En una asamblea realizada ayer en la UPR en Carolina el presidente de la Junta de Retiro de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Eduardo Berríos Torres, declaró que ese organismo le requirió a las autoridades universitarias que objete el plan fiscal aprobado el martes por la Junta de Control Fiscal (JCF).
Berríos indicó a una nutrida asamblea, que contó con la asistencia de 350 trabajadores y pensionados de la universidad carolinense y la Administración Central, que las medidas contenidas en el Plan Fiscal apuntan al cierre definitivo del Fideicomiso de Retiro de la UPR.
Advirtió que de la Junta de Gobierno de la UPR implementar el plan construido por las propias autoridades universitarias y avalado por la JCF antes de ayer, el Plan de Retiro de la UPR se acabará en los próximos cinco años.
“Se le requirió a la Junta de Gobierno de la UPR que objete el plan certificado ayer”, reiteró Berríos al señalar que enviaron ayer una carta a ese organismo comunicando su objeción.
(Vídeo de presentación de la expresidenta de la Junta de Retiro de la UPR, Diana Rivera, ante la Junta de Control Fiscal/YouTube)
El Plan Fiscal aprobado por la JCF requiere que se congele el plan de retiro vigente. Esto implicaría que el Fideicomiso de Retiro de la institución dejaría de recibir las aportaciones de los empleados activos. Estos ingresos son los que posibilitan el pago de las pensiones. Berríos señaló que esto sería como cerrar la llave de la pluma que permite que una comunidad tengo acceso a agua.
El Fideicomiso es el ente que recibe y maneja los fondos del Plan de Retiro de la UPR y cuyos propietarios son los mismos empleados, quienes son los que aportan a dicho fondo. Estos están representados por una Junta compuesta por representantes de todo el sistema universitario.
El plan certificado ayer, que entraría en vigor a partir de julio de 2019, también exige que se cambie el actual Sistema de Beneficios Definidos, que implica una pensión vitalicia según lo aportado durante los años de servicio, a uno de Contribución Definida, que eliminaría en su totalidad el sistema de pensiones tal como opera ahora para sustituirlo por un modelo tipo 401K, que colocaría en manos privadas el manejo e inversión de dichos fondos de forma individualizada.
Además, como planteó la expresidenta de la Junta de Retiro de la UPR, Diana Rivera ante la JCF el martes (ver vídeo en esta página), “los planes de Contribución Definida no garantizan un ingreso de por vida y pueden experimentar fluctuaciones dramáticas en el valor de las acciones”.
Asimismo, el plan por implementarse recomienda que se reduzcan los beneficios (o pensiones de los jubilados) a un por ciento aún no definido. Todas estas exigencias se basan en la misma lógica y mecanismo aplicado a otros planes de retiro del gobierno, de acuerdo con Berríos.
El presidente de la Junta de Retiro de la UPR dijo que explicó a la directora ejecutiva de la JCFA, Natalie Jaresko, que a diferencia de otros sistema de retiros de la Isla, el de la UPR es uno sólido con un alto índice de sostenibilidad fiscal ($48.90 centavos por cada dólar) por lo que no podía aplicársele el mismo remedio.
“La Junta quiere recetarnos una medicina que no nos aplica porque nuestro plan de retiro no está enfermo”, manifestó.
Comentó que los cambios realizados en otras entidades públicas las llevó a triplicar su deuda actuarial y, en el caso específico del retiro de maestros, a reducir significativamente su sostenibilidad fiscal de 37 a 16 centavos por dólar.
Berríos alertó sobre incongruencias en los datos del plan fiscal aprobado. Indicó que en una de las tablas dice que el patrón de empleados a jubilarse por año es de 814, cuando el patrón real es de 400, lo que infla esta suma y lleva por lo tanto a generar cálculos equivocados.
Por otro lado, el Plan certificado también contempla una reducción de más de 2,000 empleados administrativos para el 2023 lo que continuaría mermando los ingresos del fondo de Retiro.
Otros ajustes en el Plan Fiscal que afectarán a los empleados de la UPR
El funcionario informó a los asistentes a la asamblea que ante tales medidas se continúan evaluando y tomando distintas acciones. Resaltó que ya han ido a la Fortaleza y que este viernes irán al Senado. Asimismo, planifican reunirse próximamente con la Comisionada Residente así como con otros miembros del Congreso de Estados Unidos.
También entablarán contactos con organizaciones que abogan por los derechos humanos, porque se entiende que las medidas impuestas al plan de retiro universitario imposibilitará aspirar a un modo de vida digna.
Una acción futura, consultada con la asamblea allí presente y aprobada por unanimidad, sería entablar una demanda de clase.
Uno de los asistentes a la asamblea, Jesús M. Aponte Reyes, quien se retiró de la UPR en Carolina tras laborar sobre 33 años como especialista en la Oficina de Recursos Humanos, dijo -en un aparte con Diálogo– que teme que su estabilidad económica se afecte negativamente con la propuesta de la Junta Fiscal.
“Pero no es solo la parte económica sino los planes médicos. Una de las razones por las cuales siempre estuvimos luchando con la Universidad fue para que se mantuvieran activos buenos planes médicos y eso se impactaría, en el sentido de la (reducción en la) aportación a los planes médicos. Estamos bien preocupados”, expresó.
Aponte Reyes señaló que su pensión, que dijo es pequeña, la complementa con lo que recibe del seguro social “que también lo quieren recortar y es injusto” al referirse a las recientes propuestas legislativas presentadas en el Congreso republicano.
Los miembros de la Junta de Retiro de la UPR continuarán celebrando asambleas informativas por los recintos hasta noviembre.
Hoy jueves, 25 de octubre, estarán a las 10:00 a.m. en el Centro de Estudiantes de la UPR en Bayamón; el viernes 26 de octubre a la 1:30 estarán en el Teatro de la UPR en Arecibo; el miércoles 31 de octubre a las 9:00 a.m. estarán en el Anfiteatro Jaime Benítez en Ciencias Médicas y el jueves 1 de noviembre a las 9:00 a.m. en el Mezzanine de las Canchas de Tenis Golo Laracuente en el Recinto Universitario de Mayagüez.
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