El gobierno de Puerto Rico espera que el Congreso de Estados Unidos incluya este viernes el Capítulo 9 de la Ley Federal de Quiebras o alguna medida que atienda la crisis fiscal de la isla en su presupuesto de fin de año, luego de cinco vistas sobre la situación económica del país realizadas por comités del Congreso en 2015 y que no han producido ningún resultado.
Simultáneamente, demócratas y republicanos con poder para autorizar o rechazar cualquier medida que atienda la crisis fiscal de la isla se preparan para las elecciones del 2016, y sus comités de campaña reciben donativos políticos de las empresas de fondos mutuos y de fondos de coberturas que poseen deudas del gobierno de Puerto Rico.
En 1984 las corporaciones y las municipalidades de Puerto Rico fueron excluidas del Capítulo 9 de la Ley Federal de Quiebras a través de enmiendas. En 2014, tras una demanda de las empresas de fondos mutuos Oppenheimer Fund y Franklin Templeton al gobierno, el Tribunal Federal en Puerto Rico y el Primer Circuito de Boston declararon inconstitucional la “Ley de Quiebra Criolla”, que permitiría a las corporaciones públicas reestructurar su deuda. La semana pasada el Tribunal Supremo de Estados Unidos anunció que evaluará nuevamente la decisión.
Las firmas de inversión que esperan cobrar de la deuda de $72 mil millones del Estado Libre Asociado y sus corporaciones se han dividido en dos bandos: las que se oponen y las que están a favor de una reestructuración de la deuda o de que se extienda a la isla el Capítulo 9 de la Ley Federal de Quiebras. Los demócratas han dicho que apoyan un proyecto de ley, el H.R. 870, introducido en febrero en la Cámara de Representantes por el Comisionado Residente en Washington, Pedro Pierluisi, y que busca extender a Puerto Rico el Capítulo 9 de Ley Federal de Quiebras. Los republicanos, en su mayoría, se oponen a esta medida.
Políticos de ambos partidos que integran el Comité de Finanzas del Senado federal, que debe evaluar la medida relacionada a la crisis fiscal y económica de Puerto Rico, y que realizó una vista sobre el tema en septiembre de 2015, recibieron $327,250 en donativos de empresas de fondos mutuos y de fondos de cobertura que poseen bonos de Puerto Rico, indagó el Centro de Periodismo Investigativo. Los 14 republicanos que componen la mayoría del Comité de Finanzas del Senado, y 10 de 12 demócratas que forman parte del mismo Comité, recibieron donativos de estas empresas entre marzo de 2014 y octubre de 2015, según documentos de la Comisión Federal de Elecciones (FEC en inglés) revisados.
Por su parte, el Comité de lo Jurídico del Senado federal, que realizó la última vista sobre la crisis del gobierno de Puerto Rico la semana pasada, está compuesto por 11 republicanos y nueve demócratas, de los cuales siete republicanos y siete demócratas recibieron donativos de las firmas de inversión que tiene bonos del gobierno de Puerto Rico durante el mismo periodo. Los donativos políticos fueron realizados a través de los empleados de las firmas de inversión o por medio de Comités de Acción Política (PAC).
El político más beneficiado por los donativos de firmas de inversión con bonos de Puerto Rico ha sido el demócrata Charles “Chuck” Schumer, senador por Nueva York miembro del Comité de Finanzas y de lo Jurídico, quien ha expresado que apoya el Capítulo 9 de la Ley Federal de Quiebras para el Estado Libre Asociado. Entre marzo de 2014 y octubre de 2015 recibió $99,150 en donativos de estas empresas.
