Por: Joel Cintrón
Como un buitre es un ave de rapiña que se alimenta de animales muertos, un fondo buitre viene a ser una firma de inversión con un gusto muy similar. Su alimento principal proviene de los países en crisis, especialmente de la deuda de las corporaciones públicas. Y esas firmas ya aterrizaron en Puerto Rico, luego de su vuelo por países en desgracia económica como Argentina, Grecia y España.
De Puerto Rico, a los fondos buitre les apetece, por ejemplo, la deuda de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), pues el alto costo de la factura del agua les asegura sus ganancias. Ya tres firmas de fondos buitre compraron casi toda la deuda de la AAA.
Les gustan también los Bonos de Obligación General (BOG), con los que el gobierno pide préstamos amparado en la buena fe, el buen crédito y los impuestos del Estado Libre Asociado. Además, los BOG cuentan con una garantía constitucional de repago.
Estos fondos también desean los bonos de COFINA, los bonos de obligación del Sistema de Retiro, los del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y los de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), pero los dos últimos no tienen suficiente oferta de bonos en el mercado para satisfacerlos.
Lo que le gusta y no le gusta a los fondos buitre lo precisaron fuentes del sector financiero al Centro de Periodismo Investigativo (CPI), quienes detallaron que actualmente entre un 40 o un 50 por ciento de la deuda del gobierno de Puerto Rico está bajo control de los fondos de cobertura (hedge funds en inglés), de los que forman parte los fondos buitre.
“De pronto bajó radicalmente el valor de todos los bonos de Puerto Rico. Ahí llegaron los fondos buitre”. Así describe un asesor de finanzas el reciente interés de estos fondos por los bonos del país.
¿De dónde salen los fondos buitre?
Los fondos buitre son compañías de inversión, principalmente estadounidenses, que pertenecen al grupo de firmas llamadas fondos de cobertura. La U.S. Securities and Exchange Commision (SEC), agencia federal que se supone regule el mercado de valores, no distingue entre fondos de cobertura y los llamados fondos buitre.
La SEC describe a los fondos de cobertura en general como un tipo de fondo que usa estrategias de inversión especulativas con menos regulaciones federales y en los que pueden invertir solamente individuos de altos ingresos a los cuales denomina “inversores acreditados”.
Sin embargo, expertos del sector financiero y abogados familiarizados con Wall Street sí distinguen a los fondos buitre entre los fondos de cobertura, confirmó el CPI.
“Los fondos buitre como tal, son fondos que se dedican a buscar bonos y acciones de compañías y países que ellos creen que están bajo presión económica y que tienen un alto riesgo de impago. Pero no todos los fondos de cobertura hacen eso, son solamente un subconjunto dentro del universo de fondos de cobertura que se dedican a ese tipo de inversión”, especificó Sergio Marxuach, director de política pública del Centro para una Nueva Economía (CNE).
“Les decimos fondos buitre porque tradicionalmente a ellos no les interesaba para nada invertir en los bonos de Puerto Rico. Si usted va cinco años atrás, ninguno de esos fondos de cobertura estaban ahí. Ellos buscan la crisis y muchas veces cuando se aprovechan de invertir en esa situación agudizan la crisis de la entidad en la cual están invirtiendo. Es una forma de invertir que no añade al crecimiento de la economía a largo plazo y cobran cargos muy altos por usar sus servicios”, añadió Stephen Albrecht, asesor financiero de la Unión Internacional de Empleados de Servicio (conocida en inglés como SEUI).
Un ejemplo patente de cómo los fondos buitre agudizan la crisis es el de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), donde los bonistas, en caso de una nueva transacción, podrían pedir como garantía los “activos físicos”, es decir, edificios, plantas, maquinarias y terrenos de la corporación pública.
Las estrategias especulativas
Los fondos de cobertura y los fondos buitre usan varias estrategias de inversión para aprovechar las crisis económicas. Una de ellas, según la SEC, es la venta corta (short selling en inglés), una estrategia donde los inversores venden a un precio alto hoy, compran a un precio bajo en poco tiempo -entre seis a nueve meses- y la diferencia es su ganancia.
