Feria de Estudios Graduados 2023 en UPR-RP
En la reunión: Gilberto Domínguez Escalera, José Martínez Cruzado, Frank Catalá, Nivia Fernández Hernández, Carlos Pérez, Gloria Butrón, Carlos Del Río y Pedro Rodríguez Mercado. Mientras tanto, Alejandro Camporeal participó por via telefónica (Captura de pantalla)
La Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) decidió ayer mantener la moratoria a la Certificación 72 (2006-2007) para enmendar el controvertible Programa de Becas Presidenciales. Las modificaciones a realizarse buscan “corregir” las deficiencias e irregularidades detalladas en el Informe sobre la Otorgación de Becas Presidenciales, cerrando –luego de un año– un crítico episodio para el primer centro docente del país.
El documento, entregado a la junta el pasado 21 de febrero y discutido ayer en una reunión ordinaria, expuso irregularidades y violaciones al proceso requerido, pero no atribuyó culpa ni recomendó acciones disciplinarias contra los implicados. En julio pasado, el entonces presidente de la institución, Uroyoán Walker Ramos, así como el rector del Recinto de Río Piedras, Carlos Severino Valdez, fueron destituidos de sus puestos junto a otros administradores universitarios por estar implicados en las cuestionables concesiones de las becas.
La Junta de Gobierno de la UPR, sin embargo, no discutió los hallazgos del informe comisionado por la expresidenta interina Celeste Freytes González a la exjueza Mercedes Marrero de Bauermeister. Más bien, se limitó a leer las recomendaciones que realizó Freytes González antes de renunciar, para posteriormente evaluar si derogaba la certificación –efectivamente eliminando el programa–, o si extendía la moratoria para enmendarlo.
Entre las recomendaciones de Freytes González están la imposición de un proceso uniforme para la evaluación de candidatos al programa y la designación de áreas de prioridad para suplir la oferta académica de las unidades. De igual manera, delineó que el proceso se tiene que atemperar a la Ley y el Reglamento de la UPR, pues al momento el Programa de Becas Presidenciales conflige con estas al prometer plazas docentes a los participantes obviando el proceso ordinario de evaluación de pares y recomendación de los Comités de Personal de las facultades y programas.
A fin de cuentas, la junta aprobó una moratoria con seis votos a favor, uno en contra y dos abstenidos. A favor votaron Carlos Pérez Díaz, presidente del cuerpo; Frank Catalá, Gloria Butrón, Carlos del Río, la secretaria de Educación Julia Keleher, y el representante de la Autoridad de Agencia Fiscal y Asesoría Financiera (Aafaf), Alejandro Camporeal. El único voto en contra fue emitido por el profesor José Martínez Cruzado. Mientras, las abstenciones correspondieron a los representantes estudiantiles, Gilberto Domínguez Escalera y Pedro Rodríguez Mercado.
Ante la paralización del programa, surgió una discusión sobre qué se hacía con los $350,000 asignados al Programa de Becas Presidenciales. Tanto el representante estudiantil subgraduado, Rodríguez Mercado, como el representante graduado, Domínguez Escalera, argumentaron a favor de utilizar estos fondos para becas estudiantiles. Sin embargo, enfrentaron la oposición de los dos representantes claustrales y del presidente del órgano rector.
“No te vistas que eso no es tuyo”, expresó Pérez Díaz a Rodríguez Mercado sobre utilizar los fondos de Becas Presidenciales en otras áreas durante la duración de la moratoria. “Esto es de los profesores, no un proyecto de los estudiantes”, añadió el funcionario.
Ante la oposición, se acordó que la determinación sobre la distribución de los fondos del programa estará en manos del Comité de Finanzas de la junta.
Estudiantes piden que se muestre el plan fiscal
Mientras tanto, se dio una discusión sobre la divulgación del plan fiscal para la UPR, que deberá integrarse –al menos en parte– al plan fiscal del gobierno que se entrega hoy a la Aafaf, pues la versión oficial se entregará el 31 de marzo a dicha agencia, tal como estipuló la Junta de Control Fiscal en enero pasado.
