El Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda entregó en La Fortaleza y el Capitolio la petición que unas 100 mil ciudadanas y ciudadanos firmaron para solicitar la restitución de la comisión designada para completar los trabajos de auditoría de la deuda pública de Puerto Rico, que asciende a $72 mil millones.
El grupo—compuesto por organizaciones profesionales, sociales, sindicales, cooperativistas, estudiantiles y comunitarias—abogó por la continuación de los trabajos de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público (CAICP), nombrada por ley por la pasada administración. No obstante, fue derogada el pasado 24 de enero por el gobernador actual, Ricardo Rosselló Nevares, mediante la firma de la Ley 3 del 2017.
“Esto es un llamado al gobierno a que se retracte de su decisión de suspender los trabajos de auditoría porque esto es un acto de transparencia. Esto es un pedido del pueblo y es el primer paso para evitar caer más en la crisis que hemos estado enfrentando”, exclamó la abogada Eva Prados, portavoz del colectivo.
La CAICP fue creada bajo la Ley 97 del 2015 para ordenar la creación de un cuerpo con total autonomía e independencia legal para llevar a cabo la auditoría. Contaba, además, con representación del poder ejecutivo y legislativo, así como ocho representantes de interés público.
A menos de un año de ser establecidos, con la firma de la “Ley para Atender la Crisis Económica, Fiscal y Presupuestaria para Garantizar el Funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico”, Rosselló destituyó a todos los representantes de interés público en la Comisión. Esto provocó la detención de todos los procesos.
Empero, el Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda recalcó que, a pesar del poco tiempo de su creación, la CAICP ya mostraba grandes avances en cuanto a destapar ilegalidades. Como ejemplo, mencionó la posibilidad de que sobre $30 mil millones pudieron haber sido emitidos de forma ilegítima.
“La comisión llevaba poco tiempo pero ya había rendido dos informes donde advertía la ilegalidad. […] Las autoridades no deben descartar como inoficioso ni temerle a un proceso que proveerá claridad al pueblo acerca de los errores que nos trajeron a esta situación y propiciará alternativas para evitar que se repitan”, manifestó Prados.
Antes de que sus miembros fueran destituidos por Rosselló, la CAICP “hizo una parte exploratoria sobre las últimas dos emisiones, una de la Autoridad de Energía Eléctrica y una de las últimas emisiones de la administración de García Padilla”, según Prados. Igualmente, ya habían contratado los servicios de la firma Macías, Gini & O’Connell—uno de los bufetes expertos en auditoría pública de Estados Unidos—para continuar con la investigación.
La entrega de las 100 mil firmas se dio en las oficinas de los presidentes del Senado, Thomas Rivera Schatz, y la Cámara de Representantes, Carlos Méndez Núñez.
“Hoy hemos querido recibir directamente y personalmente los documentos. Lo hemos querido hacer de una persona seria y formal. […] El hecho de estar aquí hoy y recibirlos es un ejemplo vivo del proceso que queremos llevar a cabo”, expresó el secretario de Asuntos Públicos del Senado, Osvaldo Soto, en representación de Rivera Schatz.
Aunque insistió en la apertura de la actual administración para recibir las peticiones del colectivo multisectorial, Soto no pudo precisar si se planifica restituir a la CAICP.
“Desconozco [si la comisión será restituida], pero recibimos los documentos. Vamos a canalizarlos en el proceso que sea debido”, añadió Soto.
En las afueras de las oficinas del Capitolio, apareció el senador Eduardo Bhatia, quien se sumó al llamado de restitución de la CAICP.
A su entender, la auditoría es indispensable y debe hacerse de manera independiente.
“Reitero mi llamado al gobernador, a los presidentes legislativos y al componente económico de esta administración a que no le teman a abrir los libros y den continuidad a los esfuerzos dirigidos a examinar y evaluar el proceso de contratación, refinanciamiento o renegociación del endeudamiento público, el origen y destino de los recursos, y la ejecución de los programas y proyectos financiados con deuda interna o externa”, puntualizó Bhatia, portavoz del Partido Popular Democrático.
Más adelante, el colectivo se dirigió hacia La Fortaleza para repetir el acto simbólico.
La auditoría de la junta “no es representativa”
Ante preguntas de la prensa sobre la auditoría de la deuda que también lleva a cabo la Junta de Control Fiscal (JCF), la licenciada Prados explicó que el trabajo de la CAICP y el ente federal son muy distintos, puesto que el grupo local realizaba una investigación más abarcadora.
“La comisión estaba haciendo una auditoría profunda, una investigación sobre la legalidad y la corrección de los procedimientos de los últimos 40 años de emisiones. La Junta de Control Fiscal tiene un mandato de analizar un plan a futuro”, esbozó Prados.
La JCF, según se desprende de la carta que enviaron a Rosselló Nevares el pasado 18 de enero, estaba próxima a iniciar una “auditoría forense” de la deuda del Gobierno de Puerto Rico. Con este procedimiento se proponían evaluar el desempeño financiero de los estados auditados más recientes, que cubren desde el 2014 hasta el Plan Fiscal que entregó el exgobernador Alejandro García Padilla. También, esa auditoría produciría un informe independiente sobre el total de la deuda pendiente junto a un itinerario de pago.
Por otro lado, Prados señaló que la auditoría de la JCF carece de representatividad del pueblo puertorriqueño debido a que sus miembros no responden a los intereses de todo el país. Esto, contrario a los integrantes de la CAICP, que provenían de diversos sectores.
“Además, la JCF tiene dos integrantes que participaron en la emisión de mucha de esta deuda”, añadió Prados.
La abogada hacía referencia a Carlos García y a José Ramón González, quienes han sido ligados a la emisión de los bonos que ellos ayudaron a tramitar en sus pasados puestos en el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y el Banco Santander, respectivamente.
“Bajo la dirección de González y García, Santander Securities se estableció rápidamente como administrador principal de emisiones de bonos del gobierno, coincidiendo con el crecimiento de la deuda pública. En 2004, Santander ayudó a emitir sobre $6.1 mil millones en bonos, incluyendo $1.2 mil millones de bonos de la Corporación para el Financiamiento Público de Puerto Rico”, dice el informe de la organización Hedge Clippers y citado por el reportaje del Centro de Periodismo Investigativo que explica esta situación.
El Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda es respaldado por distintas personas y organizaciones como: la Asociación de Economistas de Puerto Rico, la Asociación de Economía Política, el Colegio de Abogados y Abogadas, la Liga de Cooperativas, el Instituto Caribeño de Derechos Humanos, el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores, la Cámara de Comercio, la Sociedad Puertorriqueña de Planificación, Empresarios por Puerto Rico, el Movimiento Amplio de Mujeres, la Asociación de Maestros de Puerto Rico, VAMOS y Espacios Abiertos, entre otras.
Tras la entrega de las firmas, el colectivo espera por una pronta respuesta por parte de la administración actual.
“Si el silencio es lo que reina, nosotros seguiremos con nuestros actos de movilización”, sentenció Prados.
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Adriana De Jesús Salamán
Posee una Maestría de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Es escritora y fotoperiodista. Ha sido galardonada por la ASPPRO y el Overseas Press Club.