Algunos de los donantes de Schumer que tienen bonos de Puerto Rico son los fondos de cobertura y los fondos buitre York Capital, Fore Research & Management, Appaloosa Management, Fir Tree Capital, Davidson Kempner, Redwood Capital, Centerbridge Capital, Avenue Capital, Blue Mountain, Apollo Management y D.E. Shaw. Además le han donado abogados de bufetes contratados por diferentes grupos de bonistas de Puerto Rico, como Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, contratado por el grupo ad hoc de bonistas de COFINA, Davis Polk & Wardwell, contratado por el grupo ad hoc de bonistas del Banco Gubernamental de Fomento, y Gibson Dunn, contratado por bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica.
Schumer también tiene donativos de firmas contratadas para cabildear a favor y en contra de que se extienda el Capítulo 9 de la Ley Federal de Quiebras a Puerto Rico: Podesta Group, contratada por el gobierno de Puerto Rico para cabildear a favor, y Venable LLP, contratada por firmas de inversión para cabildear en contra. Los fondos mutuos Investment Company Institute, MassMutual Life Insurance y Oppenheimer Fund también le han donado a Schumer. MassMutual y su subsidiaria Oppenheimer Fund, que según Morningstar posee más de 4 mil millones en bonos de Puerto Rico, se oponen a la reestructuración de la deuda.
Además de donar a Schumer, MassMutual y Oppenheimer Fund donaron al republicano Charles Grassley, quien preside el Comité de la Judicatura mientras forma parte del Comité de Finanzas del Senado, y quien se ha opuesto a que se incluya a la isla en el Capítulo 9.
“Hay intereses políticos que le dan a dos lados. Le dan más a un lado que a otro, pero se cubren con el otro lado por si acaso o por no calentarse. Ese es el juego de los galleros: yo le apuesto al mío pero apuesto contra el mío por si acaso pierdo. Es cuestión de madurez política, de que no podemos pensar ya que hay gente que está a favor y en contra. Por eso no tengo ningún problema en decir que la quiebra para Puerto Rico es imposible, el dinero está en contra”, dijo Alfonso Giménez Lucchetti, comentarista de temas políticos e internacionales quien ha trabajado con el Partido Demócrata en Estados Unidos.
El pasado mes de julio Schumer presentó en el senado otra pieza legislativa para permitir a la corporaciones públicas y las municipalidades de Puerto Rico acogerse al Capítulo 9 de la Ley Federal de Quiebras, un proyecto preparado junto al Demócrata Richard Blumenthal, miembro del Comité de lo Jurídico del Senado. La medida de Schumer consiguió apoyo demócrata, pero no de los republicanos. En la última vista sobre el tema de la crisis celebrada en el Comité de lo Jurídico la semana pasada, Schumer pidió al Congreso que atienda la situación financiera de Puerto Rico y dijo que la protección del Capítulo 9 de la Ley Federal de Quiebras es una medida necesaria, pero no suficiente para resolver la crisis de la isla.
“No me sorprende que Schumer tenga muchos donativos de fondos de inversión porque él es el senador de Nueva York y la mayoría de esos fondos de inversión tienen su base de operación en Nueva York. Y Schumer es el primero que está propulsando el proyecto de Capítulo 9 que yo presenté en la Cámara, y es uno de los coautores en el senado”, reaccionó el Comisionado Residente en Washington, Pedro Pierluisi, al ser cuestionado sobre la influencia que podrían ejercer los donativos a políticos con jurisdicción sobre el tema de la deuda de Puerto Rico.
La influencia política de los fondos de cobertura
Tradicionalmente los empleados de los fondos de cobertura, entre los que se encuentran los fondos buitre, habían donado a campañas políticas en su carácter individual, pero no fue hasta el año 2007 que esta industria emergió como un sector significativo en el juego político estadounidense. La economista y periodista Monica Vendituoli, observa que el crecimiento de la industria de los fondos de cobertura como grupo político influyente coincidió con el aumento del escrutinio legislativo hacia la industria financiera de la que son parte.
