Por Emilio Godoy
Carlos Trujillo sigue sin rendirse después de años de recorrer sin desmayo hospitales, morgues, prisiones, cementerios y fosas clandestinas de México, en búsqueda de sus cuatro hermanos desaparecidos.
Este comerciante no ha dejado pista sin indagar ni piedra que levantar desde que sus hermanos Jesús, Raúl, Luís y Gustavo Trujillo se esfumaron, los dos primeros el 28 de agosto de 2008 en el estado de Guerrero, y los otros dos el 22 de septiembre de 2010 en una carretera que une los estados de Puebla y Veracruz, todos en el sur del país.
“El caso no ha avanzado, se le asignaron a cuatro agentes, pero aún no hay nada concreto, así que yo sigo y seguiré hasta encontrarlos”, afirmó Trujillo a IPS.
Junto a otros familiares de desaparecidos, Trujillo fundó el 18 de este mes la organización Familiares en Búsqueda de María Herrera, el nombre de su madre, en uno de los crecientes esfuerzos de los atormentados parientes de desaparecidos por institucionalizar las investigaciones que acometen por su cuenta.
“Queremos crear una red de organizaciones de familiares de víctimas. Una de las prioridades es fortalecer los enlaces para tener claridad de los procesos de búsqueda, compartir herramientas. La finalidad es que las propias familias lleven los procesos”, explicó el activista.
La organización investiga la desaparición forzada de 18 personas y sus miembros ya localizaron seis personas vivas, en los últimos dos años.
Con determinación y valentía, los familiares recorren morgues, estaciones de policía, prisiones, juzgados, cementerios y fosas clandestinas con el ansia de hallar a sus familiares desaparecidos, o alguna pista que los acerque a ello.
La simiente de esas organizaciones brotó con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que en 2011 aglutinó a afectados por la violencia y recorrió el país e incluso parte de Estados Unidos, para denunciar también la política antidrogas de ese país.
El fenómeno de la desaparición forzada explotó desde que el gobierno del conservador Felipe Calderón (2006-2012) declaró la “guerra contra el narcotráfico”, en una situación que su sucesor, el también conservador Enrique Peña Nieto, no ha resuelto y que se ha convertido en una de la peores tragedias latinoamericanas en la historia reciente.
Pero solo adquirió notoriedad internacional a raíz de la desaparición de 43 estudiantes de magisterio de Ayotzinapa, que destapó un coctel de complicidad y corrupción de la policía y el alcalde del municipio de Iguala con la violenta mafia del tráfico de drogas que opera en Guerrero.
Cuando se cumplen este jueves 26 cinco meses de su desaparición, los familiares mantienen una incesante actividad para que los estudiantes aparezcan, pese a que la Procuraduría (fiscalía) General de la República concluyó hace un mes que fue una masacre colectiva.
La crisis humanitaria llevó al Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas a demandar el 13 de este mes a México que legisle, registre, investigue, repare y brinde justicia a las víctimas de este delito.
La Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad ha informado que en este país de 120 millones de habitantes, hay registradas 23.271 personas desaparecidas, extraviadas o no localizadas entre 2007 y octubre de 2014, en un dato que no determina el número de aquellas forzadas. Organizaciones humanitarias delimitan esa cifra en 22.600 en ese periodo.
La mayoría de desapariciones forzadas se atribuyen a carteles del narcotráfico, que pugnan por las rutas de distribución hacia el lucrativo mercado estadounidense, en algunos casos con participación de policías locales o nacionales. Las víctimas son mayoritariamente hombres entre 20 y 36 años, sin un perfil socioeconómico único.
“Cada uno empezó con su caso particular. No entendíamos qué era la desaparición, tuvimos que capacitarnos, no sabíamos que teníamos derecho a exigir. La búsqueda empezó con deficiencias, nadie sabía trabajar en colectivo, fuimos diseñando todo”, relató a IPS la madre de un desaparecido, Diana García.
Su hijo, Daniel Cantú, desapareció desde el 21 de febrero de 2007 en la ciudad de Ramos Arizpe, en el norteño estado de Coahuila.
García, madre de otros dos hijos e integrante de la agrupación Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, está convencida de que solo en forma colectiva se puede presionar al gobierno para que busque a sus familiares.
Con el apoyo del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, un grupo de familiares se unieron y fundaron Fuerzas Unidas en 2009, que busca a un total de 344 personas.
Además, la organización logró la Ley local para la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas, vigente desde mayo de 2014, y la tipificación de ese ilícito en su estado.
El drama de los desaparecidos ha llevado al florecimiento de otras organizaciones de apoyo, tal como Ciencia Forense Ciudadana, surgida en septiembre para crear una base de datos forense y un biobanco de datos de ADN.
La iniciativa “apunta a una búsqueda masiva de identificación, para hacerlo se requiere de un registro de desaparecidos, una base de datos genéticos y otra de lo que se ha encontrado en fosas clandestinas”, explicó a IPS una de las fundadoras de la organización, Sara López.
El proyecto pretende cubrir a 450 familias perjudicadas y 1.500 muestras recolectadas. Hasta ahora, ha recopilado unos 550 registros y ya tiene representantes, que son parientes de desaparecidos, en 10 de los 33 estados del país.
Ciencia Forense logró el 16 de febrero la identificación de Brenda González, desaparecida el 31 de julio de 2011 en Santa Catarina, en el norteño estado de Nuevo León, mediante un peritaje independiente practicado por el Equipo Peruano de Antropología Forense.
“Con la organización que acabamos de crear, también intentamos crear una radiografía de los temas de desaparecidos”, explicó Trujillo.
Hasta que estalló el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, organizaciones defensoras de derechos humanos coinciden en que las autoridades hicieron muy poco para combatir el flagelo, incumpliendo incluso sentencias para que se tomasen medidas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Los familiares viven como en la canción “Desaparecido”, del francés Manu Chao, que en una letra dedicada a los miles de desaparecidos latinoamericanos, dice: “llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar, llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar”.
Y dejan aparcadas sus vidas para vivir entre registros, trámites, cabildeos e innumerables riesgos y gastos, en busca de los suyos y de otros en igual condición.
Por ahora, “no me interesa justicia ni reparación del daño. Lo que quiero es saber la verdad, qué pasó, dónde está. Lo busco con vida pero sé que en el contexto en el que vivimos puedo obtener otro resultado. Probablemente me tome muchos años y es desesperante, pero sigo luchando”, aseguró García.
Su organización, Fuerzas Unidas, elaboró un plan de búsqueda, que incluye análisis de mapas delictivos, registro genético, campañas de sensibilización, sanción a responsables de delitos e investigaciones mal hechas, que las autoridades no han adoptado.
“Los familiares conocen mejor que nadie la situación, conocen lo que hay que hacer. El problema es que no nos damos abasto para lo que vive México”, subrayó la activista López.
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