Durante las últimas semanas hemos presenciado una discusión sobre el impacto que tendría la derogación de la Ley 80-1976 sobre el mercado de trabajo y la economía de la isla. Esta discusión surge como parte de la negociación efectuada entre el Gobierno de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal (JCF) para la aprobación del nuevo plan fiscal.
La JCF recomendó al gobierno una serie de medidas económicas de austeridad dirigidas a reducir el costo de hacer negocios y así mejorar nuestra competitividad. Entre estas medidas o reformas económicas se encuentra una reforma laboral que incluye la eliminación de la Ley 80-1976. Esta ley le provee al trabajador una compensación justa por causa de despido injustificado.
Según la junta y sus economistas, la eliminación de la Ley 80-1976 tendría un efecto de 0.3% ($430 millones) en el crecimiento del Producto Nacional Bruto (en términos reales), lo que podría generar la creación de miles de empleos. Se espera que el mejoramiento de las condiciones de empleo proyectado tenga un efecto positivo sobre el mercado laboral, lo cual induciría en un aumento en la tasa de participación laboral.
En este artículo intentaremos poner en contexto esta discusión conforme a la teoría del mercado de trabajo y la evidencia empírica encontrada tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos.
¿Qué es la tasa de participación laboral?
De acuerdo con el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico, la tasa de participación laboral es la proporción que representa la fuerza trabajadora (empleados + desempleados) de la población civil no institucional de 16 años o más.
Este es un indicador que representa la oferta de trabajo en el mercado laboral. Los datos oficiales para el mes de abril del presente año nos indican que la tasa de participación laboral se encuentra en 40.4%.
Cabe indicar que por más de 60 años la tasa de participación laboral ha sido menos del 50%. Aun en la mejores etapas de desarrollo económico de la isla no pudimos lograr que la fuerza laboral superara el 50% de la población apta para trabajar. Esto sin lugar a dudas es uno de los principales dilemas de nuestro modelo de desarrollo económico.
Teoría de mercado laboral
Como en todo mercado, en el mercado laboral existe una oferta y demanda por trabajo. Cuando hablamos de oferta de trabajo nos referimos al número de personas en la población que está apta para trabajar.
En cambio, la demanda por trabajo se refiere al número de personas cualificadas que las empresas requieren para producir u ofrecer algún servicio en los diferentes sectores económicos. Por consiguiente, en el mercado laboral interactúan la oferta por trabajo y demanda por trabajo, dado la tasa salarial prevaleciente a fin de lograr un supuesto equilibrio de mercado.
La teoría económica que explica los determinantes de la oferta de trabajo o la tasa de participación laboral sostiene que esta no solo responde a factores relacionados con la demanda por trabajo o con los cambios en las oportunidades de empleo sino al costo de oportunidad de trabajar versus mantenerse ocioso.
Es decir, los individuos tienen una función individual de preferencias donde la decisiones de participar en el mercado de trabajo están basadas en su evaluación sobre la relación entre el ingreso (salario mínimo o promedio) que devengaría por trabajar con respecto a los “otros beneficios” (transferencias personales) que obtendría por no trabajar o estar ocioso (Gary Becker, 1965).
En el caso de Puerto Rico se ha encontrado que los “otros beneficios” o transferencias personales (PAN, TANF, Seguro Social por Incapacidad y otros) tienen un efecto negativo en la participación laboral de los varones y las hembras. Por tanto, si las personas reciben “otros beneficios” que son igual o mayor al salario esperado (por ejemplo, salario mínimo o promedio en el mercado) por trabajar, probablemente optarían por mantenerse ociosos o no trabajar.
Evidencia empírica en Puerto Rico y Estados Unidos
En el caso particular de la isla, los efectos de los cambios en las oportunidades de empleos (excess demand) o por el lado de la demanda no han demostrado tener un efecto significativo en la tasa de participación laboral a través del desarrollo económico.
Tanto en los estudios de Carlos Santiago (1992) y como uno que realizara este autor (García, 1989) la evidencia empírica que se obtuvo no sostiene que un aumento o cambios en las oportunidades de empleo induzca a un aumento en la participación laboral.
En el estudio realizado por Santiago se sostiene que son los factores demográficos como el envejecimiento de la población, el retiro de los baby boomers y las corrientes migratorias en la isla, las que parecen tener un mayor peso en el comportamiento de la tasa de participación laboral a largo plazo.
Otros estudios realizados en Estados Unidos corroboran la hipótesis que son los programas de bienestar y el Seguro Social los que explican la reducción significativa en la participación laboral durante los ultimos años (Regis Barnichon y Andrew Figura, 2015).
Esta hipótesis también fue corroborada por los economistas Gary Burtless y Orlando Sotomayor (2006) para el mercado de trabajo de Puerto Rico.
Podemos concluir que el supuesto mejoramiento en las oportunidades de empleo que “posiblemente” traería la medida de derogar la Ley 80-1976, no parece ser un factor determinante de la participación laboral en Puerto Rico.
La evidencia empírica que hemos presentado aquí tiende a dar mayor peso a los factores de índole demográficos como aquellos relacionados con las transferencias recibidas por las personas al explicar el comportamiento de la participación laboral. Quizás los esfuerzos deberían ser reenfocados a lograr una reforma a los programas de bienestar que promueva la participación laboral a mediano y largo plazo.
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