La ley PROMESA y la junta de control fiscal han encontrado oposición entre grupos de ambientalistas, economistas, estudiantes, candidatos a la gobernación, políticos y personas que rechazan que el estatuto federal de Supervisión, Gerencia y Estabilización Económica para Puerto Rico sirva a los intereses de los acreedores por encima de las necesidades de los puertorriqueños y que es una afrenta a la Constitución de Puerto Rico, el medio ambiente y las condiciones laborales.
James ‘Jim’ Millstein, el principal asesor en reestructuración del gobierno, presidente de la firma Millstein & Co. y quien trabajó en el borrador de PROMESA, reconoce que la junta de control fiscal puede tomar decisiones que serán rechazadas por algunos sectores.
“No hay duda de que van a denunciar a la junta de control dado la tarea que están obligados a hacer, que es tomar decisiones que un grupo u otro puede considerar controversiales. Pero, tú sabes, por eso son nombradas las juntas de control, cuando decisiones difíciles pero necesarias tienen que tomarse pero no se están tomando. Pasó en la ciudad de Nueva York, pasó en Washington D.C. en los ‘90, en Miami, Filadelfia; esto pasa”, dijo Millstein en una entrevista con el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), luego de participar en un panel titulado ‘The ABCs of PROMESA’, como parte de un seminario organizado por el Ravitch Fiscal Reporting Program de la Escuela Graduada de Periodismo en la Universidad de la Ciudad de Nueva York el pasado 9 de agosto.
Millstein no ha logrado ningún acuerdo entre el gobierno y los bonistas desde que fue contratado en 2014, aunque el gobierno ha gastado más de $59 millones en contratos entre Millco, la subsidiaria de Millstein & Co., y el Departamento de Hacienda y el Banco Gubernamental de Fomento. El contrato más reciente se le otorgó por un mes de duración el pasado 1 de julio de 2016 por $1,215,000, para servicios de consultoría a la recién creada Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico.
Antes de trabajar para el gobierno de Puerto Rico, Millstein, quien es abogado, trabajó para el Departamento del Tesoro, entre el 2009 y el 2011, donde fue responsable de la supervisión y gestión de las inversiones más importantes del Departamento en el sector financiero. Antes ocupó el cargo de “banquero de inversión senior” en la firma Lazard Advisor, del año 2000 al 2009. Antonio Weiss, consejero del secretario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Jacob Lew, que ha impulsado la ley PROMESA en el Congreso, también trabajó para Lazard.
El CPI preguntó a Millstein si habría algún conflicto de interés por su trasfondo trabajando para la firma Lazard y con el Departamento del Tesoro.
“Yeah, yeah, yeah, somehow it’s like a Lazard conspiracy? (Sí, sí, sí, ¿de alguna manera es como una conspiración de Lazard?)”, contestó Millstein entre risas.
Dijo que llegó al Departamento del Tesoro porque estaban buscando gente de bancos de inversión independientes y que no tuviesen conflictos de interés. “No iban a buscar gente de Citibank o JP Morgan, porque los estaban reestructurando a ellos. Así fue que un grupo de Lazard terminó en el Departamento del Tesoro”.
Sobre su contratación con el gobierno de Puerto Rico, Millstein dijo que se debió a su experiencia en procesos de reestructuración. Antes de trabajar para Lazard, Millstein fue jefe de reestructuración corporativa del bufete Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, quienes actualmente fungen también como asesores en reestructuración del gobierno de Puerto Rico.
Antonio Weiss y Millstein trabajaron juntos en Lazard por ocho años, “él estuvo mucho antes de que yo llegara y mucho más después de que me fui. No éramos los mejores amigos pero sí, los dos trabajábamos en Lazard. Pues bien, ¿cómo eso es una conspiración? Lazard Asset Management es diferente del Lazard Advisor Group y Lazard Management maneja más fondos de acciones, no manejan muchos bonos, pero es posible que tengan (bonos de Puerto Rico). Pero aun así no veo cómo eso crea un conflicto para Antonio. Cuando yo entré al gobierno tuve que vender todo lo que yo poseía en Lazard, vendí todas mis acciones, terminé con todos mis acuerdos de empleo y a Antonio no sé que le hicieron hacer pero sé que tuvo que terminar todas sus relaciones con Lazard”.
¿Así que usted no ha entrado en ningún conflicto de interés durante este proceso?
“Pues sí, si alguno, es que yo puedo coger el teléfono y llamar a Antonio y tener mi llamada devuelta eventualmente, el mismo día. Pero tú puedes coger el teléfono y llamar a quien sea en el gobierno; todo el mundo puede llamar a todo el mundo en el gobierno y ellos tienen el deber de devolver la llamada, es un servicio público, así que tienen que llamarte de vuelta. Pero que el hecho de que yo lo conozca un poco más ayuda al gobierno de Puerto Rico en relacionarse con el Tesoro, por supuesto, por supuesto que ayuda.
¿Pero es algo malo? Yo creo que eso es una cosa buena para Puerto Rico, tener a alguien que conoce el Departamento del Tesoro y que sabe cómo ellos piensan, que sabe como trabajan, que sabe qué les preocupa. Yo creo que eso es una cosa buena para el gobierno de Puerto Rico. Pero Antonio no me está haciendo ningún favor, eso es seguro. Nos tomó mucho tiempo persuadir al Tesoro”, sostuvo Millstein.
¿Qué le parece el artículo de la ley PROMESA que establece que los miembros de la Junta pueden aceptar regalos y donaciones?
“Creo que es bizarro. Yo creo que si cualquier miembro de la Junta acepta un regalo, ustedes saben que ustedes van a estar todos encima de ellos preguntando, ‘¿por qué aceptaron eso?’. Yo creo que van a tener que discutir los regalos que cojan si los cogen. Pero yo lo que entiendo es que se trata más de espacios de oficina, de que no tengan que pagar por espacio de oficina, que puedan aceptar renta gratis. No sé porque ese artículo está ahí”.
