La ciudadanía y sus… ¿poderes?

Para lograr que el Congreso de los Estados Unidos apruebe medidas legislativas que alivien la crisis fiscal de Puerto Rico, la estrategia que deben utilizar las autoridades locales ante ese organismo no debe estar enmarcada dentro de un plano político sino económico.

Así lo dijo a Diálogo, el doctor Charles Venator, profesor de política latinoamericana en la Universidad de Connecticut. El académico, estuvo recientemente en la Isla, ofreciendo la conferencia “Constitución de Estados Unidos, Ciudadanía y Casos Insulares: un caso de disonancia normativa”, en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

En un aparte con este medio, Venator reveló detalles de una conversación que sostuvo con el senador Richard Blumenthal, que lo llevó a concluir que ni la relación política con los Estados Unidos, ni el hecho de que los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses, podrían utilizarse como pretextos ante el Congreso para lograr que aprobaran legislación encaminada a resolver o aliviar la crisis fiscal de la Isla. En estos momentos, según explicó, lo que pesa es el interés monetario más que el político.

“Él (Blumenthal) argumenta que un 70 por ciento de las pensiones en Estados Unidos tienen inversiones en la economía local y si no se resuelve (la crisis económica de la Isla), las compañías de Wall Street que han invertido en dinero de pensiones pueden perder mucho dinero”, indicó el profesor puertorriqueño.

El congresista le indicó que en el estado de Connecticut, por ejemplo, hay muchos inversionistas de Wall Street que necesitan que se mantenga el flujo de dinero en la Isla.

El senador por el estado de Connecticut, es uno de los que está promoviendo la medida federal que otorgaría a Puerto Rico una asignación de fondos al programa Medicare y Medicaid igual a la de los 50 estados. Esa inyección de dinero, crearía un alivio a la crisis económica de Puerto Rico, por un lado, al tiempo que fomentaría el flujo monetario en el País. Actualmente, la falta de liquidez del Gobierno de Puerto Rico ha generado una deuda de $200 millones con alrededor de 70 instituciones hospitalarias y la Coalición para Atender la Crisis de Salud prevé un déficit de $2,000 millones en el presupuesto de salud para el año 2017.

La paridad de fondos en Medicare y Medicaid también allegaría dinero a los inversionistas con intereses en Wall Street, dado que varias aseguradoras en la Isla son empresas norteamericanas, como Humana, Inc., con sede en Louisville, Kentucky. Según explicó el profesor, es una forma de “recolectar dinero tras bastidores”.

“Son formas de reciclar dinero. La crisis económica ahora mismo no es para Puerto Rico, es para los inversionistas a nivel federal (a quienes la Isla le debe mucho dinero). Esa es la actitud que se ha tomado (en el Congreso), las intervenciones propuestas (como la inyección económica a los programas de Medicare y Medicaid) son para ayudar a los inversionistas estadounidense a costa de los puertorriqueños”, explicó Venator.

Por otro lado, Venator argumentó que la Reserva Federal tiene la capacidad de saldar de inmediato la deuda pública de Puerto Rico, pero la corrupción y el clientelismo político, que no permiten que las instituciones públicas funcionen éticamente, de acuerdo con él, se convierten en barrera para el rescate económico, porque no hay garantía de que la inversión se recupere.

“Como hemos visto, el FBI está allanando hasta el Departamento de Educación. Hasta que no se resuelva el problema de corrupción a nivel local, cualquier inversión no hace sentido porque es darle dinero a las élites”, subrayó el académico.

La ciudadanía y el estatus político

Durante la conferencia que se celebró en la facultad de Ciencias Sociales, Venator explicó el origen y desarrollo de la ciudadanía estadounidense de los puertorriqueños, así como los precedentes que establecieron los Casos Insulares. Ese es el nombre con que se conoce a una resolución de la Corte Suprema Federal que otorgó a Puerto Rico una clasificación de estatus político imprecisa, según el conferenciante, que permite al Congreso manejar la aplicación de derechos federales en la Isla, de acuerdo a las necesidades de esa nación.

Desde el punto de vista político, es difícil determinar el trato que recibe Puerto Rico de parte del Congreso en situaciones como la crisis económica, dado que son los casos insulares la base legal que citan los legisladores federales para tomar decisiones y como se señala en el párrafo anterior, esas decisiones se toman de acuerdo a los mejores intereses del Congreso, no del territorio.

De acuerdo al también experto en política pública y teoría política, la clasificación de territorio no incorporado permite tratar a la Isla y demás territorios estadounidenses, como una colonia, cuando les conviene para unas cosas, y como una dependencia, cuando le conviene así para otras.

“Siguiendo la tradición del derecho romano, entiendo que la colonia implica enviar ciudadanos de Estados Unidos, colonizar territorio y convertirlo en un Estado”, interpretó Venator. Sin embargo, destacó que aún no ha visto esa intención hacia Puerto Rico de parte del gobierno estadounidense. “Nunca, cuando uno lee la legislación federal, se ha establecido que un territorio no incorporado está destinado a ser Estado. Al contrario, el territorio no incorporado se define porque no hay ninguna garantía de estadidad”, indicó.

Según Venator, originalmente ningún territorio tenía acceso a una corte de circuito federal, como lo establece la estructura política de los Estados Unidos. Son derechos y accesos que han sido legislados por el Congreso. Puerto Rico es parte de la jurisdicción del Segundo Circuito y en ese sentido la Isla es prácticamente como un estado. En términos de la representación en el Congreso y la asignación de fondos, la Isla es tratada como un territorio imperial, porque solamente los Estados tienen garantías constitucionales que los protegen de tratos desiguales.

El académico aclaró que aludía al el término imperialismo “para describir la ocupación, ya sea para propósitos estratégicos, comerciales o militares”.

Desde el punto de vista de la ciudadanía, por otro lado, la Ley de Nacionalidad de 1940 establece que la regla de jus solis se extiende a Puerto Rico, o sea que todas las personas que nacen en la Isla, desde enero 12 de 1940, adquieren ciudadanía de Estados Unidos por nacimiento. Esta ley reemplaza la Ley Jones de 1917, que otorgaba la ciudadanía a los puertorriqueños por naturalización.

Entre el 1940 y el 1948, el Congreso aprobó distintas legislaciones a la Ley de Nacionalidad, añadiendo que todos los puertorriqueños son nativos de Estados Unidos, es decir, que la ciudadanía otorgada a los puertorriqueños nacidos en la Isla tiene peso constitucional igual a la ciudadanía que se otorga a los nacidos en cualquiera de los 50 estados, explicó Venator.

Sin embargo, hasta el día de hoy el Congreso continúa citando los Casos Insulares como referencia legal para definir el estatus político y el alcance de la ciudadanía.

“La Constitución de Estados Unidos es una antidemocrática que está diseñada para prevenir que el ciudadano tenga un protagonismo legal. Está diseñada más que nada para afirmar una especie de federalismo nacional. Los ciudadanos de un territorio no tienen acceso a los mismos derechos políticos que los ciudadanos de un estado, por ende, es difícil usar el concepto de ciudadanía cuando el estatus territorial es lo que determina el estatus del ciudadano dentro del arreglo constitucional”, argumentó el profesor.

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