La administración de Ricardo Rosselló ya tiene una lista de incentivos a sectores y empresas que, según un estudio del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), no ofrecen un retorno de inversión a las arcas públicas, y por lo tanto recomendará su eliminación. Entre estos se encuentran los subsidios a la agricultura y a la industria lechera, subvenciones a la industria del cine y el llamado Fondo de Energía Verde, que promueve proyectos renovables privados.
El DDEC llevó a cabo el estudio para conocer la efectividad de esos gastos fiscales como parte del proyecto de ley para un nuevo Código de Incentivos, que está preparando el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Laboy.
Los incentivos a las manufactureras, al turismo y a la industria del ron son un buen negocio para las arcas públicas, según el estudio, porque ofrecen un retorno de inversión positivo.
Un resumen de esos hallazgos se encuentra en un documento de la agencia con fecha de marzo de 2018 que vio el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). El DDEC aún no ha hecho público el estudio, porque alegadamente planifica presentarlo junto con el proyecto de ley que modificaría los incentivos, dijo Laboy, sin precisar la fecha en que esto ocurrirá.
Los que el DDEC propone eliminar
Los subsidios a la agricultura fueron identificados por el DDEC como unos de los más perdidosos. El resumen del estudio al que tuvo acceso el CPI no los detalla, aunque indica que son “todos”, lo que podría implicar que tanto los incentivos a los agricultores locales como a las compañías globales de biotecnología, como Monsanto, Bayer Crop Science y Pioneer Hi Breed, se afectarían por igual.
El incentivo más importante para este sector es la Ley 225, que permite certificar a empresas e individuos como agricultores bona fide, lo que les exime de contribuciones a la propiedad mueble e inmueble, patentes municipales, contribución sobre ingresos y arbitrios, entre otros beneficios.
Entre los subsidios marcados por el DDEC como los más perdidosos se encuentran también los de la Ley 52 para propiciar oportunidades de trabajo y la Ley 168 de exenciones contributivas a hospitales ya que tuvieron, entre todos, un alto costo fiscal para el Gobierno, $146 millones al año, y pérdidas netas para el erario de $124.5 millones, según el informe.
“Yo no te puedo decir que se va a eliminar. Te puedo decir que por primera vez vamos a tener esa discusión con datos, identificando cuáles son las mejores prácticas, usando un método científico, con información racional que podemos usar para hacer política pública”, dijo Manuel Laboy al CPI.
“El Código de Incentivos lo que hará es recomendar a la Asamblea Legislativa que, a base de este estudio, se queden los incentivos con retorno de inversión positivo, y los que son negativos, los consideren reducir. El código va a ser una guía”, agregó.
José Pérez Riera, quien dirigió el DDEC bajo la administración del exgobernador Luis Fortuño (2009-2013), y que en ese periodo otorgó incentivos a la industria de las semilleras y del cine, fue uno de los contratados por la agencia para la preparación del análisis de retorno de inversión. La firma multinacional Pwc, de servicios en contabilidad, también asesoró al DDEC en la preparación del estudio. El DDEC está discutiendo no obstante el contenido de este en reuniones con distintos grupos profesionales y de interés, y economistas.
El CPI pudo ver el informe que alegadamente se le ha enseñado a esos grupos, pero el DDEC no le permitió fotografiarlo ni tener copia. El secretario aún no ha explicado el detalle del análisis por sector ni qué números está usando para llegar a sus conclusiones.
Otra categoría de los incentivos con retorno de inversión negativo es la que el DDEC denomina como de gasto medio por parte del Gobierno, en los que invirtió $24.1 millones anuales y tuvo una pérdida neta de $17.2 millones. Entre estos se encuentran la Ley 72 que otorga exenciones a la industria lechera, la Ley 27 que usan principalmente productoras de cine de Hollywood, la Ley 171 que crea el Programa de Desarrollo de la Industria Cinematográfica, y la Ley 212 de rehabilitación de centros urbanos.
Al Programa de Control de Precios de la Leche, que subsidia costos de producción del sector, lo ubican en un punto medio entre los incentivos de alto y medio costo con resultados perdidosos, según el DDEC.
El DDEC analizó sobre 50 incentivos, algunos de los cuales datan desde antes de la década del 70. Tienen un costo fiscal de $600 millones al erario anualmente, según Laboy. El nuevo Código de Incentivos permitirá a la administración de Ricardo Rosselló saber de dónde recortar sobre $250 millones en subsidios al año para compensar la baja en las tasas contributivas de individuos y corporaciones que propone el nuevo Código Contributivo que prepara el Departamento de Hacienda, logrando así un “efecto neutral”, añadió el secretario de Desarrollo Económico.