En Puerto Rico esto se refleja también en la AEE, donde los fondos buitre “lo que quieren es que se reestructure la corporación y poder sacar su dinero lo más rápido posible. A ellos lo que les interesa es tener una ganancia rápida, o sea que a ellos en verdad les importa muy poco lo que pase en la economía de Puerto Rico a largo plazo. Estos fondos están disponibles para proveer liquidez al gobierno de Puerto Rico, pero va a ser a un precio mucho más alto de lo que era antes”, explicó Marxuach.
“Puerto Rico ha aumentado su dependencia en inversores no tradicionales que tienden a tener estrategias de inversión a corto plazo, lo cual incrementa nuestro nivel de preocupación”, comentó la casa de corretaje UBS de Nueva York en el informe Puerto Rico Credit and Market Update.
Las estrategias especulativas de inversión de los fondos buitre han sido denunciadas a nivel internacional. El experto independiente de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre las consecuencias de la deuda externa, Juan Pablo Bohoslavsky, declaró que los fondos buitre “obstaculizan saldar las deudas externas de los Estados y atentan contra los derechos humanos”. Por esa razón, Bohoslavsky exigió a la ONU el mes pasado una mayor regulación de las entidades comerciales privadas del sector financiero como los fondos buitre.
“No solo los países menos desarrollados, sino también los de recursos medianos y los altamente desarrollados están siendo blanco, cada vez más, de los fondos buitre”, advierte Bohoslavsky.
¿Cómo llegaron a la isla?
Atraídos por la colosal tasa de interés real pagado de 8.727% libre de impuestos (el llamado rendimiento), los fondos de cobertura no dejaron pasar el negocio que Bank of America Merrill Lynch describió como la transacción de bonos basura más grande y más costosa de la historia hecha por un emisor de bonos municipales: la emisión de $3.5 mil millones que hizo el gobierno de Puerto Rico el 11 de marzo de 2014.
Sin advertir sobre las consecuencias de la transacción, ese día los principales funcionarios financieros de la administración de Alejandro García Padilla, incluyendo a Melba Acosta, entonces secretaria del Departamento de Hacienda, y el presidente de la Junta del BGF, David Chafey, fueron fotografiados con sus lugartenientes en la sede de Morgan Stanley de Wall Street bajo un letrero que decía “Felicidades Puerto Rico, $3.5 mil millones en “Histórica Transacción de Bonos Municipales”. Eran todo sonrisas y se chocaban las manos aludiendo a un gran triunfo.
Pero desde finales del año pasado la presidenta del BGF, Melba Acosta, ha estado discutiendo esfuerzos para ampliar la base de inversionistas de Puerto Rico, a medida que lograr ofertas para los bonos de la isla se ha vuelto cada vez más difícil debido a las crecientes demandas de los fondos de cobertura y la cada vez mayor resistencia de los legisladores para cumplir con ellos.
Puerto Rico ha tenido que depender de los fondos de cobertura en parte porque los inversionistas tradicionales del mercado municipal de Puerto Rico, que son conservadores por naturaleza, se asustaron por la rebaja de los bonos del país a la condición de chatarra.
“Queremos ver cómo acceder a otros grupos de inversores. Tú tienes los inversionistas del mercado municipal, los fondos de cobertura y otro grupo de inversores que compran deuda soberana. Estas personas tienen métricas que no usamos necesariamente o típicamente. Así que estamos pensando cómo podemos acceder a ellos”, dijo Acosta.
El acceso a este nuevo inversor requerirá que Puerto Rico equilibre su presupuesto, mejore sus informes financieros y sea más transparente, según el analista de inversiones Charles Blitzer.
Como parte de esos requerimientos, el BGF contrató a una empresa consultora que tiene como empleados a ex funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) para incorporar requisitos más rigurosos de información financiera. También contrató al analista financiero Todd Hagerman como especialista en relaciones con inversores. Hagerman ha trabajado para los principales bancos de Estados Unidos y para el Banco de la Reserva Federal. Además, recientemente organizó Rockwood Capital, una firma de inversión en Bienes Raíces que maneja 6 mil millones en fondos con oficinas en San Francisco, Los Ángeles y Nueva York.
