Como eco de los reclamos de estudiantes universitarios y de distintos sectores del País, la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) firmó una resolución en la reunión del 21 de marzo que, entre otras cosas, rechaza la Junta de Control Fiscal, le exige al gobierno federal de los Estados Unidos que tome medidas que alivien la crisis fiscal de Puerto Rico, que le provea paridad en servicios de salud y le permita a la Isla acogerse al capítulo 9 de la Ley de Quiebras para que logre desarrollarse prontamente.
La certificación 81 del año 2015-2016, firmada por la secretaria de la junta, Gloria Butrón Castelli, reconoce la precariedad en la que se ha sumido Puerto Rico por la billonaria deuda que acarrea, así como por el impacto de la crisis que “ha afectado la calidad de vida de los puertorriqueños y promovido la emigración masiva hacia los estados continentales”.
Asimismo, los funcionarios arremetieron contra el Congreso y la Presidencia de los Estados Unidos porque “han fallado en atender los reclamos de Puerto Rico y en brindar ayuda para atender la situación fiscal del país”.
Además, argumentando que los puertorriqueños, como ciudadanos estadounidenses merecen derechos tales como la paridad en fondos para los servicios de salud y acceso a la ley de quiebra, el cuerpo de la UPR alega que este trato de inacción y desigualdad ha forzado a la administración universitaria a tomar medidas austeras que afectan la calidad de sus servicios.
Por tales razones, la junta resolvió exigirle al gobierno estadounidense actuar con el fin de aliviar el estado fiscal de la Isla y así exista la posibilidad de desarrollo económico. Como parte de esas acciones la junta reclama: la modificación de las leyes de cabotaje y de comercio interestatal, la otorgación de fondos destinados a estimular el desarrollo económico y “repudiar cualquier intento del gobierno federal con el fin de imponer una Junta de Control Fiscal”.
Al concluir, en la certificación se le pide al País, y especialmente a la comunidad universitaria, unirse a estos reclamos y “ que se una a los fines de reclamarle al Congreso acciones que nos permitan resolver la situación económica de Puerto Rico sin atentar en contra de nuestros derechos democráticos”.