Incertidumbre en el residencial ante situación energía eléctrica

Don Carlos Miranda no entiende bien lo que sucede con su servicio eléctrico. Allí, sentado en un banquito cerca del Teatro Osvaldo La Salle, en el Residencial Luis Llorens Torres, don Carlos espera el trolley del Municipio de San Juan. En una mano, lleva su recibo de energía eléctrica.

“Yo no entiendo bien esto. Siempre he recibido un subsidio, pero ahora mezclaron lo del agua y la luz y hace como seis meses que, o no puedo pagar el agua o no puedo pagar la luz. Entonces, me han mandado una factura cobrándome yo no sé qué, dizque retroactivo. Y yo vivo sólo y no tengo trabajo, porque es que no hay trabajo. Yo no sé qué voy a hacer”, le relata a Diálogo don Carlos, con una energía que no es común en una persona que pasa de las seis décadas de vida.

Con una situación similar está doña Marta García, residente también de Llorens Torres, quien afirma que “a pesar de que yo vivo sola, me están tratando de cobrar nueve mil pesos”. Según dijo, “un mes me llegó un recibo que decía que yo debía 18 pesos. Luego, pasaron varios meses y me llegó uno cobrándome nueve mil pesos. Esto no hay quien lo entienda”.

Al igual que con doña Marta y don Carlos, vimos varios casos de personas que no entienden su situación con respecto a los servicios de energía eléctrica. Ante tanta incertidumbre en el caserío, resulta lógico pensar que todo emana de cierta desorganización dentro de las agencias gubernamentales pertinentes, en este caso la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y el Departamento de la Vivienda. La cosa es compleja.

Por ejemplo, en su caso particular, doña Marta afirma que nunca ha sido beneficiara de la tarifa fija que se impuso el cuatrienio pasado mediante la Ley 69 o Ley Especial de Justicia Tarifaria de Utilidades para Residenciales Públicos. Esta legislación presentada en 2009 por el entonces senador Roberto Arango especifica que los residentes que cualifiquen por necesidad económica, pagarían una tarifa fija de agua y luz, en la mayoría de los casos por debajo de los $50.

“Pero ahora me quieren cobrar $9 mil yo no sé por qué y me dicen que para poder aplicar para la Ley 69 necesito primero dar un pago de $1,400. Yo no entiendo”, manifestó.

La situación se complica aún más ante la posible implantación del Proyecto del Senado 1256, del senador Ramón Luis Nieves, que crearía la Ley para la Reforma de Subsidios del Servicio Eléctrico y Pago de Atrasos de Energía Eléctrica por Agencias y Corporaciones Públicas, que, entre otras cosas, eliminaría la tarifa fija de luz en los residenciales públicos.

De hecho, el senador Nieves se presentaría el pasado viernes, 4 de febrero, en una reunión en el Teatro Osvaldo La Salle que él mismo convocó “en ánimos de orientar a la comunidad sobre lo que abarca este proyecto”.

“Hay mucha, mucha confusión con todo esto”, nos dijo Pablo Meléndez, quien organiza esfuerzos comunitarios en el residencial y a quien muchos de los residentes ven como un líder social en el caserío.

“Realmente, yo no creo que esto sea un problema de una u otra administración de Gobierno. Creo que es un problema institucional. Si me preguntas cómo solucionar este problema de que le quieren cobrar a la gente un dinero retroactivo, y que muchos de ellos se enteran de buenas a primeras, pues yo creo que la solución debería ser empezar desde cero, borrón y cuenta nueva. No veo mucho que aquí se pueda hacer”, indicó Meléndez.

Durante nuestro recorrido por Llorens Torres, vimos pasar un jeep de la AEE con empleados en plenas funciones, pero no nos dio tiempo de inquirirles. Llegamos caminando hasta unos banquitos frente a una escuela del residencial. Si bien es cierto que los residentes de Llorens se solidarizan unos con otros, eso no quita que haya quienes señalen lo que entienden son irresponsabilidades de algunos.

“¡Aquí también hay mucha vagoneta que lo que hacen es parir y parir y parir para vivir del Gobierno! ¡Después las ves por ahí bien apretujás de noche, con las uñas hechas y buscando fiesta!”, dijo una muchacha de algunos treinta años de edad, aunque exigió no ser identificada para propósitos de este reportaje.

“No hay porque ser tan insensible”, interrumpió Pablo. “Es como yo digo, son niñas criando niños”, ripostó, resumiendo el gran mal de los embarazos en adolescentes, precaria situación que cada vez es más normal en los sectores más pobres del país y, vamos, en cualquier sector de la sociedad puertorriqueña.

Hay casos y hay casos. Si bien existe la problemática de algunos listos que se aprovechan del Gobierno, también hay casos que rayan en lo espeluznante, como el del sexagenario José Luis Mojica y su esposa.

“Mi señora está enferma, le dio dos derrames, tiene hipertensión, diabetes. Ahora mismo está acostada. Yo paso todo el día velándola, cuidándola. Trabajo con los chivos que consigo por ahí. Y si sucede algo que nos afecte el servicio de electricidad, pues nosotros no tenemos recursos para poder bregar. Ahora mismo debemos tres mil pesos, no sabemos qué vamos a hacer. Incluso, buscaríamos un plan de pago, pero tampoco creo que podamos resolver con eso”, apuntó don José Luis.

En el edificio al lado de donde vive don José Luis con su esposa enferma, habita doña Rosa Chéveres, una señora de cincuenta y pico años de edad, con artritis y que a duras penas puede caminar, quien dijo que le están cobrando sobre cinco mil dólares de “una deuda que yo nunca supe que tenía”.

“Yo no entiendo porque me están cobrando todo eso. Veremos a ver qué pasa”, expresó doña Rosa.

Comentarios