El Código de Incentivos también busca cumplir con las disposiciones del plan fiscal del gobierno central, certificado por la Junta de Control Fiscal, el ente nombrado por el gobierno de Estados Unidos para mandar sobre el proceso de reestructuración de la deuda de Puerto Rico. Este plan señala que los créditos, deducciones e incentivos no están alineados con una estrategia de crecimiento económico, hacen el sistema contributivo más complejo y erosionan la base contributiva. El plan ordena un informe sobre el costo fiscal de esos privilegios que reciben las empresas.
Deepak Lamba Nieves, director de investigación del Centro para una Nueva Economía (CPI)
“Por primera vez hay un criterio claro de cómo se va a otorgar los incentivos y por qué. Esto podemos verlo como un paso adelante. Si el proceso es transparente o no, estamos por verlo”, dijo Deepak Lamba Nieves, director de investigación del Centro para una Nueva Economía (CNE), un grupo que analiza políticas económicas. El planificador explicó al CPI que estos gastos fiscales no necesariamente son malos, sino que pueden mejorar la economía si se entregan con criterios para los sectores que realmente lo necesitan. En una reunión con el DDEC, el CNE le hizo sugerencias a la agencia sobre las mejores prácticas de contabilizar y administrar estos subsidios.
El método de costo beneficio que se usó para estudiar cada incentivo considera los empleos directos, indirectos e inducidos, los salarios pagados, los impuestos que las corporaciones ingresan a las arcas y el valor de las exportaciones. “Después de que se incentiva la actividad económica, si a Hacienda regresa más de un dólar, hay un retorno de inversión positivo, y si regresa menos de un dólar, tiene un retorno de inversión negativo”, explicó Laboy.
Los incentivos que son un buen negocio, según el DDEC
Entre las medidas fiscales que ofrecen un retorno de inversión favorable se encuentran el grupo de incentivos de alto costo para el Gobierno, de sobre $583.7 millones anuales, que rindieron una ganancia neta de $3,302 millones. Aquí están todos los incentivos al sector turístico, la Ley 135 de incentivos contributivos a las manufactureras, el Fondo para el Desarrollo Económico y el Fondo del Incentivo Económico, así como la Ley 178 de incentivos a la industria del ron.
Sobre esta última ley, el CPI publicó en 2017 una investigación que demuestra cómo el Gobierno ha dejado de devengar $454 millones anuales para entregarlos a compañías que han mostrado crecimiento mientras han reducido su aportación al erario.
En el informe que vio el CPI no estaba la polémica Ley 22, que atrae a millonarios a cambio de pagar pocos impuestos. La oficina de prensa del DDEC indica que fue incluido en el estudio y se encuentra en la categoría de gastos medianos y retorno de inversión positivo.
Durante unas vistas en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes el 8 de mayo, Laboy abogó porque sea la agencia que dirige y la Oficina de Exención Contributiva Industrial del DDEC las que tengan la responsabilidad exclusiva de otorgar decretos e incentivos. Ahora el Departamento de Agricultura, por ejemplo, puede declarar a cualquier empresa como agricultor bonafide, lo que abre la posibilidad de que reciba un abanico de privilegios contributivos y subsidios, fuera de una estrategia integral de desarrollo económico.
Manuel Laboy Rivera, secretario de Desarrollo Económico (CPI)
“Queremos asegurarnos de que los incentivos económicos no solo son relevantes, sino que los podamos medir”, dijo Laboy. “Queremos garantizar que gozan de certeza y confianza, creando un ambiente seguro y estable para hacer negocios en Puerto Rico”.
Laboy pidió además reducir a veinte días el “excesivo” periodo de cuatro meses que actualmente emplea el Gobierno para contestar a una empresa si le concede un decreto.
El DDEC identificó además otros subsidios catalogados como gastos medianos por parte del Gobierno, de $20.7 millones anuales, que rindieron una ganancia neta total de $547.3 millones, y por lo tanto se encuentran entre los candidatos para quedarse. Entre estos están la Ley 113 que promueve la industria de cruceros, la Ley 73 de incentivos a la manufactura y la Ley 20 para la exportación de servicios.
Más allá de un nuevo Código de Inventivos, Laboy dice que quiere hacer una “reforma”, porque alega que está cambiando sustancialmente la manera en que se han otorgado históricamente los subsidios, caracterizados por no tener ningún tipo de rendición de cuentas.
A esta práctica el economista Francisco Catalá la ha llamado el proceso del “desmandamiento” en su libro Promesa rota: una mirada institucionalista a partir de Tugwell, refiriéndose a que a Puerto Rico se le ha ido la mano otorgando incentivos desde antes de la creación del Estado Libre Asociado. Pone como ejemplo del génesis de estas políticas la Ley 346 de 1947, cuando inicia una intensa industrialización a base de inversión externa por medio de la exención del pago de contribuciones.
