Los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR) comenzarían a pagar más por estudiar en la institución tan pronto como el próximo año académico si mañana la Junta de Control Fiscal (JCF) certifica el plan fiscal que propone para el sistema universitario.
De acuerdo con el borrador publicado hoy, la JCF propone que los estudiantes subgraduados paguen $115 por crédito en el año académico 2018-2019. Este costo iría en aumento hasta terminar en $157 por crédito para el 2022-2023. El plan presentado por el presidente interino de la UPR, Darrel Hillman, proponía aumentar el crédito subgraduado hasta $140 para esa misma fecha.
En el caso de los estudiantes graduados, el ente federal propone un aumento al promedio de pago de estos alumnos que duplicaría en 2019 el costo de matrícula. Al momento un estudiante graduado paga en promedio cerca de $3,699 por sus estudios. Esta suma se elevaría a $6,382 en 2019 y subiría hasta los $7,241 para el año fiscal 2023.
No obstante, a estos aumentos se incluirían una serie de alzas en diversas cuotas y transacciones que se aplicarían a la matrícula del estudiantado. Por ejemplo, la junta propone aumentar de $33 a $100 la cuota de laboratorio para el próximo año y se mantendría igual hasta 2023. En el caso de la cuota de tecnología, se pretende aumentar en el 2022 de $25 a $50.
También se cobraría adicional por trámites como la cuota de graduación –que pasaría de $27 a $80 a partir del próximo año académico– y la transcripción de crédito de $1.35 aumentaría a $5. Ese mismo costo de $5 tendría la duplicación de documentos, que actualmente cuesta $1.35.
La JCF propone, además, que los alumnos paguen más por sus tarjetas de identificación cuyo costo actual es de $5; a partir del próximo semestre costaría $10.
Otros trámites que también verían un aumento en el año académico 2018-2019 serían los traslados a otras instituciones universitarias (de $33 a $50); traslados dentro del sistema UPR (de $20 a $25); solicitud de admisión (de $20 a $30), solicitud de readmisión (de $33 a $37); y los cargos por pago de matrícula tardía se elevarían de $13 a $20.
Aunque la cuota por concepto de mantenimiento se mantiene igual el próximo año —en $47— en 2020 pasaría a costar $75 y, a partir de 2021, $100.
A todos estos aumentos, se incluirían una serie de cobros nuevos por trámites que hasta el momento estaban exentos. Ese es el caso de las bajas totales ($15) y parciales ($10), la repetición de cursos ($20), y una cuota de mantenimiento para los cursos de verano ($50) que se empezarían a pagar en el 2019.
El plan fiscal propuesto por la JCF parte de una base de población estudiantil en descenso con 57,814 estudiantes subgraduados y graduados en 2019 a 51,182 para 2023. Este fue uno de los asuntos que en un principio produjo roces entre la adminstración de la UPR y el organismo fiscal, que proyectaba una reducción mayor. Según el borrador, la JCF adoptó las premisas de la jefatura de la universidad.
Por otra parte, el documento deja en el tintero la eliminación de exenciones y becas, aunque el plan fiscal del gobierno aprobado por la JCF contempla crear un fondo dotal del que se beneficiarían los estudiantes de acuerdo a su nivel de ingresos familiares.
El documento –publicado esta tarde por la JCF– proyecta que la universidad del Estado recibirá $441 millones de fondos provenientes del gobierno para el año fiscal 2023, cuando finalizaría la vigencia del plan. Esto representa una diferencia de $267 millones con la asignación prevista para el presente año fiscal –$708 millones–, antes de considerar los ajustes realizados posterior al huracán Maria.
El plan fiscal, además, propone consolidar el sistema UPR en cuatro conglomerados: el campus de Río Piedras, que incluiría a las unidades de Bayamón y Carolina; el campus de Mayagüez, que absorbería a Aguadilla, Arecibo y Utuado; y el conglomerado del sureste, que constaría de las unidades de Ponce, Cayey y Humacao. El Recinto de Ciencias Médicas mantendría su independencia.
Al finalizar este año fiscal, la UPR habrá recibido $685 millones de parte del Estado, al tomar en cuenta tanto las asignaciones provenientes del fondo general –$631 millones– como el dinero producto de asignaciones legislativas y la porción que recibe la institución a partir de los ingresos generados bajo la Ley de Juegos de Azar (Ley 35-2005) –unos $54 millones entre ambas fuentes de ingresos–. Esta cifra toma en cuenta los $23 millones que se recortaron tras el paso del huracán.
Diálogo solicitó una reacción a la administración universitaria sobre el documento, pero hasta el momento no ha habido respuesta.
La JCF tiene previsto certificar hoy el plan fiscal del gobierno central, al igual que los de la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, cuyos borradores también fueron divulgados esta tarde.
Mañana viernes, en tanto, se haría lo propio con los planes de la UPR, la Corporación Pública para la Supervisión y Seguros de Cooperativas (Cossec), la Autoridad de Carreteras y Transporte y el Banco Gubernamental de Fomento.
Comentarios
Diálogo
Diálogo es la publicación oficial de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Desde su fundación en 1986, ha servido de taller para los profesionales en formación que actualmente se desempeñan en otros medios dentro y fuera del País. Su plataforma virtual, contiene las versiones impresas desde el 2010 hasta mayo de 2014, mes en que el medio migró exclusivamente al formato digital.