Los fondos de cobertura habían donado principalmente a las campañas de demócratas hasta el 2010, pero en 2012 los demócratas recibieron solo el 24 por ciento de las contribuciones de la industria de los fondos de cobertura. Los fondos de cobertura gastaron más de $7.1 millones en cabildeo y más de $40 millones en donativos políticos para el ciclo de elecciones de 2012, más del doble de lo que invirtieron en el 2008, según el Center for Responsive Politics.
La mayor preocupación de los fondos de cobertura entre 2010 y 2012 era la implementación de la Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act. Esta ley, firmada por el presidente Barack Obama en julio de 2010, buscaba prevenir otra recesión y crisis económica como la iniciada entre 2007 y 2008 en Estados Unidos, cuando ocurrió el tumulto económico más grande en la historia después de la gran depresión de los años ‘30, según el economista Joseph Stiglitz. Esta crisis se vinculó a la especulación de la industria inmobiliaria, los bancos y las firmas de inversión de Wall Street.
La ley Dodd Frank introdujo cambios significativos al capitalismo financiero. En uno de sus artículos, por primera vez se requiere a los fondos de cobertura que se registren bajo la ley de “asesores de inversión” y aumenta la cantidad de informes requeridos por varias agencias federales a los asesores financieros, entre los que se cuentan, a partir de esta ley, a los fondos de cobertura. A cincos años de haberse firmado, algunos sectores dicen que es insuficiente y piden más regulación para el sector financiero, mientras, los republicanos buscan debilitarla en el Congreso, según un editorial de The New York Times.
Súper PAC: campañas políticas, ¿no coordinadas?
Los donativos individuales a comités de candidatos políticos en Estados Unidos no podían exceder los $2,700 por persona. Mientras, las corporaciones y los sindicatos no podían hacer donativos políticos ni gastos relacionados a las elecciones.
Pero desde el 2010, a partir del caso Citizen United vs. FEC, las corporaciones, los sindicatos y los individuos tienen una nueva opción para hacer donativos políticos en Estados Unidos: los Super Pacs. Estos comités se establecen para recaudar una cantidad ilimitada de dinero para campañas que atacan o promocionan candidatos, pero no pueden coordinar estas campañas con los candidatos ni con los partidos que apoyan.
“Por ejemplo, vean el Super Pac de Marco Rubio. No pueden coordinar con Marco Rubio. Los Super Pacs no pueden coordinar con los candidatos que apoyan, pero pueden hacer desembolsos independientes ilimitados provenientes de cualquier fuente, como corporaciones, individuos, etcétera”, explicó Will Tucker, periodista de la organización Open Secrets, una base de datos especializada en campañas políticas y donativos.
¿Cómo el político va a saber quiénes le donaron?
“Es una buena pregunta, porque entonces levanta el cuestionamiento de si la campaña en realidad es coordinada o no”, contestó Tucker.
“Citizens United abre paso a la participación de empresas y corporaciones, acentúa el poder de emporios poderosos, quita regulaciones, amplía el monto permitido y a través de eso se violenta el balance entre libertad de expresión y la transparencia”, comentó Marcia Rivera, socióloga y analista política.
60 Plus, Mainstreet Bondholders y Center for Individual Freedom
Otra opción para influir en la política es la creación de organizaciones sin fines de lucro 501c4, que se desempeñan como grupos de presión política. Este tipo de corporaciones registradas bajo la Sección 501 del Código de Rentas Internas (IRS), “frecuentemente pueden utilizar su dinero para influir (políticamente), usando gastos independientes y no tienen que decir cómo recibieron el dinero”, explicó Tucker.
Un ejemplo de este tipo de organización es 60 Plus, que creó el proyecto “Mainstreet Bondholders” y en Puerto Rico ha convocado a una coalición de personas con bonos del gobierno. La entidad 60 Plus es una que dice representar a personas mayores y está financiada principalmente por los multimillonarios David y Charles Koch.
