A pesar de las protestas de líderes comunitarios, el gobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño, convirtió en ley el proyecto de la Cámara 1403, que pone en jaque al Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña. El comunicado de prensa de La Fortaleza destaca que con la medida se viabiliza la otorgación de los títulos de propiedad a cientos de familias residentes en las comunidades que componen el Caño Martín Peña. La nueva ley fue objeto de controversia durante las pasadas semanas, ya que mientras el municipio de San Juan impulsaba su aprobación, líderes comunitarios cabildeaban en contra. Profesores de derecho también advirtieron sobre la inconstitucionalidad de la medida que los líderes comunitarios anticipan objetarán en los tribunales. “Este, sin lugar a dudas, es un paso intermedio en el proceso de hacerle verdadera justicia social a las comunidades del Caño Martín Peña. Con la firma de este proyecto, nos aseguramos de que se elimina, de una vez y por todas, las imperfecciones que tenía la ley original, que creó el Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña”, manifestó el Primer Mandatario en declaraciones escritas. Horas antes de estampar su firma en el proyecto, Fortuño había anticipado su determinación bajo el argumento de que así garantizaba “el apoderamiento individual de aquellos que componen las comunidades del Caño”. Fortuño añadió que “nuestra administración está comprometida con todos esos residentes que por generaciones han vivido en esta comunidad y aún no son dueños de sus residencias ni de las tierras en que se erigen”. Aunque no pudo precisar cómo la nueva ley evitaría la especulación y el desplazamiento de la comunidad. El Primer Ejecutivo negó que la nueva ley elimine el Fideicomiso, pues dijo que las tierras que no pasen a los residentes quedarán bajo la jurisdicción del Fideicomiso. Además informó sobre la firma de una Orden Ejecutiva que establece la creación de un grupo de trabajo para revisar la nueva Ley, velar por el desarrollo integrado de esta comunidad, y atender las necesidades de los residentes del Caño Martín Peña. Según la Orden, este comité rendirá un informe mensual al Gobernador. El grupo de trabajo estará conformado por el Departamento de la Vivienda, Oficina de Gerencia y Presupuesto, Oficina del Gobernador, Departamento de Transportación y Obras Públicas, Departamento de Recursos Naturales, G-8 y el Municipio de San Juan. Por su parte, los asesores legales que han trabajado con las comunidades, el Proyecto ENLACE y el Fideicomiso habían calificado de inconstitucional y nulo el proyecto de ley 1403, que transfiere algunas tierras del gobierno central al Municipio de San Juan e invalida las inscripciones hechas en el Registro de la Propiedad. Aunque este proyecto dispone que el Municipio coordine la otorgación de títulos de propiedad individuales, la comunidad ha denunciado anteriormente que son estos documentos de propiedad los que le dan paso a la posibilidad de que sean desplazados una vez termine la restricción de reventa durante diez años. “(El Municipio de San Juan) Está ofreciendo algo que no es suyo… La jurisprudencia es clara. No se puede legislar de forma retroactiva para arrebatarle las tierras al Fideicomiso, porque afecta derechos adquiridos”, expresó el profesor Michel Godreau, experto en derechos propietarios en Puerto Rico. Por su parte, la profesora de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, Erika Fontánez, señaló que el controvertido proyecto de ley tiene el efecto de incautar tierras que ya pertenecen a la comunidad mediante el Fideicomiso de la Tierra, sin que medie el debido proceso de ley y sin justa compensación. “Esto violenta los derechos a la propiedad privada que son fundamentales en nuestra constitución. Además, la medida es inconstitucional porque va en menoscabo de contratos”, explicó la profesora de derechos de propiedad, obligaciones y contratos.
