Cesar Miranda, secretario del Departamento de Justicia, difundió una misiva con fecha del 26 de febrero, en la que afirma haber recibido el referido de los senadores Carmelo Ríos y Ángel Martínez, quienes pidieron se investigue la otorgación de las becas presidenciales de la Universidad de Puerto Rico (UPR).
De acuerdo a los legisladores, Uroyoán Walker Ramos, presidente de la UPR, pudo haber incurrido en una violación a la Ley de Ética Gubernamental al entregar dichas becas a estudiantes allegados a la administración de turno. Entre estos, Carlos Pagán, quien fue asistente de Antonio García Padilla (hermano del gobernador), Arturo Ríos Escribano, exasesor de temas laborales de la Fortaleza y Mónica Sánchez Sepúlveda, sobrina del presidente de la Junta de Gobierno de la UPR, Jorge Sánchez.
En la carta, Miranda indica que “referente a ciertas alegaciones contra el presidente de la Universidad de Puerto Rico, Uroyoán Walker Ramos, le informo que esta ha sido referida a la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia”.
La División de Integridad Pública es liderada por el fiscal Alberto Varcárcel.
Asimismo, Diálogo se comunicó con Amber Lee Vélez, oficial de prensa del Departamento de Justicia, quien explicó que una vez se recibe el referido se determina si hay o no indicios de comisión de delito y solo entonces, se comienza una investigación.
“Al momento, no es correcto decir que Justicia investiga el otorgamiento. Lo correcto es que Justicia evalúa un referido a la luz de indicios o no de comisión de delito, pues esa es la función de Justicia, velar por la comisión de delito. Si las alegadas actuaciones se remiten a faltas administrativas, sería la propia UPR o cualquier otra agencia con jurisdicción la que investigue la alegación sobre el asunto”, destacó Vélez.
Renuncia investigadora designada
De otra parte, la licenciada Berta Mainardi Peralta le notificó en la tarde de hoy a la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico que declina de su designación para ser parte de la comisión que realizará la investigación sobre el programa de becas presidenciales.
Mainardi expresó que sin haber dado inicio a sus funciones, los medios de comunicación han realizado expresiones y señalamientos concernientes al hecho de su relación contractual como oficial examinadora.
“Ante la importancia y seriedad que esta investigación conlleva para la institución es indispensable que no se afecte la misma por cuestionamiento alguno sobre la legitimidad y constitución de los integrantes de la Comision. A los fines de evitar que este hecho se utilice para poner en duda la constitución de la Comisión y los resultados de su trabajo investigativo, le informé a la Junta mi determinación de abstenerme de formar parte de la misma”, sostuvo licenciada.
Durante el día de hoy varios medios de comunicación reseñaron que la licenciada Mainardi sostiene contratos con la Junta de Gobierno de la UPR desde el año 2013 y que esto podría significar un conflicto de intereses al momento de realizar la auditoría. Hasta el momento se desconoce quién sustituirá a la abogada, quien fue designada junto al licenciado Samuel Céspedes.
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