Gobierno gasta más que la Junta en abogados de quiebra y consultores financieros

 

Los abogados de la Junta de Control Fiscal y del Gobierno de Puerto Rico comían en mesas separadas, poco después del mediodía del miércoles, 25 de julio, en la cafetería del edificio que alberga al Tribunal Federal en Hato Rey.

Allí estaba John Rapisardi, del bufete O’Melveny, el principal abogado de reestructuración de la administración de Ricardo Rosselló Nevares, mientras en otra mesa se veía a Martin Bienenstock, el abogado titular de la Junta.

Como muchos de los ejecutivos de la quiebra, Rapisardi conocía de antes el tema de Puerto Rico. En agosto del 2016, casi un año antes de firmar su primer contrato con el Gobierno, participó de un evento auspiciado por la Cámara de Comercio sobre la Ley Promesa, en un hotel de Condado. Afuera en la avenida Ashford, se asomaban las protestas en contra de la ley federal y las medidas de austeridad. Algunos de los asistentes al evento llegaron hasta allí en pequeños botes, por la Laguna San José, para poder acceder al recinto sin enfrentar a los manifestantes.

“Lo que será importante para la efectividad de la Junta y satisfacer sus altas expectativas es que mantenga su autonomía y el control del proceso. Habrá mucho ruido de fondo”, dijo el abogado durante su presentación.

Año y medio después, Rapisardi firmó la demanda en nombre del Gobierno retando el control de la Junta, y cobra $1,147.50 la hora mediante un contrato que ya le ha rendido más de $2.6 millones.

Una petición de reacción al abogado no fue contestada al cierre de esta edición.

Aunque Promesa empodera a la Junta como único representante de Puerto Rico — la tutora legal del Gobierno — en los casos de quiebra, la administración Rosselló Nevares cuenta con su propio batallón de abogados y consultores que participan activamente en el proceso.

Esta duplicidad de trabajo por parte de los abogados y consultores de la Junta y el Gobierno le ha costado, por lo menos, $150 millones al erario en tan solo un año.

En los primeros 14 meses de los casos de quiebra de Puerto Rico, los ejecutivos de la quiebra contratados por el Gobierno superan a los abogados y consultores financieros de la Junta en cantidad facturada. El bando de Rosselló Nevares sumó casi $90 millones durante este periodo, unos $25 millones más que el equipo de la Junta. Esto ocurre en momentos en que, por ejemplo, se cierran escuelas y faltan trabajadores sociales para atender casos en el Departamento de la Familia.

Duplicidad de trabajo

Para trabajar temas relacionados a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el Gobierno usa principalmente a dos firmas consultoras, Filsinger Energy y Ankura, al igual que dos bufetes extranjeros, Greenberg Traurig y O’Melveny. Todos tienen contratos multimillonarios y su trabajo cubre desde la operación de la entidad y los planes futuros de la AEE — incluyendo el proceso de privatización — hasta la reconstrucción del sistema tras el huracán María y la revisión de contratos como los de Whitefish y Cobra Energy.

Esta consultoría es adicional a la que recibe la Junta de sus abogados y consultores, tales como Citigroup, Proskauer Rose y McKinsey & Co., quienes también trabajan en los mismos temas, tanto en la AEE como en el resto del Gobierno. En total, más de una docena de bufetes y firmas de consultoría financiera asesoran sobre la quebrada corporación pública.

Según se observa en las facturas, todas estas firmas sostienen frecuentemente reuniones o llamadas de conferencia donde todos participan: los consultores del Gobierno, los de la Junta y personal de la AEE. Atienden temas como la liquidez de la corporación pública, la reestructuración de su deuda, los trabajos de reconstrucción y la venta de activos.

Además de participar del proceso judicial en los casos de Título III, los abogados y consultores del Gobierno trabajan en los mismos temas que los que contrata la Junta: la confección y ejecución de planes fiscales y presupuestos; proyectos críticos de infraestructura y alianzas público privadas; y la reestructuración de la deuda pública. Para el Tribunal Federal y algunos expertos consultados por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), esta duplicidad es una de las principales razones para que la cuenta a pagar por estos servicios sobrepase ya los $220 millones en tan solo un año de los casos de quiebra.

“Hay duplicidad en la representación del Gobierno en la mayoría de los casos, radicando mociones que en ocasiones son innecesarias. Creo que el Tribunal va a tener que tomar acción en el futuro en cuanto a estas facturas”, opinó Gerardo Carlo Altieri, un exjuez presidente del Tribunal de Quiebra Federal en Puerto Rico.