“Con pocos eslabonamientos o vínculos con el resto de la economía, orientado a la exportación y propenso a una creciente remisión de ganancias hacia el exterior… el camino queda expedito para, como han dicho tantos, un país en el que ‘se produce lo que no se consume y se consume lo que no se produce’, en el que el desempleo, junto a la deserción del mercado laboral, se acepta como problema crónico, la emigración se postula como válvula de escape y la dependencia se asume como condición inexorable”, plantea.
Las semilleras de transgénicos cabildean para proteger sus incentivos
Cuando Laboy informó a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes acerca del nuevo Código de Incentivos, una de las preguntas del representante Joel Franqui fue qué sucederá con las ayudas a la agricultura. “Es preocupante, muchos agricultores me han llamado respecto a cómo los van a impactar”, indicó.
Entre los grupos empresariales que han cabildeado ante Franqui, quien dirige la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales, está la Asociación de Biotecnología Agrícola, mejor conocida como Prabia. Las semilleras se reunieron en marzo de 2018 con esa comisión, en una vista que no fue puesta en calendario y a la que no se permitió acceso al público, para defender sus privilegios fiscales, confirmó la abogada Adriana Gutiérrez, asesora legal del representante independentista Denis Márquez.
Los incentivos buscan crear una ventaja competitiva estableciendo condiciones que antes no existían para que empresas se interesen en invertir. Uno de los criterios del Código que propone Laboy es evitar incentivar las actividades que de todos modos hubieran ocurrido sin el incentivo.
La isla ya les ofrece una ventaja competitiva a las semilleras: un alto índice de calor que les permite acortar a la mitad el tiempo de investigación de nuevas variedades de plantas transgénicas, cobijados bajo el mismo sistema legal de Estados Unidos, uno de los más liberales para los experimentos con semillas modificadas genéticamente.
Durante la reunión para defender los subsidios ante la Comisión que dirige Franqui, las semilleras presentaron su propio informe de beneficios económicos, que comisionaron a la firma Estudios Técnicos. El informe no habla de que ya en Puerto Rico hay una ventaja competitiva. Indica, usando datos provistos por las mismas empresas que defienden los privilegios fiscales, que son más los beneficios que los costos que desglosó el CPI en una investigación que encontró que las semilleras de Prabia recibieron sobre $526 millones en privilegios fiscales durante la década de la crisis económica, y esto no incluye todos los incentivos ni los beneficios recibidos por todas las compañías de Prabia.
Las semilleras, que no producen alimentos para consumo en la isla, sino que envían las semillas modificadas genéticamente para experimentos posteriores fuera de Puerto Rico, argumentan que su valor principal está en la creación de empleos. Pero esos empleos son subsidiados en gran parte por la Administración de Desarrollo Agropecuario, que fue creada para atender la pobreza en el campo y que busca que la agricultura pague salarios modestos, algo que no se explica en el estudio de Prabia.
No hay una investigación oficial publicada que contabilice la aportación real del sector versus los beneficios que reciben. Los estudios oficiales del DDEC son los llamados a demostrar por qué los subsidios agrícolas que también reciben las semilleras no son efectivos.
“Por otro lado hay que ver que esa lógica sea sana para otros sectores, ver quién gana y quién pierde en el camino. No siempre se va complacer a todo el mundo. El DDEC debe explicar en el proceso, si había otras maneras de medir el impacto de los sectores, qué otros criterios descartaron y qué otras maneras había de aumentar la economía además del asunto fiscal. ¿Dónde cae la seguridad alimentaria? Hay que ver si este sistema es el adecuado y va a haber que probarlo y ver que genere los beneficios, y si no, refinarlo y redefinirlo hasta que logre incentivar las actividades que generen mayor desarrollo económico”, añadió Lamba Nieves, refiriéndose a la producción local de alimentos.
Héctor Cordero, presidente de la Asociación de Agricultores, aseguró que el DDEC no se ha comunicado aún con este gremio para hablar sobre los hallazgos del estudio.
“Si los subsidios agrícolas son lo que dan menos ingresos a Gobierno, puede ser verdad, porque tienen exención de 90%”, explicó Cordero, quien aseguró que hay que considerar otros factores que no sean el retorno de inversión para las arcas. “El efecto multiplicador de cada dólar que se invierte en la agricultura tiene un efecto de tres dólares en la economía. Y, si se elimina la Ley 225, vas a terminar con la agricultura, que no puede competir con los productos que vienen de República Dominicana y de Centroamérica y de Suramérica. La ganancia del agricultor está en las exenciones contributivas”, sentenció.
Comentarios a emartinez@periodismoinvestigativo.com.