Además de los profesores Godreau y Fontánez, los académicos Luis Rivera, María E. Hernández y Carlos Díaz, profesores de derecho y asesores del proyecto, y las abogadas Myriam González e Irma Gascot participaron de la protesta que organizaron los líderes comunitarios el pasado lunes. El Colegio de Abogados y Servicios Legales de Puerto Rico estuvieron presentes, junto a otros abogados que se hicieron eco del análisis jurídico. “Confiamos en que el Gobernador no firme este proyecto de ley, que es inconstitucional, que no fue solicitado por las comunidades y que se fundamenta en un informe que excluyó los datos provistos por la Corporación del Proyecto ENLACE en el que se contestaban los argumentos que han levantado los opositores al fideicomiso”, manifestó en el comunicado el presidente de la Junta de Directores de la Corporación del Proyecto ENLACE, Héctor Jiménez. Jiménez, declaró que la iniciativa 1403 tampoco consideró las ponencias del Fideicomiso de la Tierra, el Colegio de Arquitectos, la Sociedad Puertorriqueña de Planificación, el Colegio de Trabajo Social, la Clínica de Asistencia Legal, ni las decenas de cartas enviadas a la Comisión. “Es lamentable que en lugar de estimular iniciativas que saquen a las comunidades de la dependencia se maten los deseos de acción y superación de los residentes del caño con proyectos de ley como el 1403”, comentó Jiménez. El también ex director de la Compañía de Fomento Industrial, señaló que este proyecto (ahora ley) le produce un daño muy serio a la comunidad, pues ésta ya cuenta con un plan integral de desarrollo adoptado por la Junta de Planificación y recursos para continuar el proceso de revitalización de las comunidades que llevan 70 años sumidas en condiciones precarias. “Esto es un retroceso para la ciudad y para el país. Hay que respaldar a la gente que quiere ser parte de la solución”, recalcó Jiménez en el escrito.
El Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña se creó como parte de la Ley 489 de 24 de septiembre de 2004, que fue aprobada unánimemente por la Legislatura de Puerto Rico. Fue constituido con las tierras de tenencia pública que había en el Distrito de Planificación Especial del Caño Martín Peña, gran parte de las cuales han sido el hogar de miles de ciudadanos por generaciones. Aproximadamente 200 cuerdas de terreno son propiedad de la comunidad mediante el Fideicomiso, que opera de forma similar a un condominio. Su reglamento fue producto de un amplio proceso de participación ciudadana. Esta organización tiene como meta evitar el desplazamiento de la comunidad y resolver el histórico problema de tenencia de la tierra mediante un derecho de superficie que puede hipotecarse, heredarse y venderse; superar la pobreza (recoge los beneficios del aumento en valor de las tierras que será producto de la inversión pública en el sector incluyendo la rehabilitación del Caño Martín Peña, para reinvertirlos en la comunidad); garantizar la disponibilidad de vivienda asequible, y hacer viable la implantación del Plan de Desarrollo Integral, contribuyendo a una mejor ciudad. Por otro lado, se encuentra el G-8, Inc., organización sin fines de lucro que reúne al liderato de las doce organizaciones de base comunitaria que representan a los residentes de las ocho comunidades aledañas al Caño Martín Peña. Esta colectividad está compuesta por Israel – Bitumul, Parada 27, Las Monjas, Barrio Obrero, San Ciprián y Oeste, Barrio Obrero Marina, Península de Cantera, Buena Vista Santurce y Buena Vista Hato Rey. En unión a estas dos organizaciones, aparece el Proyecto ENLACE, iniciativa que une los esfuerzos de la comunidad, el sector privado y el gobierno para mejorar la calidad de vida de los 27,000 habitantes de las comunidades aledañas al Caño, y rehabilitar este cuerpo de agua. El Distrito de Planificación Especial del Caño Martín Peña colinda con la avenida Ponce de León al oeste, Borinquen al norte, Quisqueya al sur y con la Barbosa y la quebrada Juan Méndez al este, e incluye las comunidades de Israel – Bitumul, Parada 27, Las Monjas, Barrio Obrero, San Ciprián y Oeste, Barrio Obrero Marina, Buena Vista Santurce y Buena Vista Hato Rey. Además, la iniciativa ENLACE coordina sus trabajos con el Proyecto Península de Cantera.
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