A este tipo de organización le está prohibido que su propósito principal sea influir en temas de política partidista, pero no se les requiere revelar quiénes son sus donantes. Mainstreet Bondholders cabildea en Estados Unidos y en Puerto Rico en contra de la reestructuración de la deuda del gobierno y en contra de que se extienda el capítulo 9 de la Ley Federal de Quiebras a la isla. En Puerto Rico han invertido decenas de miles de dólares en pautas mediáticas en radio, periódicos impresos y en Internet en contra de la Ley Federal de Quiebras y de las posturas de la administración actual.
El CPI preguntó a Matthew Kandrach, vicepresidente de 60 Plus, quien estuvo en Puerto Rico, quiénes son los donantes de su organización y cuánto han invertido en pautas mediáticas relacionadas al tema de la deuda de Puerto Rico. Kandrach rehusó a revelar la información.
En 2014, la organization Citizens for Responsibility and Ethics presentó una querella en contra de 60 Plus y su presidente Amy Noone Frederick al Servicio de Rentas Internas (IRS en inglés), por violar la ley federal al no revelar $11 millones que el grupo gastó en actividades políticas en 2010 y 2012.
En informes firmados por Frederick, 60 Plus informó a la FEC que gastó $6,719,111 en “gastos independientes” para campañas políticas en 2010, y otros $4,615,957 en 2012. La mayoría de esos fondos se usaron en la producción y transmisión de anuncios de televisión apoyando la candidatura del republicano Mitt Romney a la presidencia y otros en contra de demócratas candidatos al Congreso. Pero a pesar del informe en FEC y los contenidos del anuncio, el grupo no informó esos gastos al IRS. Jordán Libowitz, director de comunicación de Citizens for Responsibility and Ethics, explicó al CPI a aún no se conoce el resultado de la investigación del IRS contra 60 plus.
Otra organización sin fines de lucro 501(c4) que tiene campaña en contra del Capítulo 9 para Puerto Rico es Center for Individual Freedom, una agrupación conservadora que en 2012 reservó 1.9 millones para gastos en campañas mediáticas en contra de políticos demócratas. Este año, el Center for Individual Freedom ha gastado $26,000 en cabildeo en el Congreso, incluyendo su oposición al Capítulo 9.
“Mínimo debería haber un requisito en ley de que los donantes se tienen que identificar. Yo pienso que como parte de la democracia, el pueblo, la prensa, debe tener acceso a los nombres, las direcciones de los donantes y si son corporaciones saber qué corporaciones están donando y si son individuos de igual manera. Estoy a favor de que haya más transparencia en el proceso electoral y de donativos”, dijo Pierluisi en entrevista con el CPI.
“En Estados Unidos se pasaron medidas que dan el poder a quienes tenían que ser fiscalizados. (Con el caso de Citizens United) se ha abierto una especie de mercado electoral. Quien aporta lo hace a cambio de alguna expectativa. Se hace una análisis de futuro, como en las finanzas; eso se ha naturalizado”, opinó Rivera.
“Quien más dinero tiene, quien más dinero aporte a la campaña, más consigue. Hablar de democracia americana es una falsedad, un mito. Yo aporto un millón de dólares a la campaña de un senador. Obviamente, ¿qué intereses tiene ese senador en mente? Los míos. Y vemos que cada vez pasa más, más multimillonarios aportan a la campaña y esos multimillonarios tienen una alta facilidad de no tan solo elegir, sino mantener gente en el Congreso y en el Senado. Es un país donde menos del 50% de la población participa (del proceso eleccionario), para participar necesitas dinero, necesitas dinero para ganar y ellos responden a quien le pagó la campaña”, añadió Giménez Lucchetti.
En Estados Unidos, una nación de más de 320 millones de habitantes, sólo 158 familias y las compañías que poseen han donado casi la mitad del dinero que ha entrado a la Casa Blanca, $176 millones solo en la primera fase del ciclo eleccionario de 2016, según el New York Times.
“Están empezando, todavía estamos en primaria. Están calentando”, comentó Giménez Lucchetti.
