América Latina y el Caribe requiere incorporar en sus presupuestos e inversiones el riesgo ante desastres, urgieron en la capital de Costa Rica especialistas y representantes de los gobiernos durante un encuentro sobre el creciente efecto de los fenómenos naturales en las economías regionales.
La Reunión Regional sobre el Impacto Macroeconómico de los Desastres por la Ocurrencia de Eventos Naturales en América Latina y el Caribe, realizada el miércoles 4 y el jueves 5 de octubre, congregó a funcionarios de finanzas, planificación y emergencias de los países de la región y dejó en evidencia la falta de planificación financiera para que los desastres se incorporen a los proyectos públicos.
“Un país no puede decir que es sostenible si la inversión y la infraestructura que sustenta el desarrollo no está protegida ante las amenazas”, subrayó Raúl Salazar, jefe regional para las Américas de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR, en inglés).
El encuentro ocurre cuando la región aún está impactada por los efectos del paso del huracán Irma por varios países y los dos mortíferos terremotos ocurridos en México, eventos sucedidos en septiembre, y coincidió con el paso de la tormenta tropical Nate, que ocasionó en Costa Rica nueve víctimas mortales, 28 desaparecidos y 7000 desplazados .
El Sistema Económico Latinoamericano (Sela), organizador de la reunión al igual que la UNISDR, destacó que la región debe prepararse para desastres naturales cada vez más frecuentes.
Desde 1960 hasta el 2017 la región enfrentó 2,269 desastres declarados como emergencia, que causaron la muerte de 532,284 personas y que significaron pérdidas económicas por más de $213,000 mil millones, destacó el Sela.
Lo más significativo fue que la mayoría de estos eventos se reportaron desde el año 2000.
El grueso de los desastres de la región no están directamente relacionados con eventos geológicos (como los seísmos) sino con situaciones hidrológicas y meteorológicas, que tienen un impacto directo en los servicios públicos de cada país.
En zonas como El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Cuba o Jamaica, el coste de los daños como proporción de la producción multiplica en varias veces el gasto en investigación y desarrollo.
Los representantes de los gobiernos destacaron, por eso, que es cada vez más importante la coordinación entre las carteras de finanzas y de planificación de sus países para que la construcción de obra pública, e incluso privada, considere los desastres naturales.
“Algunas estimaciones en Japón señalan que, por cada dólar que se invierte en gestión de riesgo, hay un ahorro de 12 en inversión. En otras latitudes se manejan otras estimaciones similares pero, al final del día, es mejor invertir en la prevención que gastar mucho más después, en la reconstrucción”, dijo a IPS el secretario ejecutivo del Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales en América Central, Roy Barboza.
Trabas para la prevención
Aunque la región comienza a dar sus primeros pasos para incorporar esas variables en los presupuestos, los esfuerzos aún resultan insuficientes.
Apenas 18 de los 35 países de la región están integrando la reducción del riesgo de desastres en la planificación y en la inversión pública. La mayoría de quienes ya lo hacen, empezaron a incorporarlo hace apenas dos años.
En el último quinquenio, 12 países actualizaron sus marcos legislativos para incorporar riesgo de desastres, pero aún hay países (especialmente en el Caribe) que requieren avanzar más y desarrollar más inversión pública resiliente, o resistente a los embates de los desastres.
Una de las principales trabas está en las restricciones fiscales para el contacto entre los departamentos financieros o de hacienda y de planificación de los países.
“Desde el punto de vista de manejo financiero, si yo le planteo a un financista una inversión en materia preventiva, eso amenaza la condición fiscal de un país, porque los proyectos aumentan de costo y, ¿cómo convencer a un político sobre los aumentos en costos?”, se preguntó Carlos Picado, jefe de Desarrollo Estratégico de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias de Costa Rica.
Desde una perspectiva financiera, explicó Picado a IPS, la inversión en prevención aumenta siempre los costos, pero debe considerarse el análisis del beneficio futuro que genera la obra, y las pérdidas que se generarían por el cese eventual de los servicios tras un desastre.
Por eso, los funcionarios y especialistas urgieron a desarrollar mediciones y datos que permitan a los planificadores demostrar a los responsables de hacienda los posibles costos asociados a pérdidas futuras por desastres.
“Cuando (esa planificación presupuestaria) no se realiza es porque el impacto usualmente está subestimado”, explicó Salazar, de la UNISDR, a IPS. “Uno mira las estadísticas de los desastres que ocurren, y por lo general, sólo recogen los desastres de mayor escala, pero descartan otros pequeños que también son importantes”, afirmó.
Añadió que casi la mitad de los desastres en las estadísticas de la región no se contemplan, por ser de pequeña escala. Eso subestima los costos e impactos que los países consideran cuando abordan y analizan los desastres. Además, esas pérdidas suelen ser asumidas por las familias de bajos ingresos, lo que dificulta más que un país pueda prestarles atención.
Justo esas estimaciones resultan también esenciales para invertir en prevención ante un contexto de restricciones fiscales, como los que enfrentan regiones como América Central.
Para Abenamar De La Cruz, ejecutivo principal de la Dirección de Proyectos del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), las posibilidades de acceso a un crédito son mucho mayores para un país que busca planificar, que para uno que está respondiendo a una emergencia en tiempo real.
A su juicio, la aplicación de créditos, y ejecución de recursos es más sencilla para un país en una etapa previa a un desastre que en un evento de catástrofe. Incluso, las calificaciones crediticias pueden verse afectadas durante desastres, lo que dificulta aún más su acceso a recursos urgentes.
“Estamos pasando por un período de vacas flacas. En los últimos años el saldo fiscal ha estado creciendo, y el espacio de endeudamiento es cada vez menor. Si sumamos el alto riesgo, la alta exposición a desastres y las vacas flacas deberíamos de preocuparnos (…) es mejor planificar”, alertó.
Los desastres incorporan también otras variables sobre la que alertaron los expertos: usualmente afectan con más fuerza a los grupos que se encuentran en pobreza, por lo que los impactos en los servicios públicos pueden incidir negativamente en la cohesión social y aumentar aún más las brechas de la desigualdad.
Mientras tanto, Salazar celebró el desarrollo de reuniones regionales que permitan compartir conocimientos y metodologías para incorporar estas variables en la construcción y el desarrollo de servicios públicos.
El encuentro de San José refleja “un trabajo que ya vienen realizando los ministerios de economía, finanzas y de planificación desde hace casi dos años en trabajar metodologías y formas para integrar la reducción de riesgos de desastres en la evaluación que los ministerios hacen de los proyectos de inversión pública… Eso nos satisface mucho” dijo.
