Melba Acosta Febo era secretaria de Hacienda cuando en marzo de 2014 agarró la mano de José Pagán Beauchamp, entonces presidente y vicepresidente ejecutivo de finanzas del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), y juntos alzaron los brazos, en son de victoria, a los pies del banco de inversión Morgan Stanley en Nueva York, bajo una pizarra electrónica que leía “felicidades Puerto Rico, $3.5 mil millones en histórica transacción de bonos municipales”, la emisión de bonos chatarra más grande en la historia. En la foto aparece también David Chafey, entonces presidente del BGF, José Coleman Tió, en ese momento vicepresidente ejecutivo y asesor general del Banco, y otros funcionarios, todos con las manos arriba, sonrientes, celebrando.
Pero la fiesta terminó, y ahora ningún funcionario se quiere hacer responsable de esa emisión de bonos, la cual abrió la puerta a los fondos buitre que dos años después demandaron al BGF reclamando sus pagos, y que un informe preliminar de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público anticipa que pudo haber violado la Constitución de Puerto Rico y leyes de la Comisión de Intercambio de Valores de los Estados Unidos.
José Pagán Beauchamp, un exbanquero de Citibank, se adjudica el haber “colocado con éxito” en el mercado financiero esa emisión de $3.5 mil millones de bonos de obligación general que según el informe preliminar de la Comisión tiene visos de ilegalidad. El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) solicitó una entrevista con Pagán Beauchamp, pero la directora de comunicaciones del BGF, Betsy Nazario, indicó que Melba Acosta Febo, actual presidenta del BGF, es la única persona que puede contestar preguntas relacionadas a las emisiones de bonos.
La presidenta del BGF, al ser abordada por el CPI tras una vista pública sobre el presupuesto gubernamental, dijo que quien debe expresarse sobre si la emisión de bonos es inconstitucional o no, es el secretario de Justicia, César Miranda.
“Acuérdate que estas emisiones cuentan con opiniones del Secretario de Justicia y sería el Secretario el llamado a expresarse en cuanto a la Constitución y todo eso”, dijo la presidenta.
Por su parte, el Secretario de Justicia no accedió a ser entrevistado y envió una declaración evasiva por correo electrónico.
“…Recientemente, la Comisión presentó los hallazgos de una investigación preliminar que busca ser ampliada para llevar a cabo un estudio más minucioso de la deuda gubernamental. Precisamente, porque es un proceso que no ha concluido y continúa bajo el escrutinio de la Comisión -a la cual podríamos ser citados para emitir una opinión formal sobre los hallazgos encontrados- estamos impedidos de emitir comentarios al respecto al momento”, escribió.
Según el informe, la emisión realizada en marzo de 2014 se usó para cubrir el déficit presupuestario y pagar deudas que fueron emitidas hace más de 30 años, dos prácticas prohibidas por la constitución. Señala además que el equipo fiscal del gobernador Alejandro García Padilla dirigió más del 35% del presupuesto para el pago de deudas, violando así el tope constitucional de 15% del presupuesto que puede destinarse al pago de obligaciones financieras. En total se habrían utilizado $30,000 millones para cuadrar el presupuesto.
“Lo que esta pre auditoría señala es fundamental y raya en lo escandaloso. Levanta suficientes dudas sobre la constitucionalidad y legalidad de la deuda pública del gobierno de Puerto Rico que de ordinario debería obligar un ‘alto al fuego’ de todas las partes hasta que se aclare”, dijo el abogado constitucionalista Carlos E. Ramos, exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.
Ramos añadió que “en el posible endeudamiento inconstitucional está involucrada la responsabilidad profesional de bufetes de abogados, underwriters y la responsabilidad de fiducia de bancos y, por supuesto, gobernantes y funcionarios públicos”.
La presidenta del BGF dijo al CPI que el informe preliminar de auditoría contiene premisas que con las que ella no está de acuerdo.
“Una de ellas dice que se usó financiamiento deficitario para cuadrar el presupuesto. Cuando tú buscas la Constitución y tú buscas la discusión en el diario de sesiones, se dice claramente que el dinero que llega con financiamiento es parte del presupuesto, pero tienes que ir un poquito más abajo, no te puedes quedar por encima con lo que dice la Constitución. Osea, personas tienen que bajar y buscar para entender algunos aspectos de la Constitución. Eso lo hace el Secretario de Justicia cuando da una opinión a favor (de la emisión de bonos)”, dijo la presidenta del BGF.