La idea es tener información más oportuna en todas las entidades del gobierno que dé un panorama más claro de la deuda y la posición de otros activos líquidos de Puerto Rico. Esto pondría a Puerto Rico en una posición de poder cumplir con las normas de información financiera del FMI requeridas por todos los inversores de deuda soberana.
Para algunas compañías de fondos buitre, la emisión de bonos del 11 de marzo de 2014 presentaba una oportunidad dorada para obtener ganancias invirtiendo en Puerto Rico, donde una larga década de recesión económica hizo trizas el valor de activos, tales como propiedades, acciones locales y ahora los bonos municipales.
Firmas como Paulson & Company, Och-Ziff Capital Management LLC, Fir Tree Partners, Perry Capital LLC y Brigade Capital Management compraron cada una más de $100 millones de la emisión de bonos del 2014.
Un ejemplo de la presión y el nivel de influencia que los fondos buitre ejercen en Argentina se ve en el hecho de que, aunque representan solo el 1% de los bonistas, no estuvieron de acuerdo con la reestructuración de la deuda que ese país logró en 2004 y 2005 con otro 93% de sus bonistas. Desde entonces, los fondos buitres llevan litigando ante el juez de la Corte de Distrito Sur de Nueva York, Thomas Griesa, quien determinó que Argentina debe pagar el 100% de la deuda con los “fondos buitre” que no aceptaron la reestructuración. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner continúa apelando las demandas en Nueva York e invirtiendo millones en ese proceso.
Entre las firmas que compraron la emisión de bonos de Puerto Rico se encuentran también Third Point, Appaloosa Management, Farallon Capital Management, Avenue Capital Group, Maglan Capital, Matlin Patterson, Highbridge, PSAM, Apolo, Angelo Gordon, Fundamental Advisors, Arrowgrass, Marathon Asset Management, Pine River Capital Management, Knighthead Capital Management, Davison Kempner, Candlewood Invest Group, Meehan Combs y Blue Mountain Capital Management.
A ciegas el gobierno sobre quién posee los bonos del país
Los bonos se compran en primer lugar en el “mercado primario”, que es cuando el inversor o una firma compra directamente al gobierno en su emisión de bonos original. Pero si ese inversor a su vez decide revender a terceros los bonos que compró, lo hace en lo que se llama el “mercado secundario”.
“Ahí el inversor lo vende a otra entidad o a otra persona en una transacción que ya no tiene nada que ver con el gobierno de Puerto Rico. Ellos lo que tienen son unos bonos que dicen que el gobierno de Puerto Rico les va a pagar ‘tanto de interés’ y un principal a tal fecha. Y si necesitan venderlos antes de esa fecha, buscan a otra persona que esté interesada en comprarlos. Usualmente esa venta se hace a través de un broker como UBS o Popular Securities. Ellos se encargan de conseguir un comprador y el inversor le vende a esa persona esos bonos a cambio de un precio en el que estén mutuamente de acuerdo; ese es el mercado secundario”, abundó Marxuach.
“Los fondos de cobertura pudieran comprar en ambos mercados, pero los fondos buitre en específico usualmente compran primero en el mercado secundario a precios bien baratos, porque ahí es que ellos ven la oportunidad de después poder reestructurarlos o revenderlos a un precio más alto”, añadió el economista.
Aunque no sabemos en detalle quiénes son los que tienen qué cantidad de la deuda del país, su influencia en las decisiones de política pública cada vez es más evidente.
Entre abril y mayo de 2015 el gobierno de Puerto Rico pretende hacer una nueva emisión de bonos. Entre los aspectos que complican la transacción, según Acosta, están los cuestionamientos de los bonistas sobre la reforma contributiva, la AEE y la baja en los recaudos de Hacienda.
Esta historia fue publicada originalmente en el Centro de Periodismo Investigativo.
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