A partir de las expresiones de Carlos Ayes, consultor de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), en la emisora radial Éxitos 1530 AM, el plan de trabajo arqueológico que procederá ahora para el Gasoducto consistirá en efectuar monitoría arqueológica.
Esta acción consiste del proceso de inspección visual que lleva a cabo un arqueólogo profesional mientras se desarrollan trabajos de construcción ordinarios como la remoción de tierra y excavación con maquinaria pesada. La finalidad de la monitoría es constatar, mientras las máquinas remueven el terreno, la presencia o ausencia de recursos arqueológicos dentro del área de impacto del proyecto en cuestión. Este proceso implica la alta probabilidad de impactar negativamente cualquier recurso arqueológico que pueda existir en el área de interés.
De identificarse algún recurso arqueológico, por mínimo que éste sea, las labores de construcción deben detenerse para realizar una documentación total del hallazgo. A su vez, se debe notificar a las agencias reguladoras sobre los hallazgos, para que así éstas establezcan un plan de evaluación apropiado y particular del recurso identificado.
El doctor Reniel Rodríguez Ramos, y Jaime Pagán Jiménez, portavoz de la Coalición Puertorriqueña de Arqueología, explicaron que lo peligroso de las monitorías arqueológicas en el contexto de un proyecto como el Gasoducto es que “te darás cuenta de que encontraste un sitio arqueológico, pero sólo porque una excavadora mecánica lo impactó negativamente y levantó el material arqueológico – es así como notarás, en el mejor de los casos, que hay algo en el lugar (…) básicamente impactando al recurso parcial o totalmente”.
Además de la posibilidad de causar daños en el desarrollo del área, el arqueólogo que monitorea el proyecto debe notificar la agencia proponente sobre el hallazgo y ésta debe notificarlo a su vez a otras agencias como la OECH y al Consejo de Arqueología Terrestre de Puerto Rico. No obstante, Rodríguez y Pagán plantearon la posibilidad de que los contratistas y constructores puedan optar por no comentar nada del hallazgo. “¿Cómo se enterarán las agencias reguladoras y cómo se protegerá y se estudiará adecuadamente cualquier recurso arqueológico que pueda estar dentro del área de impacto del Gasoducto?”, cuestionó Pagán.
“Hemos detallado antes todos los problemas graves que enfrentan los estudios arqueológicos hasta ahora expuestos públicamente. Son trabajos peligrosamente deficientes que lo que hacen es poner en un riesgo mayor a cualquier recurso cultural o patrimonial del Pueblo de Puerto Rico que pueda encontrarse en la ruta del Gasoducto”, según lo manifestó el doctor Pagán.
“Dichas declaraciones parecen delatar la intención gubernamental de establecer algún acuerdo programático entre la Oficina Estatal de Conservación Histórica (OECH), el Cuerpo de Ingenieros de EEUU (CoE) y la AEE para esquivar irresponsablemente la problemática real generada por los deficientes estudios arqueológicos del Gasoducto que tienen ante sí”, expresó el doctor Rodríguez luego de escuchar las expresiones que hizo Carlos Ayes.
“El problema con cualquier acuerdo programático que pueda formularse es que se dejan a un lado, o se obvian por completo, las enormes deficiencias de los estudios previos. Se abre así la puerta para que en éste y en otros casos se sometan estudios arqueológicos mediocres y al margen de toda reglamentación aplicable, con miras a crear acuerdos o subsiguientes formas de proceder sin ningún fundamento científico y en abierta violación a las leyes locales y federales de preservación histórica”, sentenció Pagán.
La pasada semana un grupo de arqueólogos reveló que han sido infructuosos sus múltiples intentos por acceder a los más recientes estudios arqueológicos del Gasoducto, ya que el director ejecutivo de la Oficina Estatal de Conservación Histórica (OECH), el Sr. Carlos Rubio Cancela − quien también ocupa una plaza con licencia de la AEE− se ha negado a proporcionar esos documentos públicos, así como la carta de evaluación y comentarios oficiales que por ley debió generar la OECH hace algunas semanas.
Este constatado conflicto de intereses del director ejecutivo de la OECH, quien evalúa a su propio patrono en un claro atentado a la transparencia pública, ha generado muchas más dudas en torno a este proceso de consulta y posterior emisión de permisos, que le corresponderá finalmente al CoE.
“Si logramos acceso a esos documentos, como lo requiere la propia ley federal de preservación histórica, demostraríamos rápidamente y sin lugar a dudas el mal manejo que se ha hecho de las leyes y regulaciones arqueológicas alrededor de este nefasto proyecto [el Gasoducto] para Puerto Rico”, señalaron los doctores Rodríguez y Pagán.
Al día de hoy, tanto la OECH como el CoE, están incumpliendo abiertamente la Sección 106 de la Ley Nacional de Preservación Histórica de EEUU así como la Ley 112 de 1988 que regula y protege nuestro patrimonio arqueológico. De igual forma, se está incumpliendo el Freedom of Information Act de EEUU que garantiza el acceso libre e irrestricto a documentos públicos.