“Yo creo que antes de decir que las emisiones son inconstitucionales hay que bajar un poquito más porque me parece que se quedó un poco… oye, y creo que con los recursos que tenían, hicieron gran cosa, pero tienen que profundizar más todavía en algunos temas. Pero yo creo que lo que falta mucho es también de Justicia, porque ellos (la Comisión) llegan a unas conclusiones, y Justicia tiene que opinar sobre ellas. Sobre todo, quien dice si algo es inconstitucional o no pues es Justicia”, añadió la presidenta.
Acosta Febo también recordó que las emisiones de bonos “cuentan con leyes aprobadas”.
Los autores de la Ley 34 del año 2014 que autorizó la emisión de $3.5 mil millones fueron el presidente de la Cámara de Representantes, el popular Jaime Perelló, y el presidente del Senado, el popular Eduardo Bhatia, quienes también forman parte de la Comisión para la auditoría. Pero el informe preliminar de la Comisión de auditoría no contó con el endoso de los legisladores; sus representantes ante la Comisión se abstuvieron de votar en la aprobación del mismo alegadamente porque no fueron a todas las reuniones y porque no habían leído el documento, según sus respectivas directoras de comunicación. Los legisladores tampoco accedieron a ser entrevistados y enviaron declaraciones escritas.
“Sobre los hallazgos preliminares de la Comisión, como hacen constar los propios comisionados, falta aún información medular para llegar a conclusiones finales pero mientras más información podamos tener a la mano, en mejor posición estaremos a la hora de sentarnos a renegociar la deuda”, dijo Bhatia.
Perelló declaró que su “insumo o aprobación sobre las conclusiones de cualquier tipo de investigación de este tipo y magnitud se efectuará una vez los informes realizados sean finales y se hayan integrado a ese análisis el expertise y el análisis técnico necesario. Auditar la deuda es complejo y requiere de mucho rigor. Todavía falta mucho trabajo que realizar, y la información que se hizo pública el pasado jueves, en conferencia de prensa y previo a las primarias, es muy preliminar. Estos son los trabajos preliminares de una Comisión y espero que el producto final de la Comisión contenga hallazgos y conclusiones que la apoyen”.
El informe preliminar de la Comisión para la auditoría es producto de un estudio realizado por Alvin Velázquez, abogado y experto en finanzas de la Unión Internacional de Servidores Público (SEIU) y el CPA John Johns, con la asistencia de Mario Marazzi, director del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico y del economista José Alameda. El proyecto de ley que creó la Comisión fue presentado Manuel Natal, representante del Partido Popular, quien dijo que se inspiró en la “Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público” de Ecuador, impulsada por el presidente Rafael Correa y con la que, entre 2008 y 2011, los ecuatorianos lograron una reducción de $3,789 millones en una deuda de $17,475 millones.
La Comisión de auditoría de Puerto Rico se propone hacer un estudio de todas las emisiones de bonos que ha realizado el gobierno desde la década de 1970, comenzando por la emisión más reciente hasta llegar a la más antigua. El informe preliminar se concentró solo en las últimas dos emisiones de bonos.
Para que la Comisión logre la auditoría completa necesita un presupuesto de $5.8 millones. La Oficina de Gerencia y Presupuesto está en el proceso desembolsar $2.5 millones que serán recibidos este año fiscal, que termina el 30 de junio. Mientras, el Senado ya desembolsó un adelanto de $100,000. El resto del presupuesto será desembolsado el próximo año fiscal, dijo Roberto Pagán, presidente de la Comisión.
La Comisión ante la junta federal de control fiscal
Para el próximo año fiscal podría estar en función la junta federal de control fiscal aprobada por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.
Los representantes Nydia Velázquez y José E. Serrano, quienes votaron a favor de la medida, introdujeron una enmienda que dice que “nada en esta ley debe interpretarse para restringir la capacidad de la Comisión para la Auditoría del Crédito Público para presentar sus informes” y que el gobierno de Puerto Rico y la junta de control “podrán revisar y considerar los hallazgos de la Comisión”.
