La Junta del Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto Rico (UPR), a partir de un estudio actuarial, recomendó a la Junta de Gobierno adoptar el plan de amortización cerrada a 30 años que viene proponiendo desde 2014, en lugar de la versión aprobada en 2015 por el máximo ente rector de la institución, y que a su vez fue enmendada mediante el Plan Fiscal en julio pasado.
El informe de la firma Cavanaugh Macdonald examinó tres escenarios distintos: 1) la versión del plan que aprobó la Junta de Gobierno mediante la Certificación 146 en junio de 2015; 2) la versión del Plan Fiscal, y 3) la propia versión de 2014 de la Junta de Retiro.
De acuerdo con el informe, que se fundamenta en los supuestos utilizados en la evaluación actuarial realizada en junio de 2016 y la información provista en el Plan Fiscal –que presume una reducción de personal universitario de 2% a 3% anual hasta 2026– el plan de retiro que adoptó la Junta de Gobierno mediante la Certificación 146 en junio de 2015 y que contempla una amortización a 40 años “aumenta el riesgo de insolvencia para el Sistema [de Retiro]”.
“Tomando en cuenta el flujo de efectivo negativo del Sistema, si hay una caída en el mercado por uno o dos años y el Sistema tiene que vender más activos para cubrir el pago de beneficios, será más difícil que el Sistema se pueda recuperar”, plantea el estudio.
Contrario a la Certificación 146, según la cual la institución contribuye al sistema un porcentaje a base de la nómina total, el Plan Fiscal establece una aportación fija hasta 2026.
En ese sentido, las condiciones del Plan Fiscal “son mejores para el estado financiero del Sistema en comparación con el método adoptado por la Universidad de aportar como porciento de nómina porque se anticipa una reducción en la nómina hasta el año fiscal 2026”, indica el estudio.
El informe advierte que bajo los tres escenarios el sistema sería incapaz de aguantar una caída en el mercado. Según el plan de amortización a 30 años, se necesitaría un rendimiento anual de entre 6.3% y 8.1%, mientras que para saldar la deuda actuarial bajo las condiciones del plan de la UPR se necesita un rendimiento entre 7.2% y 11.8% “para evitar un flujo de efectivo negativo”.
Bajo el plan de la Junta de Retiro, la Universidad podría dejar de aportar al fideicomiso a partir de 2045, cuando el plan alcanzaría un ‘funding ratio’ de 100%, aunque en el ínterin tendría que aportar cifras que superan en decenas de millones lo que se prevé que contribuya según el Plan Fiscal. Entre 2024 y 2044, la institución aportaría anualmente entre $105 millones y $187 millones.
Según el plan vigente, la UPR aporta menos en el corto plazo, lo que provoca que el ‘funding ratio’ del sistema descienda desde el 47.8% en que se encontraba en junio de 2016 hasta cerca de 30% en 2038. A partir de 2044, la contribución de la Universidad tendría que ascender anualmente desde unos $160 millones hasta superar los $200 millones para poder cerrar la brecha actuarial para 2056.
En noviembre, la Junta de Retiro denunció que la Junta de Gobierno, a insistencia de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, estaba contemplando reducir significativamente los beneficios definidos en el plan vigente, o bien eliminar por completo el sistema y adoptar uno de contribución definida.
La Junta de Gobierno debe entregar un nuevo Plan Fiscal a la Junta de Control Fiscal a más tardar el 9 de febrero de 2018.
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Manuel Guillama Capella
Periodista. Es estudiante graduado del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Completó un bachillerato en Información y periodismo en la misma institución. Apasionado y conocedor del deporte local e internacional.
