Ya llegó el Convidado de Piedra. Después de décadas de actuar bajo la teoría de “cuán largo me lo fiáis”, llegó el momento de enfrentar las consecuencias de nuestros actos. Se degradó la clasificación del crédito del Gobierno de Puerto Rico, y la casi totalidad sus instrumentalidades, a niveles inferiores al grado de inversión.
La degradación ocurre por varias causas: el alto nivel de la deuda pública; (el déficit fiscal recurrente del gobierno; el déficit actuarial de los planes de retiro; los déficits de las corporaciones públicas; la iliquidez del Banco Gubernamental de Fomento (BGF); (la poca transparencia del gobierno; y la pobre ejecutoria de la economía.
El alto nivel alcanzado por la deuda pública es un serio problema. Como se observa en el Diagrama 1, ella aumentó del 57.0% del Producto Nacional Bruto (PNB) en 1986 a 93.2% en el 2012. Por años, el gobierno –incluyendo a las corporaciones públicas y los municipios– ha gastado por encima de sus ingresos y capacidad de pago. Nuestros acreedores tienen la razón para preocuparse, requiriendo garantías y el pago de mayores intereses. La primera garantía es eliminar el déficit fiscal.
Para remediar el déficit fiscal, el gobierno ha tomado medidas de reducir gastos y aumentar impuestos, lo cual nos ha afectado a todos. La expectativa es que tomará medidas similares en el próximo presupuesto. Con respecto a los planes de retiro, se reformaron los de empleados del gobierno, maestros y judicatura. Todos los afectados radicaron pleitos judiciales. Rehusamos aceptar que llegó el Convidado de Piedra y queremos que otros sean los que paguen los platos rotos. Los empleados públicos no son los únicos que quieren que otros paguen. El Nuevo Día informó el 16 de febrero de 2014, que empresarios puertorriqueños reclamaron que no se toquen sus prebendas fiscales y aun que se aumenten.
Los déficits de las corporaciones públicas complementan el problema. Por décadas han gastado más de lo que reciben, dependiendo de subsidios gubernamentales y préstamos del BGF. Eso ya no es posible. Como consecuencia, la AAA aumentó sus tarifas, y hay planes de reforma en la AEE, que veremos en qué terminan. Pero eso es la punta del iceberg. Quedan pendientes la Autoridad de Carreteras y la Autoridad de los Puertos, donde las recientes privatizaciones han resuelto muy poco, así como otras múltiples corporaciones menores, con problemas similares, que, al agregarse, no son desdeñables.
Los problemas financieros del gobierno y sus instrumentalidades usualmente se posponían con préstamos del BGF, pero al BGF se le agotó la liquidez, así que no puede seguir prestando a la demanda. De hecho, la próxima emisión de bonos, por $3,500 millones, es para pagar deudas y restituirle liquidez al BGF. En los últimos años la Universidad ha financiado sus mejoras permanentes, así como gastos corrientes, con préstamos del BGF. Por lo que la iliquidez del BGF puede afectar el programa de inversiones que tenga la UPR.
La poca transparencia del gobierno ocurre porque por años el gobierno hizo presentaciones a las agencias clasificadoras que no se materializaron; además de los retrasos en la presentación de sus estados financieros. Con respecto a lo último, la UPR tiene parte de la responsabilidad, por los retrasos registrados en los últimos años en la radicación de sus estados financieros.
El último problema señalado quizás sea el principal. Si la economía, en lugar de crecer se contrae, la capacidad de pago mengua, la sociedad se desestabiliza, todos nos ponemos nerviosos y se toman decisiones apresuradas. Un ejemplo de ello fue ampliar la base del IVU para incluir transacciones entre negocios (B2B), ya que ello grava insumos, lo cual distorsiona el proceso productivo y crea ineficiencias en la producción, lo cual es contrario al crecimiento económico.
Para propiciar el crecimiento económico, es necesario aumentar la inversión en capital fijo, la que registra una consistente disminución desde fines de la década del noventa, de manera que en el 2012 solamente fue 14.6% del PNB. Para que la economía crezca, es necesario que esa tasa sea alrededor de 25%. Estimular la inversión no se resuelve con los subsidios usuales a las empresas, porque ellos no estimulan la inversión privada (ver el artículo del autor: “Incentivos contributivos e inversión privada en Puerto Rico”, Revista Civilizar de Empresa y Economía, Universidad Sergio Arboleda, Bogotá, Colombia). Es necesario diseñar nuevas estrategias, que incluyan la disponibilidad de una infraestructura física y humana adecuada, reestructurar los incentivos a personas y empresas para promover la productividad, reformar el sistema impositivo para promover el trabajo, el ahorro, la inversión y la equidad. Pero ello es tema para otra ocasión.
El autor es catedrático retirado del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Es Consultor en economía y estadísticas, autor, coautor o editor de varios libros y de más de 60 artículos académicos en economía publicados en Estados Unidos, Brasil, Colombia, Inglaterra, Alemania, Turquía y Puerto Rico.
