Detrás del conflicto obrero patronal en el Departamento de Educación (DE) que desembocó en una huelga de 10 días, las partes encontradas coinciden en plantear la descentralización del sistema de enseñanza pública como la condición determinante para encaminar un proyecto educativo más productivo para el país. Sin embargo, el DE y la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR) trazan rutas completamente distantes sobre cómo alcanzar esa autonomía escolar contemplada en la Ley Orgánica que rige las 1,523 escuelas en Puerto Rico y a la estructura administrativa que le da soporte al sistema de educación del estado. Mientras el secretario de Educación, Rafael Aragunde, se concentra en mecanizar los procesos administrativos y poner en marcha unos sistemas de información que -según él- darán paso a la descentralización de la agencia, el presidente de la Federación, Rafael Feliciano, denuncia que esos mismos sistemas de información propiciarán lo contrario, una mayor centralización y control por parte del poder. Para el líder sindical, la autonomía se consigue a través de los comités de organización escolar, un fideicomiso para el fortalecimiento de las escuelas, un proceso formativo de evaluación y el fortalecimiento de las comunidades escolares. Feliciano aseguró que estos cuatro aspectos constituyeron propuestas fundamentales en la negociación colectiva que culminó en una huelga y la descertificación del sindicato, a pesar de que la atención mediática se centró en la discusión sobre la remuneración del magisterio, la alegación de privatización y el tope de estudiantes por salón. De hecho, Aragunde también planteó un vacío de asuntos medulares sobre el proceso educativo en la discusión pública generada por el conflicto obrero-patronal. El titular de Educación está convencido de que, mediante los sistemas de información, se cumplirá adecuadamente y de forma expedita con los requisitos de auditoría de la agencia, se generará data valiosa para la reflexión crítica y rearticulación del proceso educativo y se propiciará la problematización de la realidad social entre el estudiantado. “Si no tienes esa dimensión de la tecnología que te permite la descentralización, pues es muy difícil que llegues a plantearte cuestiones fundamentales de la educación que deben dirigirse sobre todo a problematizar la vida, a problematizar la realidad social, a problematizar la realidad nacional, que son los asuntos de los que se debería estar hablando en las escuelas. En ese sentido, yo he echado de menos el que esto no haya sido un issue de verdad en un proceso como el de la huelga y que se quisiera simplificar el asunto como uno que se resuelve sencillamente con otra medida de parte del nivel central del Departamento”, sostuvo el doctor en filosofía. La propuesta educativa del gobierno va dirigida, según explica Aragunde, a formar un estudiante más alerta y crítico para que pueda desenvolverse en los tiempos de la sociedad de la información. “Toda esa información que se va produciendo constantemente, en última instancia, puede tener como resultado un ciudadano ensimismado, confundido, indiferente y acrítico. La escuela no es sencillamente atosigar a un niño con información; se trata de un ser que debe esforzarse él mismo, o ella misma, por identificar aquello que realmente le va a permitir desarrollarse más adecuadamente”. En el proceso, Aragunde enfatiza que la consecución del proyecto académico no puede desligarse de la dimensión administrativa en los planteles escolares, por lo que reclama la apertura a los sistemas de información que ha comenzado a implantar. “Si el DE no es capaz de convencer a sus maestros y a sus funcionarios administrativos a todos los niveles de que esto es necesario, no va a poder renovarse académicamente, ni va a poder sostener realmente el extraordinario gasto que supone un sistema de más de medio millón de estudiantes y de 1,523 escuelas. Es necesaria una transformación cultural dirigida a evaluar todo lo que estamos haciendo; evaluar y destilar información, enriquecer la base de datos y, a partir de esos análisis, regresar al salón de clases para contribuir al aprovechamiento académico de los estudiantes. Así que, todo es como una especie de círculo, pero tiene mucho que ver con el cambio cultural de una reflexión crítica que se vale de la información, pero que requiere someter información”, destacó el Secretario. En el año 2004, el entonces aspirante a la gobernación Aníbal Acevedo Vilá presentó en su programa de gobierno una propuesta educativa denominada “Tu escuela ideal”. En aquel documento, el candidato del Partido Popular Democrático establecía que “el sistema escolar necesita ser descentralizado para acercar