Carlo Altieri recordó que tanto la jueza a cargo de la quiebra de Puerto Rico, Laura Taylor Swain, como el examinador de facturas del proceso, Brady Williamson, y hasta uno de los congresistas claves en la aprobación de Promesa, Rob Bishop (R-Utah), ya mostraron preocupación por la duplicidad de esfuerzos en los casos de quiebra y el exceso en facturación de gastos reembolsables. En un año, los contratistas del Gobierno facturaron más de $2.2 millones en gastos de transportación y hospedaje, sobre $220,000 en comidas, y alrededor de $260,000 en fotocopias, impresos e investigación electrónica. En el caso de la Junta, sus contratistas han facturado menos en transportación y hospedaje (unos $260,000), casi lo mismo en comidas (alrededor de $200,000) y hasta tres veces más que el Gobierno en fotocopias, impresos e investigación (sobre $850,000).

Otro ejemplo es lo que llaman “nonworking travel time” en inglés: muchos de estos profesionales facturan la mitad de sus tarifas por hora por el tiempo que les tome viajar a realizar trabajo relacionado a Puerto Rico.

El CPI preguntó al recién nombrado director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Christian Sobrino, si cree que es razonable que abogados y consultores cobren hasta $500 la hora bajo este renglón.

“Tengo que admitir que nunca he visto una entrada como esa. Si me la enseñas, la evalúo en su momento. En general, no creo que alguien debe cobrar por viajar”, contestó el funcionario.

Durante los primeros ocho meses de los casos de quiebra, el bufete del Gobierno, O’Melveny, facturó más de $175,000 en “nonworking travel time”, que es el tiempo que pasaban sus abogados sentados en un avión o un tren, de camino a trabajar asuntos relacionados a la quiebra de Puerto Rico. En el último ciclo de facturación no se observó esta práctica por parte de los abogados del Gobierno, pero en la Junta el caso es diferente, y sus contratistas han facturado más de $320,000 en este renglón.

Según Carlo Altieri, otros ejemplos de duplicidad de esfuerzos y gastos innecesarios son las demandas por parte del Gobierno y la Legislatura en contra de la Junta — y que recién se anunció que serán apeladas por las decisiones adversas que recibieron de la jueza Swain —, las cuales pudieron haberse consolidado. El exjuez también apuntó como un gasto redundante los intentos del Gobierno y la Junta en obstaculizar el acceso a información y documentos sobre la deuda pública

“Hay una cantidad de mociones que se han radicado para proteger a los bancos, las casas de inversiones, los asesores del Gobierno bajo la regla 2004 [bajo el Código de Quiebra federal]. Francamente, [este gasto en abogados] va a resultar innecesario porque esa información hay que darla. Están reclamando inmunidad y confidencialidad para tapar las transacciones del BGF y el Gobierno, y radicando moción tras moción para evitar dar una información que a la larga, los tribunales van a forzar a darla”, dijo Carlo Altieri.

Gobierno contrata, la Junta avala

Sobrino aseguró que, tras estrenarse en el trono fiscal, habrá revisiones a las cuantías y funciones de estos contratistas, mientras que buscará “sinergias” con la Junta para lograr “ahorros notables”. También dijo que consultó a la Oficina del Contralor para que en vez de pagar por horas trabajadas — a tarifas que superan los $1,000 — se cambie a un pago fijo mensual, que incluya el detalle del tiempo que dedican al Gobierno en la facturación.

¿Responde este nuevo intento en lograr ahorros al alto costo y duplicidad de esfuerzos que ha habido hasta el momento por parte de los abogados de la Junta y el Gobierno?, preguntó el CPI.

“No voy a estipular que quizás antes se hizo mal. Eso no es. Es que estamos en un momento donde podemos evaluar y buscar mejoras. De nuevo, estas son señales de mejoramiento”, dijo Sobrino durante una entrevista en las oficinas ejecutivas de lo que fue la institución encargada del manejo fiscal de Puerto Rico, el Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

Momentos antes, sin embargo, el funcionario habló sobre cómo “la duplicidad en su momento fue necesaria” debido al largo proceso que tomó establecer a la Junta, cuando “no había una cultura de trabajo mutuo” y todavía trazaban “los carriles por los cuales íbamos a operar”. Según Sobrino, no es hasta después de dos años de establecida la Junta y a un año del proceso de quiebra que se pueden “apalancar los servicios” de ambas partes para ahorrar en el gasto de abogados y consultores.

Por su parte, la Junta prefiere estar silente a la hora de opinar sobre el gasto de la administración Rosselló Nevares en la externalización de servicios de consultoría relacionados a la quiebra.

