Hubo unos hundimientos en la tierra”, recordó.
El experto explicó que el tema de los sumideros es complicado, pues según dijo, en muchos proyectos de construcción —similares al de la extensión de la PR-22— la tradición es tapar sumideros sin tomar en cuenta que, con el pasar del tiempo, el suelo termina hundiéndose.
Por otra parte, el planificador José Rivera Santana aprovechó para aclarar que aunque todavía no se han definido de forma oficial los “proyectos críticos”, la PR-22 está contemplada. Según Rivera Santana, la Ley Promesa habla de proyectos de infraestructura y, en ese sentido, la extensión del expreso caería bajo la definición contenida en la ley federal.
Igualmente, Rivera Santana planteó que esta iniciativa traerá consigo otros impactos económicos, porque afectará áreas dedicadas a la ganadería, que dentro de la agricultura es el sector que más aporta. Pero lo más importante para el planificador es que este proyecto no es necesario, porque más allá de ser un impacto a la naturaleza, es un costo ambiental.
“Yo siempre uso de ejemplo el caso de la Baldorioty de Castro. Hace como 30 años había un proyecto para construir un expreso paralelo a la Baldorioty, que iba a ser sobre las áreas de mangle de todo el ecosistema que compone la Laguna San José. Y se desistió porque básicamente las reglamentaciones ambientales se pusieron más exigentes, incluyendo las federales, y la mitigación no lo permitía. ¿Y qué hizo el gobierno? Pues convirtió la Baldorioty en un expreso”, recordó.
“Eliminaron los semáforos, las intercepciones, hizo mejoras geométricas y se logró el mismo propósito. Hoy tenemos el mangle allí, produciéndole servicios a la comunidad, produciendo oxígeno, contribuyendo a la biodiversidad, enriqueciéndola, mejorando todo los ecosistemas ambientales del área. Y en ese sentido, sirviendo un beneficio incalculable a la sociedad”, añadió.
Finalmente, Rivera Santana sentenció que el modelo desarrollista que persiguen los intereses económicos detrás de la extensión de la PR-22 ya está probado en Puerto Rico. Para el experto, ese modelo encamina al país a la continuación de la crisis económica y, para él, esa realidad es un contrasentido.
“El contrasentido de todo esto, lo loco de toda esta discusión, es que en la política pública se ha ido aprobando la visión correcta, sin embargo se implanta la visión incorrecta. Es decir, prevalece la presión y los intereses de los sectores económicos que se benefician de la ‘desplanificación’ del país”, puntualizó.
En primera instancia, la extensión del expreso PR-22 se pensó como una vía que incluiría peaje, dentro de un corredor de estudio a campo traviesa, que desde la PR-22 en Hatillo discurriría por los municipios de Camuy, Quebradillas, Isabela y Moca, hasta Aguadilla. Es decir, una ruta de una longitud aproximada de 46 kilómetros.
Sin embargo, todavía quedan en el aire los detalles finales del proyecto que, al día de hoy, espera por inversión de capital. No obstante, están los planos y toda la logística de planificación.
O sea, de aparecer algún inversionista dispuesto a hacer una autopista por medio de una APP, como se hizo con el puente Teodoro Moscoso, la construcción de la PR-22 caería dentro de los renglones que la Ley Promesa establece como “proyecto crítico”.
Este reportaje es parte de la serie especial Diálogo Verde 2017, en la que se analiza el impacto de la ley federal Promesa en el medio ambiente puertorriqueño.
Sigue aquí la serie especial:
1. Empeñado nuestro patrimonio natural bajo Promesa
2. A merced de Promesa las reservas naturales y terrenos agrícolas
3. ¿La antesala de Promesa? Venden y destruyen terrenos protegidos
4. Amenazada la supervivencia de los puertorriqueños por Promesa
5. JCF: Incertidumbre ecológica, esqueletos sin transparencia y poemas de conspiración (1ra. parte)
6. JCF: Incertidumbre ecológica, esqueletos sin transparencia y poemas de conspiración (2ra. parte)
7. “Proyectos críticos”: crecimiento económico cueste lo que cueste
8. JCF: Incertidumbre ecológica, esqueletos sin transparencia y poemas de conspiración (3ra. parte)
9. A la expectativa los residentes del Caño Martín Peña
10. Extensión de la PR-22 y el cuento del fracaso como progreso
11. Aguirre Offshore Gas Port, ¿un proyecto esencial?
12. Luquillo y el “desarrollo integral” bajo Promesa
13. Nuevamente en peligro el Corredor Ecológico
14. Los bonos y la naturaleza: en riesgo los recursos más vulnerables
15. Urge la defensa de la zona kárstica ante Promesa
16. Vulnerables las tierras agrícolas bajo Promesa (Parte I)