El último borrador fue enviado a la comunidad universitaria el pasado 22 de febrero luego de ser filtrado al representante estudiantil Rodríguez Mercado.
Los representante estudiantiles sostuvieron que los borradores del documento se debían publicar, al punto que Rodríguez Mercado advirtió que ante la negativa surge desconfianza en el estudiantado. Sin embargo, tanto la presidenta interina Nivia Fernández, como el director de finanzas Norberto González y el presidente de la junta Pérez Díaz, aseguraron que como el plan fiscal es un documento en proceso, no se debe hacer público. Además de ser cambiante, “un trabajo se entrega cuando está completo”, sentenció Pérez Díaz.
Empero, Rodríguez Mercado se mantuvo firme en que la información debe ser publicada y recordó que estuvo varias horas esperando a que se le entregara el borrador del plan fiscal la semana pasada.
El representante indicó que el estudiantado ha expresado su rechazo y preocupación ante las recomendaciones de los borradores publicados. Este contempla, entre otras disposiciones, una matrícula ajustada a los ingresos, lo que representa un aumento de 40% en el costo del crédito para quienes no reciben la beca Pell (de $56 a $78) y 25% para quienes sí la reciben (de $56 a $70).
“¿Por qué estuviste siete horas esperando? Porque te dio la gana”, ripostó Pérez Díaz, quien aseguró que Rodríguez Mercado no tenía por qué esperar un documento que nadie dijo que iba a ser publicado. Mientras, el representante claustral Martínez Cruzado consignó su oposición a un aumento de matrícula por ingresos al encontrarlo injusto para quienes ganan más.
Mientras tanto, el próximo 1 de marzo, la Junta Universitaria discutirá el plan fiscal de la institución con Fernández. En la reunión no se hará una presentación actualizada del plan, pero la presidenta interina de la UPR recibirá preguntas de los presentes sobre el borrador publicado hasta ahora. Entre los invitados a la reunión están las presidencias de los consejos estudiantiles, la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) y la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND).
De ordinario, la Junta Universitaria está compuesta por un representante de cada sector –estudiantes, profesores y no docentes– de las once unidades (33 miembros en total), más el grupo de trabajo de la presidenta interina.
Discuten sobre asamblea nacional de estudiantes
Por otra parte, el representante estudiantil graduado Domínguez Escalera solicitó a Fernández un receso académico sistémico para la participación del estudiantado en la asamblea nacional el próximo miércoles 5 de abril. La petición fue cuestionada por la funcionaria, particularmente por el propósito de dicha actividad.
“La idea es que los estudiantes podamos reflexionar sobre el plan fiscal de la UPR [que será entregado a Aafaf el 31 de marzo]”, defendió Domínguez Escalera.
Ante esto, la presidenta interina manifestó que se tiene que considerar que tras las asambleas y paralizaciones, cada unidad tiene una necesidad con respecto al calendario académico. Dicho de otro modo, Fernández no contestó formalmente a la petición de los representantes estudiantiles.
Llamado al gobernador
Asimismo, el presidente de la Junta de Gobierno, Pérez Díaz, lanzó un reclamo al gobernador Ricardo Rosselló Nevares para que nombre personas a las cinco vacantes en dicho organismo.
“Por favor, repetimos que nosotros necesitamos que se nombren las cinco personas que faltan” en la junta, solicitó Pérez Díaz, para quien es indispensable que se ocupen los puestos para poder votar sobre el plan fiscal.
“Por favor, hágale llegar el mensaje [a Rosselló Nevares]”, dijo por su parte el representante de la sociedad civil Catalá a Camporeal, miembro ex officio de la junta en representación de la Aafaf. Catalá se ofreció a servir como sexto nombramiento para ocupar la posición en propiedad, pues no fue confirmado por el Senado en el cuatrienio pasado.
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