Los datos matan la esperanza. Según las Naciones Unidas, El Salvador es el segundo país más deforestado de nuestro hemisferio. El poco acceso al agua, junto al hecho de ser el territorio con más densidad poblacional, sesgan el crecimiento económico, así como la posibilidad de crear contundentes reformas sociales. Sobre todo en zonas rurales. Del mismo modo, estos datos poco alentadores, dan paso a que surjan ciudadanos y organizaciones que protejan el ya maltrecho ambiente. La resistencia ciudadana frente a la explotación minera del oro, reunida en torno a la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica ha recibido varios premios en reconocimiento a su labor en defensa de los Derechos Humanos. Sin embargo, las empresas Pacific Rim, de capital canadiense, y la Commerce Group, de Estados Unidos, han presionando al gobierno en su esfuerzo por conseguir los permisos de explotación y han interpuesto una demanda al Estado salvadoreño frente a un Tribunal Internacional de resolución de conflictos económicos. Ambas empresas norteamericanas y, como larga es la costumbre en Latinoamérica, han amenazado constantemente mediante el uso de la fuerza y el terror para poder cumplir sus jugosos planes de explotación. El oro en la actualidad registra una de sus más fuertes subidas en muchos años, no es gratuita entonces, la demanda que promueven al Estado de El Salvador. En los últimos meses, tres ecologistas del pueblo de Cabañas han sido asesinados. En julio, del 2009, Marcelo Rivera, líder de la resistencia ambiental en San Isidro fue desaparecido y asesinado. Su cuerpo se encontró en un pozo con claras señas de tortura, según informaron residentes del lugar. En un artículo publicado el pasado lunes por la agencia informativa A.N.I.A se dice que “El movimiento ciudadano comenzó a pedir justicia por el asesinato de Marcelo Rivera, el cual las autoridades atribuyen a delincuencia común. A partir de la muerte de Marcelo se inició en Cabañas un clima de terror. Otros activistas en contra de las mineras han recibido amenazas de muerte, intentos de secuestros y atentados con armas de fuego”. Como parte de su labor periodística, la Radio Victoria, una radio comunitaria de Cabañas, ha informado constantemente a la población acerca de estos delitos y sobre los daños que causaría la explotación del oro en el lugar. En julio, el sacerdote Luis Quintanilla, quien pertenece al movimiento ciudadano en defensa del derecho a un medioambiente sano, fue víctima de un intento de desaparición forzada. Tan reciente como en diciembre pasado, Ramiro Rivera y Dora Sorto, dos destacados líderes del movimiento anti-minería perdieron la vida, asesinados con armas de fuego. La artista salvadoreña Natalia Domínguez le hizo llegar a Diálogo la noticia de estos lamentables hechos, que han sembrado el miedo en la comunidad de Cabañas. Diversos movimientos sociales en El Salvador han comenzado a promover una campaña internacional para que el resto de los países del continente hagan eco sobre estos lamentables hechos que atentan no sólo en contra de los derechos humanos, sino los de una tierra que lleva años siendo maltratada.