La vicepresidenta de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Dra. Mayda Velasco Bonilla, comparecerá hoy miércoles a la Cámara de Representantes para presentar la ponencia de la entidad sobre el P de la C. 119 en la vista convocada por la Comisión de Asuntos Laborales y Transformación de Sistema de Pensiones para un Retiro Digno.
Velasco Bonilla expondrá la posición de la Junta de Gobierno con relación a la medida que, entre otras cosas, busca “alterar el Sistema de Retiro de la UPR” y, por virtud de ley, que el mismo continúe bajo el modelo de beneficios definidos; crear una Junta del Fideicomiso y enmendar varios artículos de la Ley 1 de 1966 (Ley de la Universidad de Puerto Rico) y de la Ley 2 de 1966 (Ley de Asignación de Fondos de la Universidad de Puerto Rico).
En expresiones escritas la vicepresidenta de la Junta de Gobierno de la UPR dijo que alertará a los representantes sobre áreas significativas de la medida que muestran un lenguaje confuso o impreciso, cuestionará la invocación de la Sección 19 de la Constitución sin explicar cuál es la emergencia que se pretende atender, señalará la confusión de conceptos como Sistema de Retiro y Fideicomiso y expondrá que algunas enmiendas propuestas a estatutos vigentes estarían en conflicto con lo dispuesto por la Ley PROMESA y lo trazado en el Plan Fiscal Certificado, entre otros aspectos.
Por su parte, el presidente de la Junta de Gobierno, ingeniero Emilio Colón, expresó que el organismo que preside ha reconocido y planteado en innumerables ocasiones que “la situación del Sistema de Retiro de la UPR compromete la propia sostenibilidad del proyecto universitario, por lo que es un asunto que hemos estado atendiendo de manera urgente y responsable. Se han estudiado a fondo los estados financieros, se realizaron análisis actuariales con premisas actualizadas y se llevó a cabo un estudio de experiencia. Con toda esa información, estamos convencidos de que el problema del Sistema de Retiro es complejo y está compuesto por un modelo de beneficios definidos, modelo insostenible ante la realidad fiscal y operacional de la UPR, en el sentido de que ya se tienen más retirados cobrando pensiones que empleados aportando al fondo, una deuda actuarial que supera los $4 mil millones y un “funding ratio” de apenas un 30%. Todos estos factores obligan a una reforma del Sistema”.
Velasco Bonilla añadió que “es deber de la Junta de Gobierno proteger a la Universidad de la insolvencia del Sistema y del riesgo de tener que acogerse a Título III o de llevar sus pensiones a un modelo de “Pay Go”, que sería insostenible para la institución. Hay que tener en cuenta que la Universidad ya enfrenta un conjunto de otros desafíos que incluyen recortes en las asignaciones, el impacto de los desastres naturales en su infraestructura crítica, la respuesta a la pandemia, la baja en la matrícula y la disminución del fondo de reserva”.
Desde el año fiscal 2018 hasta el 2026, la Universidad habrá ejecutado y acumulado medidas que tendrán un impacto total de $1,900 millones. En ese contexto, “la Universidad debe también gestionar la resolución de los problemas y déficits operacionales y atender las deudas que gravan sus finanzas. La reforma que se ha propuesto del modelo del plan de retiro permitiría asignar fondos para inversiones estratégicas en infraestructura, personal y estudiantes al tiempo que ayudaría a garantizar la sostenibilidad del proyecto universitario sin comprometer empleos ni las pensiones”, explicó Colón.
Detalló las medidas que ha delineado la Junta de Gobierno para atender la situación del plan de pensiones de la entidad incluyen:
· la congelación del plan de beneficios definidos para empleados “non- vested” (con menos de 10 años) del Sistema de Retiro
· Crear un nuevo plan de contribución definida para empleados “non-vested” y nuevos
· La publicación de un requerimiento de propuesta (RFP) para la búsqueda y selección de un proveedor del plan de contribución definida
“Estas medidas garantizan que los pensionados y los empleados activos “vested”, grupo que compone el 88% de los participantes del Sistema, no se vean afectados de ninguna manera”, indicó Colón.
El proyecto cameral busca “perpetuar el modelo actual de beneficios definidos que tiene el Sistema de Retiro y traza una línea de política pública, falla en desglosar las consecuencias económicas de esas políticas y, sobre todo, en identificar los fondos que serían necesarios para poder mantener intacto el modelo de pensiones. Al 30 de abril de 2021, al Sistema aportan 8,740 empleados activos mientras reciben pensión 9,331, lo que supone ya una brecha de 591 pensionados más que empleados activos. Hace apenas 10 años había más de 5 mil empleados activos por encima del número de retirados”.
“A esa realidad, que ocurrió naturalmente por el proceso de retiro de empleados o de renuncias, en una institución que tiene cada vez menos estudiantes debido al factor demográfico y migratorio, se suma que se concedieron beneficios sin identificar el debido financiamiento y que los análisis se hicieron a partir de premisas actuariales demasiado optimistas”, abundó el presidente de la Junta de Gobierno.
Manifestó que se ha señalado “recurrentemente que la Universidad no ha hecho las aportaciones correspondientes para solventar esta brecha, esta aseveración no es correcta. Incluso desde el año 1991 hasta el 2018, la institución excedió por $55 millones la aportación actuarial recomendada, y aportó una cifra global de $1.7 billones para ese periodo”.
La Junta de Gobierno ha designado una aportación anual de $160 millones por la vigencia del Plan Fiscal para capitalizar el Sistema de Retiro aún con la implementación de las reformas. “Mantener el modelo de beneficios definidos implicaría la necesidad de una aportación que sobrepasaría los $200 millones sin haber dado con una solución a largo plazo para el problema estructural del Sistema”.
La vicepresidenta estará acompañada en la vista por el director de finanzas de la entidad, Antonio Tejera, y el director del Sistema de Retiro, licenciado Samuel Nales.
