Tiene ocho años y busca a su hermana menor, Zoe Zuleica Torres Gómez, desaparecida en diciembre de 2015 cuando tenía cinco años, en el nororiental estado de San Luis Potosí. Es el buscador de fosas clandestinas más joven de México.
Con pico y pala, se unió la última semana de enero a la Tercera Brigada Nacional de Búsquedas de Desaparecidos, que el miércoles 30 encontró los restos de un cadáver en una fosa oculta en un campo agrícola de maíz y sorgo del ejido de Potrero de Sataya, en el municipio de Navolato, en el noroccidental estado de Sinaloa.
Se trata del segundo hallazgo de esta brigada, formada por un puñado de mujeres y hombres, que buscan entre la tierra pistas de sus hijos, hermanos y padres desaparecidos durante los años de la llamada guerra contra el narcotráfico, acompañados de algunos activistas defensores de derechos humanos y sacerdotes católicos.
“Un problema que no es reconocido no puede ser resuelto, y tampoco puede tener sanación”, dijo Juan Carlos Trujillo Herrera, el impulsor de las brigadas.
“Todos los ministerios públicos (fiscales) del país están saturados con este tema, no hay una estructura que nos permita pensar que la institucionalidad va a funcionar. Por eso hemos tenido que salir nosotros a buscar a nuestros familiares”, insistió Trujillo, quien busca a cuatro hermanos desaparecidos.
Al llegar a la presidencia en diciembre de 2006, el derechista Felipe Calderón (2006-2012) militarizó la seguridad del país para combatir a las mafias del tráfico ilegal de drogas y lanzó a México a una espiral de violencia de la que no puede salir.
Un dato dimensiona la gravedad del problema: antes de ese año, el gobierno mexicano identificaba a siete grandes carteles del narcotráfico.
Diez años después, hay cerca de 200 grupos criminales operando en el país, según la información dada a conocer este mes por el Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económica (Cide).
La información del Cide, una de las instituciones educativas más prestigiosas del país, registra también por lo menos 68 masacres en ese tiempo.
En 10 años, la llamada guerra contra el narco emprendida por Calderón ha dejado más de 177 mil personas asesinadas, de ellas 73,500 durante la gestión de su sucesor, el también conservador Enrique Peña Nieto.
También ha tenido un saldo de al menos 30 mil personas desaparecidas, aunque los registros sobre desapariciones varían mucho entre distintas autoridades y organizaciones de la sociedad civil.
En 2011, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabezó el poeta Javier Sicilia puso en la agenda nacional el tema de las desapariciones, al evidenciar cientos de casos en todo este país de 122 millones de habitantes.
Pero fue en octubre de 2014, con la desaparición forzada de 43 estudiantes de magisterio rural en Ayotzinapa, en el suroccidental estado de Guerrero, y en enero de 2016, cuando cinco jóvenes fueron detenidos y desaparecidos por policías estadales en Tierra Blanca, en el estado de Veracruz, que el país supo que muchas de las desapariciones atribuidas al crimen organizado eran, en realidad, desapariciones dirigidas por las autoridades.
“Por eso no los buscaban”, dijo Miguel Trujillo, hermano menor de Juan Carlos.
Desde entonces, en el país se han multiplicado grupos de familiares que, desesperados por la ausencia del Estado, comenzaron sus propias búsquedas.
Para ello se preparan: toman cursos de antropología forense, de arqueología, de derecho; compran equipo de espeleología, consiguen bateas para encontrar huesos pequeños, organizan cuadrillas y se han convertido en expertos en identificar fosas y huesos.
Las primeras brigadas se organizaron en marzo de 2016 en Veracruz, un estado del oriente mexicano donde se han descubierto varios cementerios clandestinos y donde en hasta ahora se han ubicado 160 restos.
Ahora, en el país hay entre 13 y 15 grupos de búsquedas. Y desde el 24 de enero salieron a campo distintos grupos en Tamaulipas, Veracruz y Sinaloa, a donde llegaron brigadistas de cinco estados, para una búsqueda colectiva de 12 días.
“Son dos lógicas distintas de búsquedas, en vida y en búsqueda en muerte. Creo que eso es lo que nos está fallando porque también tenemos que buscar a los vivos, pero es que esto nadie lo estaba haciendo”, dijo Juan Carlos Trujillo.
Los colectivos son apoyados por organizaciones de la sociedad civil, como la brigada de Paz Marabunta, un colectivo de jóvenes de Ciudad de México que forma el equipo de seguridad de las familias.
“Es muy difícil tratar estas realidades con los jóvenes, que no se desilusionen de la humanidad, pero el acompañamiento les das esperanza. Porque cuando se dan cuenta de que pudieron ayudar se construye esperanza y ellos se reafirman como constructores de paz”, dijo a IPS el director de Marabunta, Miguel Barrera.
Sinaloa es la tierra del cartel que creó el poderoso jefe del narcotráfico Joaquín Guzmán Loera, conocido como “El Capo” Guzmán, extraditado el 19 de este mes a Estados Unidos.
La brigada ha tenido dos hallazgos: el del Potrero Sataya y uno más en el municipio de El Quelite, a 10 kilómetros del puerto de Mazatlán. Hasta aquí llegó con su madre el niño de San Luis Potosí, para ayudar en la localización de restos.
“Es algo que tenemos que hacer porque el Estado no lo está haciendo y no lo iba a hacer nunca”, dijo Mario Vergara, quien inició el grupo de Los Otros Desaparecidos de Iguala, el municipio donde fueron desaparecidos los estudiantes de Ayotzinapa, y ahora ayuda a brigadistas de todo el país.
“Estamos avanzando en la organización y vamos a seguir. Los que se quedan en cada estado van a saber coordinarse para hacer mejores búsquedas; necesitamos replicar el modelo en cada estado y comprometer a los gobiernos para que ayuden a los grupos de búsqueda”, explicó Miguel Trujillo.
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