Washington, D.C. – Para Vanesa Restrepo, editora de revistas en Colombia, las contraseñas de sus cuentas en internet se convirtieron en un tema delicado cuando “hackearon” su computadora y revisaron su información personal. Como usuaria, no acudió a ninguna instancia legal, pero tuvo que cambiar todas sus contraseñas. Este tema es recurrente en Internet, aunque toma mayor relevancia mediática con delitos de mayor escala como el acontecido este mes, cuando se conoció el robo de unas 10,000 contraseñas de Hotmail que fueron publicadas en un blog anónimo por programadores de software. “Es una práctica muy común. Pero muchas veces, como en mi caso, la culpa es del usuario por no seguir las recomendaciones de seguridad”, dijo Restrepo. Muchos usuarios se preguntan cómo y dónde están los entes reguladores en Internet. En el “mundo real” vemos a policías, fiscalía, jueces, ejército. Pero en la red, ¿quiénes hacen respetar la ley? ¿Cuáles son las leyes? ¿A dónde acudir? Además, la libertad de expresión y movimiento en la red le genera otra pregunta al usuario: ¿Dónde está el límite entre lo legal e ilegal? Mucha información existe sobre el tema, pero el usuario habitualmente la desconoce. Ese es uno de los retos que se plantean hoy los proyectos que se realizan en nombre de lo que conocemos como Gobierno Electrónico, Administración en Línea, o Gobierno Digital. Se trata del uso de las tecnologías de la información para realizar acciones de gobierno y prestar a los ciudadanos los servicios del Estado. “Se ha dado un cambio paulatino, en donde hemos migrado a ciertas interacciones virtuales que generan la necesidad de establecer los límites entre lo que es legal y no legal. Muchas de las leyes que actualmente existen están diseñadas para una sociedad que no es virtual”, dijo Gilber Correa, tutor del curso de Gobierno Digital que ofrece la Organización de los Estados Americanos (OEA). A medida que las acciones del mundo real se han ido trasladando a Internet, muchos gobiernos en el mundo han entendido la necesidad de extender sus actividades a este escenario. No sólo acciones relacionadas con seguridad, también se efectúan con éxito trámites y acciones de comunicación. “Desde que la OEA en el 2003 comenzó con el curso, el tema entró en las agendas de gobierno poco a poco. Y la seguridad viene como consecuencia de eso, pues los políticos han comenzado a ver la necesidad de abordar una modernización de la gestión pública a través de las nuevas tecnologías”, agregó. En septiembre, Uruguay aprobó un documento que prioriza las acciones de Gobierno en el escenario digital. La carta, radicada por la Presidencia, considera: “El Gobierno Electrónico, desde su propia concepción, avanza hacia el uso de tecnologías de la información y la comunicación con la finalidad de construir una administración pública enfocada en el ciudadano y que interactúe frente a éste como una unidad, evitando la repetición de trámites e integrando los procesos administrativos entre los organismos”. En muchos países se adelantan iniciativas parecidas, como Colombia, Argentina o España. Sin embargo, también sucede lo contrario: Estados con la tendencia a restringir la integración de las herramientas digitales como parte de la vida del ciudadano. La organización Reporteros sin Fronteras los cataloga a los “enemigos de internet” y los tiene bien identificados: Arabia Saudita, Birmania, China, Cuba, Egipto, Irán, Uzbekistán, Siria, Túnez, Turkmenistán y Vietnam. El reporte asegura que países como éstos “recurren al filtrado de la red para bloquear algunos de sus contenidos. Los gobiernos no vacilan en facilitar sólo conexión parcial a sus ciudadanos. Internet se basa en un pacto tácito: los gobiernos sólo dejan accesibles los sitios a cambio de una fuerte autodisciplina en los internautas”. En conclusión, en la medida en que los países no implementen mayores proyectos de Gobierno Electrónico y el usuario no comprenda cómo funcionan las acciones de control en la red, internet seguirá siendo un escenario propicio para nuevas formas de crimen. “Se trata de modernizar la gestión pública utilizando la tecnología, pero teniendo muy claro que la tecnología no es un fin, sino una herramienta para mejorar esa gestión”, concluyó Correa. Para acceder al texto original puede visitar: http://www.conciencianews.com/index.cfm?p=articulos&id=407
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Diálogo
Diálogo es la publicación oficial de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Desde su fundación en 1986, ha servido de taller para los profesionales en formación que actualmente se desempeñan en otros medios dentro y fuera del País. Su plataforma virtual, contiene las versiones impresas desde el 2010 hasta mayo de 2014, mes en que el medio migró exclusivamente al formato digital.