los recursos, el poder de tomar decisiones y la responsabilidad a las mismas escuelas. La filosofía operacional tiene que cambiar para que los directores se enfoquen en un sistema de manejo empresarial que le dé el mayor nivel de acceso a la comunidad y a los padres para fiscalizar la operación y el mejoramiento académico de las escuelas”. Cuatro años más tarde, el secretario de Educación de la administración Acevedo Vilá reitera la necesidad urgente de descentralizar la agencia, y argumenta que el mecanismo para ello son los sistemas de información. “Tiene que haber una comunicación entre las escuelas; tiene que haber comunicación entre las oficinas administrativas y las escuelas; tiene que haber comunicación entre los estudiantes, los maestros y los papás, y el modo en que esto hoy se lleva a cabo es a través de los sistemas de información digitales, la Internet, sobretodo. Son sistemas de información que le permiten al mundo estar enterados. Esa escuela ideal del Gobernador, es la escuela donde realmente se vive la autonomía de la que nosotros estamos hablando y que pretende también recoger la Ley 149”, resaltó Aragunde. Esta visión de una relación simbiótica entre los sistemas de información y la descentralización choca con la filosofía del liderato de la FMPR, quienes –por el contrario- acusan al Secretario de promover la centralización en aras de cumplir los requerimientos para la obtención de fondos federales, carecer de un proyecto pedagógico y asumir una actitud “despótica” hacia los maestros en el salón de clases. “La visión pedagógica de Aragunde no existe; él tiene una visión gerencial. El sistema de información parte de una visión centralizadora de los procesos educativos y gerenciales. Las escuelas saben sus problemas, no necesitan invertir $220 millones para eso”, expuso Feliciano. Aclaró que la FMPR no se opone a los sistemas de información como tal, pero su visión se basa en que la tecnología es una herramienta que hay que saber utilizar correctamente. Mencionó, como ejemplo, el nuevo sistema de evaluación de los estudiantes para el cual –a su juicio- no se consideró ningún criterio pedagógico y su único propósito fue garantizar acceso a fondos federales. “Hay un desfase entre lo que es la vida escolar y lo que es el aparato gerencial. Aragunde ha pretendido perfeccionar el aparato gerencial, a través del sistema de información, manteniendo su naturaleza despótica y corrupta, mientras que la Federación es parte de un movimiento de base que está en las escuelas impulsando una reforma educativa real desde nuestras escuelas. Ese es el gran choque. Para Aragunde, la educación es un instrumento de control del estado y él ha tratado de perfeccionar ese instrumento de control del estado. Para nosotros, la educación es un instrumento de liberación del ser humano. Son dos visiones muy distintas”, concluyó Feliciano.
Para el presidente de la FMPR, la naturaleza del trabajo de los educadores implica que la negociación colectiva sobre sus condiciones laborales se traduzca en una parte fundamental del proyecto educativo que pone en marcha el estado. “Las condiciones de trabajo del maestro son las condiciones educativas del estudiante”. En ese sentido, Feliciano asegura que su propuesta de convenio colectivo contemplaba una serie de aspectos medulares para la educación del país. Mencionó el tope de estudiantes por salón -que está basado en mejores condiciones de trabajo para los maestros, pero también en la promoción de una educación individualizada-, la creación de un fideicomiso para el mejoramiento de las escuelas, los comités de organización escolar y el establecimiento de un sistema de evaluación formativo. Por su parte, el Secretario de Educación reconoce que, en el proceso de negociación colectiva, podría haber espacio para contribuir al proyecto educativo que implanta, aunque lo ve principalmente como una negociación sobre condiciones de trabajo. Mientras, la Asociación de Maestros de Puerto Rico –que a lo largo del conflicto obrero patronal en Educación ha insistido en solicitar nuevas elecciones sindicales- coincide en que la negociación colectiva es un espacio donde se pueden trabajar aspectos fundamentales para el sistema educativo, como la participación de los maestros en la toma de decisiones. Sin embargo, la presidenta de la organización, Aida Díaz, opinó que la FMPR desaprovechó ese espacio de negociación. “Lo que pasa es que la Federación tenía otra agenda. Los líderes de la Federación nunca han tenido una filosofía definida sobre el sistema educativo y eso lo proyectan en todas las negociaciones. Ellos entienden que el sindicalismo tiene que ser antagonista y controvertible, pero el mundo ha cambiado”, dijo