“No puedo hablar sobre lo que el Gobierno hace o no con sus consultores, o si utiliza servidores públicos. Tendrías que preguntarle al Gobierno”, contestó la directora ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko, a preguntas del CPI sobre la contratación del Gobierno en materia fiscal y qué esfuerzo, si alguno, realiza el ente rector para controlar este tipo de gastos.

Según la Junta, la entidad ha revisado una decena de acuerdos entre el Gobierno y consultores y encontró que algunas excedían la cantidad presupuestada para estos servicios, o que carecían de cláusulas requeridas por leyes de Puerto Rico, como las que establecen que ningún funcionario de la administración Rosselló Nevares tiene intereses económicos en los acuerdos. La Junta realizó este tipo de “observaciones” en cada uno de los arreglos que revisó relacionados a la quiebra, aunque solamente pasó juicio sobre enmiendas a los términos de contratación y no sobre los contratos en sí.

A pesar de las “observaciones”, dió paso a todos los contratos, excepto uno: Conway MacKenzie, la firma dedicada a proyectar cuánto dinero tiene el Gobierno, debido a que la documentación presentada carecía de información sobre ausencia de conflictos de interés.

Otro contrato sobre el que la Junta mostró preocupación fue el de Todd Filsinger y su firma, Filsinger Energy, debido al alcance y el alto costo de su rol en la AEE bajo los términos del contrato más reciente entre la administración Rosselló Nevares y la firma con sede en Denver. La Junta detalló sus preocupaciones y pidió revisar las funciones de Filsinger en la AEE, pero en la misma misiva, aprobó el contrato.

A principios de agosto, la Junta rechazó un contrato del Departamento de Corrección para servicios médicos a confinados. En julio, rechazó contratos entre MCS y el Fondo del Seguro del Estado relacionados al plan de beneficios que brinda la entidad por no cumplir con el objetivo de $100 mensuales por empleado.

La Junta puede revisar todo contrato cuando su cuantía excede $10 millones, según el protocolo que aprobó. Recientemente, la entidad requirió documentación adicional — como certificaciones de que no existen conflictos o interés económico entre las partes — a la hora de presentar estos contratos para revisión. Jaresko negó que estos cambios respondan a una situación en específico.

De servidores públicos a consultores

Algunos de los consultores financieros del Gobierno trabajaron bajo pasadas administraciones como funcionarios públicos. Ahora, desde el sector privado y cobrando tres o cuatro veces lo que cobraban en el sector público, se encargan de ingeniar las “soluciones” que utiliza el Gobierno para sacar a Puerto Rico de su atolladero fiscal.

Este es el caso de cuatro exempleados de la administración Fortuño: Jorge San Miguel, Gerard Gil, Juan Carlos Batlle y Fernando Batlle, quienes asumieron distintos roles fiscales y ahora están con Ankura, que ha facturado más de $17 millones en poco más de un año. La firma de consultoría financiera abrió oficinas en Puerto Rico en febrero de 2017, dos meses después del comienzo de la administración Rosselló Nevares.

Para Sobrino, el hecho de que hayan trabajado como servidores públicos directamente relacionados a los asuntos fiscales no los descarta. En el caso de Ankura, dijo que “no es justo” levantar banderas sobre una firma donde trabajan “decenas de profesionales y el número quizás de personas que estuvieron en el Gobierno son dos o tres”. Aunque alrededor de 50 empleados de Ankura trabajan en el caso de Puerto Rico, Fernando Batlle y San Miguel lideran la facturación del grupo, con más de $1 millón facturado por cada uno durante el periodo de un año, corroboró el CPI.

“Puerto Rico no puede depender de consultores por el resto de su existencia. Hay que capacitar personal interno, del Gobierno, para asumir responsabilidades que quizás se cubren ahora mismo con consultores, pero que en el futuro, una persona que tiene su nombre puesto en la nómina del Gobierno, las asuma”, dijo Sobrino.

El uso de consultores externos por parte del Gobierno en temas fiscales ciertamente no es nuevo, recordó el profesor y economista, Heriberto Martínez Otero. Apuntó, por ejemplo, a la década de los 1970, bajo la administración de Rafael Hernández Colón, cuando se trajo a la Isla al economista James Tobin, quien publicó un informe que expone gran parte de los problemas económicos que todavía enfrenta Puerto Rico. Sin embargo, opinó que “se ha vuelto de moda” el externalizar este tipo de funciones.

“Trajimos gente bien dura a hacer cosas bien duras. El problema es que eso se volvió uso y costumbre. Dejamos de confiar en la Universidad de Puerto Rico como fuente de consultoría. Lo que hicimos fue empezar a regalar todo ese dinero. […] Todo se ha vuelto más técnico y costoso para Puerto Rico”, concluyó Martínez Otero.

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