En medio del furor de las campañas demócratas a las primarias presidenciales en la isla, el Congreso de Estados Unidos soltó el pasado miércoles un nuevo borrador para el Puerto Rico Oversight Management and Economic Stability Act o PROMESA, según sus irónicas siglas en inglés.
Y esta nueva versión de PROMESA promete mucho más que cualquier candidato que venga a buscar votos a Borinquen, aunque –contrario a ellos– lo que propone no apunta a ser bondad para los puertorriqueños. Es más, para dos profesores de política internacional entrevistados por Diálogo, todo indica que la propuesta Junta de Control Fiscal viene a sustituir de lleno al gobierno de Puerto Rico –efecto, al fin y al cabo, del rampante bipartidismo colonial que ocasionó el voto popular y penepé de un pueblo acondicionado a las malas mañas del Frankenstein que llaman Estado Libre Asociado (ELA).
Toquemos algunos puntos del proyecto antes de entrar en el análisis de los académicos. Con la actualización, a PROMESA se le da aún más potestad a los bonistas sobre Puerto Rico, lo que augura un vicioso jaque a la calidad de vida del puertorriqueño de a pie. Para empezar, en esta versión se habla de un acercamiento de mayor austeridad, lo que pudiese muy bien enviar al mercado patrimonios puertorriqueños como recursos naturales y edificios públicos, además de empeorar la situación salarial del boricua al bajarle el sueldo mínimo a $4.25 a los jóvenes menores de 25 años de edad.
Incluso, hasta la Coalición del Sector Privado, que ha cabildeado en Washington para incluir medidas a favor de la economía ciudadana, ha dicho que el nuevo proyecto aún carga muchísimos defectos.
Por otro lado, aún se desconoce cuál sería la composición de la Junta de Control Fiscal que impondría PROMESA, y la situación es tan y tan bizarra que hasta altos gerenciales de Facebook andan involucrados en el asunto.
Al fin y al cabo, desde el punto de vista histórico, esto parece un retorno al colonialismo más burdo que ha existido en el planeta Tierra, algo más grotesco que una escena de alguna ochentosa película de italiana de terror como Holocausto caníbal o Antropófago. Medidas como la que especifica que toda acción de la junta se celebrará a puerta cerrada, o que la restructuración de las pensiones para pagarle a los bonistas millonarios es prioridad, o la que asegura que los miembros de la junta no pueden ser demandados, lucen a primera vista obscenas, cancelan la necesidad de un gobierno puertorriqueño y aparentan ser, a todas luces, esclavistas.
“Esto sigue siendo una imposición de una junta colonial que en gran medida viene a dejar inoperante la estructura del gobierno local”, discernió el profesor de política internacional del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), Aníbal Aponte Colón.
Para el veteranísimo estudioso, “es muy difícil que alguien que quisiera ganar unas elecciones pueda administrar lo no administrable”.
“La gran cantidad de poderes económicos que poseería esta junta de representantes de los acreedores, cuya preocupación principal va a ser pagar las deudas contraídas por el gobierno de Puerto Rico, establece un prejuicio inmediato para el trato del asunto público del pueblo puertorriqueño. Es enorme esa cantidad de poderes”, señaló Aponte Colón.
El erudito se transportó incluso a la década de los noventa, cuando, bajo el régimen de Pedro Rosselló, “se daba el debate sobre la privatización de las cosas y en un momento se hablaba de que lo que el gobierno no puede privatizar es su razón de ser”.
“Pues aquí estamos viendo como desaparece la razón del Estado como tal, la razón de existir del gobierno puertorriqueño. Básicamente, estamos de vuelta a un gobierno militar de principios de siglo, a un modelo de una oficina colonial estadounidense que realmente está sacada del modelo británico original. Aquí la preocupación principal de la junta no es las necesidades del pueblo, sino pagarle a los bonistas. Esto es algo que los economistas llaman tradeoff, una cosa a cambio de la otra. En esta transacción hay unos que ganan y otros que pierden”, disertó el profesor del recinto mayagüezano de la Universidad de Puerto Rico (UPR).
Asimismo, comparó esta gestión federal con “las juntas intervencionistas que estableciese Estados Unidos durante la primera década del siglo XX”.
“Y hablo particularmente del Caribe, cuando por ejemplo, en plena época intervencionista de 1916, establecieron una junta de control de aduana en República Dominicana, para ponerla al servicio de una deuda que había con Estados Unidos”, recordó Aponte Colón.
“Vamos rumbo a un gobierno encerrado dentro de otro gobierno, como siempre ha sido, pero a su máxima expresión. El gobierno que nosotros pasaremos a elegir en noviembre será básicamente un gobierno de fantoches, un gobierno de escaparate”, manifestó.
El profesor de política internacional del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, José Rivera, concordó con su colega del oeste.
“Esto es una reversión al poco progreso, si es que lo podemos llamar así, que hemos tenido desde 1952, y cuando digo progreso me refiero a autonomía fiscal”, criticó Rivera.
“Desde el momento en que empiece a funcionar [la junta] no habrá ninguna potestad en la gobernanza fiscal. Es un regreso obvio, si no nos habíamos dado cuenta antes, a una relación colonial absoluta y total. Se ha transformado de la peor forma posible este proceso político llamado ELA en un desastre”, manifestó Rivera.
El también analista de varios medios de comunicación entiende que “la Junta de Control Fiscal es una medida que confirma nuestra relación de subordinación con Estados Unidos, pero esta coyuntura, a la que yo le llamo la economía política de la debacle, nos la hemos creado nosotros mismos”.
“Nosotros hemos agenciado y articulado este desastre gracias a que consistentemente, desde 1952, hemos elegido gobiernos colonialistas del Partido Popular Democrático (PPD) y del Partido Nuevo Progresista (PNP). Aun cuando este último ha adoptado discursos de anticolonialismo, no ha hecho más que dos cosas cuando llega al poder: administrar a colonia y hacer todo lo posible por menoscabar el poco espacio de autonomía y maniobra que tenía el ELA, sin procurar un proceso económico que le permita [a la Isla] una posición para encontrar la anexión. Desde mi punto de vista, todo el daño que estos partidos nos han hecho no es culpa de ellos porque consistentemente, desde 1952, hemos estado dando nuestro consentimiento a este desastre a través del voto”, teorizó Rivera.