¿Cada cuánto tiempo los políticos verifican las listas de donativos para ver quién y cuánto dinero han donado a sus campañas políticas?, preguntó el CPI a Lucchetti.
“Eso es como un tecato: ellos saben quién le da y quién no le da. Ellos saben quién le da continuamente. Hay tantos intereses tratando de influenciar la política pública que a veces hay intereses a favor y en contra de una medida, y ambos intereses son igualmente poderosos o ambos intereses han tenido un peso o cierta influencia en el candidato o en el partido”, contestó Lucchetti, quien considera que las vistas del Congreso se han convertido en un procedimiento “proforma”.
“En teoría, tú escuchas a las partes y los tomas en consideración. Desafortunadamente hace algún tiempo atrás las vistas públicas dejaron de ser el ejercicio de escuchar a las partes y tomar en consideración, sino que ha sido algo proforma, que conste para récord de que escuchamos a las partes”, dijo Giménez Lucchetti.
El Comisionado Residente acepta que “la razón de ser de estas vistas es que tienen que atender el tema, o lo mínimo tienen que escuchar. No tienen alternativa, porque el tema de Puerto Rico ha generado tanta prensa, en Washington, en Nueva York, en Europa, que no pueden ignorarlo… lo mínimo que tienen que hacer (los miembros del Congreso) es ‘versarse’, informarse”, dijo Pierluisi.
“Las vistas yo creo que son bastante proforma. Que haya habido tres vistas no representa que haya ningún interés por Puerto Rico, al menos de forma estructurada, de meterse en este lío”, comentó Marcia Rivera.
El cabildeo por el “Chapter 9”
El cabildeo por las dos medidas que se han sometido en el Congreso para extender a Puerto Rico el Capítulo 9 suma más de de $1,377,800 en contra y $1,010,000 a favor en los tres trimestres que van de 2015. Estas cantidades podrían ser mayores, ya que en algunos casos, en los informes de cabildeo de la Cámara y el Senado federal se incluyen varios proyectos bajo un mismo presupuesto, y no se especifica qué cantidad fue a cada proyecto en particular.
Los esfuerzos del gobierno a favor de la medida se canalizan a través de las firmas Podesta Group, Smith Dawson & Andrews, The Roth Group y Primer Policy. En total, el Estado Libre Asociado ha desembolsado $300,000 en 2015, un total que incluye esfuerzos de cabildeo para otros asuntos que no están relacionados al Capítulo 9. Otro jugador que cabildea a favor del Capítulo 9 es Empresas Fonalledas. En los tres cuatrienios que van de 2015 ha gastado $490,000 en cabildeo a favor de esta medida a través de las firmas East Por LLC y Akin Gump.
Los fondos buitre Blue Mountain, Knighthead, Marathon Asset, Angelo Gordon & Co. han cabildeado en contra junto a la aseguradora Ambac Financial Group, el Center for Individual Freedom y National Public Finance Guarantee Corp.
“En los cabilderos la ideología ha pasado a otro plano y se han impuesto los intereses de los cabilderos y sus negocios. No es tanto el peso de la visión ideológica, sino estar seguros de que gane uno u otro”, opinó Rivera.
“El cabildeo es una industria que vive de esos intereses. Si tú te opones yo cabildeo en contra. Yo sé que ustedes van a ganar, pero yo gano dinero cabildeando en contra tuyo. Es capitalismo salvaje. El cabildear en contra de algo que es imposible derrotar es parte del negocio. Los cabilderos saben, pero dan esperanza de que te podemos hacer ganar aunque saben que no. Ese es el juego de la -entre comillas- democracia norteamericana”, comentó Giménez Lucchetti.
¿Pero tiene influencia esa estrategia en los políticos?
“Muy poca. Cuando están claros a favor de una parte, pues no”, concluyó Giménez Lucchetti.
Este texto fue publicado originalmente en el Centro de Periodismo Investigativo.
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