Como era previsible, la Junta de Control Fiscal (JCF) reconoció hoy la necesidad de cambiar los planes fiscales del gobierno y las corporaciones públicas ante las nuevas variables fiscales y demográficas que dejó el paso del huracán María, y en menor medida el huracán Irma, en la isla.
En síntesis, representantes del ente federal –su directora ejecutiva Natalie Jaresko, su presidente José Carrión y los miembros Ana Matosantos y José Ramón González– comentaron en distintas instancias a lo que se enfrenta la JCF y la administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares al revisar los planes fiscales: cómo balancear la baja demográfica –se perfila que en dos años el país pierda un 14% de su población– con los servicios gubernamentales que requerirán los que se queden en la isla.
El proceso de revisión contemplaría una reducción en el tamaño del gobierno –o right-sizing– más abarcadora que lo previsto en el plan fiscal vigente, planteó González. “No es que sea un fin reducir el tamaño del gobierno: ahora simplemente es una realidad”, agregó Carrión.
Dicha reducción en la operación gubernamental, sin embargo, tendría que garantizar servicios públicos como educación, salud y seguridad para que los puertorriqueños no sigan migrando, afirmó Matosantos.
Puerto Rico todavía está en medio de una emergencia –20% sin servicio de agua y 30% de generación de energía eléctrica–. La JCF admitió que es prematuro conocer qué números y datos se utilizarán para reconfigurar estos planes fiscales, toda vez que el gobierno aún no cuenta con cifras oficiales del impacto causado por el huracán María ni del dinero que le quede en caja una vez contabilizados los gastos de recuperación y la pérdida de ingresos al fisco.
Gerardo Portela, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), estimó el impacto económico del ciclón entre $45,000 millones y $95,000 millones.
Portela indicó que la administración se enfrenta a un problema de liquidez para el 29 de diciembre, cuando el gobierno central, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) necesitarían en conjunto $3,578 millones para poder mantener su operación.
“[Los huracanes] Irma y María cambiaron la realidad del país, pero no el propósito de Promesa”, dijo Jaresko: “balance fiscal, crecimiento económico y acceso a los mercados capitales”.
La directora ejecutiva hizo hincapié en que, ante los cambios provocados por los fenómenos atmosféricos, el plan fiscal –que antes se contemplaba a diez años– ahora deberá pensarse para cinco años. Expuso que en el proceso de revisión deberá considerarse los recaudos que dejaron de ingresar al fisco, así como el gasto en recuperación, la ayuda que FEMA no haya cubierto y la variable demográfica.
El plan fiscal revisado del gobierno central, así como el de la AEE y la AAA, deberá entregarse el 22 de diciembre, y estaría certificándose por la JCF en febrero.
En ese mes se entregarían, de paso, los planes fiscales revisados de la Autoridad de Carreteras y Transportación, el Banco Gubernamental de Fomento, la Universidad de Puerto Rico y la Corporación para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico, que serían certificados en marzo de 2018.
Continúa el enfrentamiento
Dos temas en agenda –la política de revisión de contratos gubernamentales y la designación de Noel Zamot como “principal oficial de transformación” de la AEE– rompieron la armonía que usualmente existe entre el gobierno y la junta.
El representante de Rosselló Nevares ante la JCF, Christian Sobrino, acogió la política de revisión de contratos con reservas, al punto que presentó una moción –dejada sobre el tintero por el ente federal– para que sus miembros no participen directamente en el proceso de revisión y evitar cualquier apariencia de conflicto de interés.
Con la medida, el gobierno tendrá que someterle a la junta todo contrato mayor de $10 millones para que esta lo evalúe. Aunque se mencionó la fecha del 6 de noviembre como la entrada en vigor de la disposición, la JCF aclaró que tiene validez retroactiva.
Inquirido por la prensa, Carrión aseguró que la nueva política de revisión de contratos gubernamentales no se tomó pensando en el controvertible contrato a Whitefish Energy, empresa del estado de Montana que se encuentra en el ojo público por haber obtenido un contrato de $300 millones para reparar el sistema eléctrico de isla siguiendo un proceso de adjudicación irregular. El corredor de seguros sumó que hace diez días la junta tiene el contrato en sus manos y lo están analizando
Pero fue la designación de Zamot lo que más críticas recibió de parte de Sobrino, al advertirle a la junta que procediera con “cautela”, toda vez que la designación del ingeniero pende de una decisión de la jueza Laura Taylor Swain en el tribunal federal. Consideró, además, que el acto de la JCF establece un precedente sobre los demás funcionarios públicos y que tal prerrogativa “no está [estatuida] en Promesa”.
“Pido que esta junta sea cautelosa porque el anuncio y el proceso que se ha seguido [con el nombramiento de Zamot], ha perjudicado los trabajos [de reparación de la infraestructura eléctrica] en proceso y rompió la cadena de comando en medio de una emergencia. Estoy seguro que esta junta podrá proponer una solución a nuestros problemas sin romper el orden constitucional”, añadió Sobrino.
Ante las críticas, el miembro de la JCF Arthur González se limitó a decir que espera que las partes se atengan a lo que decida en corte.
Zamot, que también funge como coordinador de revitalización de infraestructura bajo el Título V de Promesa, no cobraría adicional a su salario de $325,000 anual por las nuevas responsabilidades en AEE en caso de que la jueza Swain valide su nombramiento.