Serrano declaró en la vista del Congreso que su enmienda “ayudará a clarificar que esta ley (de control fiscal) no tendrá un impacto sobre el trabajo de la Comisión para la Auditoría. Esa entidad… está en el proceso de examinar la deuda masiva que ha sido acumulada por el territorio. Recientemente la Comisión encontró en un informe preliminar que una pequeña porción de la deuda podría haber sido emitida de manera ilegal por el gobierno de Puerto Rico y ellos necesitan seguir examinando este problema y sus implicaciones. Esta enmienda simplemente preserva la capacidad de la Comisión para continuar su trabajo y para que cualquiera, ya sea el gobierno o la junta de supervisión, revise y considere cualquier hallazgo que tenga la Comisión”.
Velázquez declaró que “nuestra enmienda asegura que la ley no impedirá que la Comisión termine su importante trabajo, mientras permite al gobierno de Puerto Rico y a la junta de supervisión, si así lo desean, a considerar cualquier hallazgo”.
No obstante, el representante Rob Bishop, presidente de la Comisión de Recursos Naturales que impulsó la ley de control fiscal, tomó un turno para “hacer muy claro” que “esa enmienda en particular no anula la autoridad de la junta de supervisión”.
Pagán, también portavoz del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores, opinó que la enmienda protege a la Comisión, pero que por otra parte le quita autoridad al establecer que la junta federal puede revisar los resultados de la auditoría.
La junta federal de control fiscal tendría la autoridad para “aprobar presupuestos” y “planes fiscales” establecidos por leyes de Puerto Rico. Además, tendría “deberes relacionados a la reestructuración” de la deuda, según la versión aprobada en la Cámara.
“Acuérdate que (la junta) es una ley federal y cualquier ley federal va por encima de una ley local. Así que habría que ver si hay algún tipo de conflicto”, contestó Melba Acosta, presidenta del BGF, sobre el efecto que podría tener la imposición de la junta federal de control fiscal.
Los protagonistas del sector privado en la deuda pública
Ademá de la opinión favorable del Secretario de Justicia, la emisión de bonos de obligación general de marzo de 2014 que podría ser inconstitucional contó con la asesoría del bufete de abogados internacional Greenberg Traurig, el cual tuvo a su cargo opinar si los bonos eran válidos y exentos de impuestos en el mercado de bonos municipales.
El bufete de abogados puertorriqueño Pietrantoni, Méndez & Alvarez revisó los estados de cuenta del gobierno para ver si cumplían con las leyes aplicables. Mientras, el bufete local O’Neill Borges fungió como asesor de Barclays y del grupo de bancos que se encargó de vender los bonos, y opinó que el gobierno no tenía que registrar la oferta de bonos con la Comisión de Intercambio de Valores de los Estados Unidos (SEC). El sindicato de bancos también contrató al bufete estadounidense Sidley & Austin para que actuara como co-asesor del O’Neill Borges.
El gobierno gastó casi $37 millones por el servicio de los bancos y las firmas legales que administraron la transacción.
Manuel Pietrantoni, socio y cofundador del bufete Pietrantoni, Méndez & Álvarez, también asesor en otras emisiones de bonos de la Autoridad de Carreteras, la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, entre otras entidades públicas, no respondió a una solicitud de entrevista. Julio Pietrantoni, socio de O’Neill Borges, prefirió no comentar sobre el informe preliminar de la Comisión de auditoría.
Falta información esencial sobre la transacción
Refiriéndose al flujo de información solicitada por la Comisión a las agencias de gobierno, Mario Marazzi, miembro de la Comisión para la auditoría y director ejecutivo del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico dijo: “Hay que felicitar la apertura con que el BGF ha trabajado hasta ahora, pero eso no es suficiente, y ellos están enterados y están trabajando para proveer todos los documentos que se le están solicitando. Hasta el momento el BGF nos ha provisto mayormente los documentos que se emitieron al momento de hacer las emisiones de deuda, pero no las comunicaciones internas entre el BGF y distintos componentes de sus asesores”.
Marazzi añadió que los documentos públicos que ha entregado el BGF permiten ver lo que “el gobierno de Puerto Rico dijo al mundo”, pero no lo que “los asesores del gobierno pensaron sobre la transacción de bonos”. La Comisión hará la solicitud de las comunicaciones internas del BGF una vez comience el proceso de auditoría completo, lo cual depende del desembolso de los $2,000,000 que le fueron asignados a la Comisión
Sobre si el BGF podrá entregar a la Comisión las comunicaciones internas necesarias para profundizar en la auditoría, la presidenta del BGF adelantó que “hay que ver, porque si son comunicaciones de abogados está el privilegio abogado-cliente, entonces hay que ver cuáles comunicaciones son”.
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Centro de Periodismo Investigativo
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