“La marihuana es una plaga, como el tabaco. Y ninguna adicción, salvo la del amor, es recomendable, pero están ahí”, expresó en el año 2013 en una entrevista el expresidente de Uruguay, José Mujica, al hablar sobre la ley reguladora del mercado de la marihuana que recientemente se había aprobado en Uruguay.
Para explicar un poco sobre cómo funciona esta ley -aprobada en diciembre del 2013- los organizadores de la V Conferencia Puertorriqueña de Salud Pública que se celebró en la Isla durante esta semana, invitaron al doctor Luis Yarsábal, presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública del Comité Científico Asesor para el Monitoreo y Evaluación de las políticas de Regulación y Control de las Drogas en Uruguay.
Yarsábal indicó que dicha ley promueve la producción, comercialización, usos recreativos, medicinales e industriales del cannabis y sus derivados, mientras sea controlado por el Estado. El funcionario uruguayo observó que de este modo logran proteger y mejorar la salud pública de ese país, minimizar los riesgos y reducir los daños por consumir cannabis. También impulsan la debida información y educación sobre las consecuencias y efectos del uso de esta planta.
En la misma entrevista de Mujica, presentada durante la actividad que se realizó en el Centro de Convenciones en San Juan, el ex presidente uruguayo comentó que entiende que el problema con la marihuana, y las drogas en general, es el narcotráfico. “Queremos identificar lo que consumen, sacarlo de la sombra; ofrecer una oportunidad regulada para que no tengan que recurrir al narcotráfico”, expresó.
Un problema de salud pública
Yarsábal recalcó que el vicio de las drogas es un problema de salud pública. Argumentó que al Estado tomar control de la producción y venta del cannabis se mejora la convivencia social. “Lo más importante es que hemos regresado a las raíces de la fiscalización de drogas colocando la salud en el centro de la política sobre las drogas”, comentó.
Anotó que la aplicación del modelo provisionista, que utiliza estrategias sociales, educativas y sanitarias para reducir los efectos negativos de las drogas ilegales, deja en manos del gobierno la regulación, transporte y comercialización de las sustancias controladas con precios que pueden competir con el mercado clandestino, brindando así seguridad a los usuarios de esta sustancia y sus derivados.
Informó que actualmente el gobierno uruguayo permite tres maneras de conseguir el cannabis: por cosecha en la casa, por clubes de membresía y por la compra en farmacias. Indicó que se ha creado una estructura de control en la que el consumidor no se puede pasar de los 40 gramos mensuales y 480 gramos anuales. Para asegurar esto existe un registro digitalizado donde la persona coloca su huella a la hora de comprar.
Yársabal dijo que para poder regular y crear un ambiente seguro, se estipuló excluir a menores de 18 años de comprar y se prohíbe el uso en lugares públicos y cerrados, instituciones de salud, centros de enseñanza y oficinas de gobierno. Tampoco se debe utilizar dentro de un vehículo o conducir bajo los efectos de la sustancia.
Comentó que la idea de la fiscalización del cannabis y drogas en general sale de una reunión con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el 2010, en donde el secretario de la oficina para la droga y el delito de esa entidad presentó la importancia de fiscalizar y atender el problema de la sustancias controladas desde una perspectiva salubrista.
Afirmó que la estrategia adoptada por Uruguay no es tan solo un gran paso en la lucha contra el narcotráfico, también es una manera de modernizar la salud pública, al utilizar esa sustancia controlada para tratar múltiples síntomas y enfermedades y a la vez generar ingresos para el sistema de salud pública en el país. De igual manera, es una forma de erradicar la discriminación de minorías étnicas y raciales, y bajar la tasa de encarcelación, pues entiende que la prohibición hace uso excesivo de la prisión como medida de control.
Sostuvo que para el año 2013, el mercado mundial de drogas había generado un total de $350 mil millones anuales en ganancias. Destacó que de esa cantidad, $4,200 millones provenían de América del Sur. Asimismo, aseguró que legalizar la compra y venta del cannabis ha sido un movimiento clave para poder combatir con este mercado ilegal.
El funcionario también criticó que el modelo prohibicionista del manejo de las drogas haga uso excesivo de la prisión como medida de control. En el año 2011 la posesión de sustancias ilegales constituía el 83 por ciento de los delitos relacionados con drogas a escala mundial, mientras que en el año 2014 el número de personas encarceladas por posesión era de un 21 por ciento, según Yarsábal.