la educadora. De forma similar se expresa Aragunde, quien afirma que había anticipado el evento huelgario en su agencia, ya que el liderato de la Federación había rechazado totalmente los cambios iniciados. Además, dijo que notó una falta de manejo compartido en la negociación colectiva. “Aquí de lo que se trataba era de que ‘ustedes son el patrono y ustedes tienen que arreglar el problema y nosotros, cuando esté arreglado, entramos’. Esas son maneras de negociar del siglo 19; son maneras de negociar como si se tratara de una fábrica. Nosotros necesitamos ponernos de acuerdo sobre cómo ir adelantando preocupaciones que compartimos, metas que compartimos, en torno a cómo deben ser las escuelas”, opinó el Secretario. Lejos de esa crítica, el presidente de la Federación sostiene que propusieron demandas fundamentales para el sistema educativo. “Nosotros hemos planteado el Fideicomiso para el Mejoramiento de las Escuelas para que el DE pueda encaminar una reforma educativa, según nuestras necesidades, y alejarnos de trabajar programas educativos en función de los programas federales”. De hecho, Feliciano aplaudió la propuesta reciente del Gobernador para garantizar que una parte de las emisiones de bonos se destinen al DE, aunque insistió en que el dinero debe llegar a un fideicomiso. También destacó la demanda sobre el sistema de evaluación formativo, mediante el cual el maestro pueda expresar sus aciertos y desaciertos para compartir experiencias sin que lo que se exprese pueda ser considerado en algún proceso disciplinario. Dijo que la propuesta fue rechazada por el patrono. Feliciano insistió en la demanda de garantizar los comités de organización escolar, ya que entiende que este organismo, constituido por maestros, empleados de oficina y el director escolar, democratiza la vida institucional y obliga a la agencia a nombrar las plazas a tiempo. También reiteró su reclamo de un tope de estudiantes por salón y afirmó que con un horario escalonado pueden atender ese reclamo con la planta física existente, aunque reconoció que ello conllevaría la contratación de más maestros. Aragunde, por su parte, ha dicho que el Departamento está en disposición de estudiar la propuesta e iniciar un proyecto piloto en alguna de las regiones. Feliciano denunció que la contra-propuesta final de Educación sólo hablaba de hacer un estudio, lo cual ellos rechazaron porque en la mesa de negociación se “llegan a acuerdos concretos”.
En medio de lo que han denominado un receso a la huelga magisterial, el presidente de la Federación reflexiona sobre lo que considera los logros de haberse tirado a la calle. “Aquí de lo que se trata es de que las comunidades escolares se organicen, cobren conciencia de su poder social e impulsen desde las bases, desde las propias escuelas esa reforma y, por eso, uno de los logros más grandes del proceso huelgario es la concienciación de nuestras comunidades escolares y la organización de grupos en nuestras escuelas dispuestos a mejorar la educación”, sostuvo Feliciano. Anticipó que insistirán en la organización escolar, aunque no estén reconocidos legalmente como representantes de los maestros porque “esto no es un problema legal, esto es un problema de fuerza social”. Precisamente, en el terreno de lo jurídico, el DE está a la expectativa de los próximos pasos de la Federación, pues anticipan habrá una solicitud de reconsideración al Tribunal de Apelaciones que ratificó la orden de descertificación emitida por la Comisión de Relaciones del Trabajo y, eventualmente, un recurso ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico. “No va a haber negociación colectiva. Nosotros no podemos negociar hasta tanto esté uno de estos sectores certificados bajo la Ley 45”, dijo Aragunde. Indicó que invitarán a un diálogo –por separado- al liderato descertificado de la Federación, al liderato disidente de la Federación y al de la Asociación de Maestros. Dijo que también mantendrán comunicación directa con maestros, directores y superintendentes para seguir implantando los cambios que se propone para el sistema y que dará continuidad a esfuerzos para atender los problemas de infraestructura. Por su parte, la Asociación de Maestros planifica solicitar una autorización del Secretario para que unos 600 maestros participen de un congreso en el que discutirán alternativas para el sistema público de educación. “Se trata de un congreso con todos los componentes del sistema. Queremos recoger todas las opiniones e ideas de los maestros y plasmarlas en un documento para someterlo a los políticos y de ahí a la legislación para lograr los cambios que tienen que venir”, detalló Díaz.
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