Toda persona tiene derecho a la vida. Este principio está consagrado en el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y aparece en numerosos tratados internacionales y leyes nacionales.
Sin embargo, ese principio estuvo dolorosamente ausente el día que la policía de Estados Unidos le disparó fatalmente a Tamir Rice, un niño de 12 años, en un parque público, a plena luz del día.
El 22 de noviembre de 2014, la policía de la ciudad de Cleveland, en Ohio, respondió a una llamada de emergencia sobre un hombre no identificado que apuntaba una pistola a la gente en un parque.
No está claro si los policías que respondieron al llamado sabían que la persona que llamó añadió que el arma era “probablemente” de juguete, o que el presunto pistolero era solo un niño.
Dos segundos después de salir de su patrulla policial, uno de los agentes le disparó a Tamir Rice a pocos metros de distancia. Un vídeo de vigilancia divulgado posteriormente por la policía muestra cómo el joven fue fatalmente herido en un abrir y cerrar de ojos. Poco después, murió en el hospital.
Un juez que analizó el proceder de los dos policías implicados escribió que, tras haber visto el vídeo de vigilancia del incidente en varias ocasiones, seguía “atónito por la rapidez con que este hecho se volvió mortal”. El magistrado halló causa probable para que el agente que apretó el gatillo enfrentara cargos de asesinato.
Nadie discute que la policía enfrenta situaciones difíciles y a menudo peligrosas. La facultad de usar la fuerza es indispensable para que esta pueda realizar sus funciones, pero eso no quiere decir que sea una parte inevitable del trabajo.
De hecho, el principio fundamental de las normas internacionales sobre la actuación policial es no recurrir al uso de la fuerza, a menos que sea realmente necesario.
Esas normas, los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego, le explican a la policía cuando esa fuerza se puede emplear legítimamente.
Lo que demuestra el caso de Tamir Rice es que en Estados Unidos, como sucede en muchos países, la policía no cumple con las normas. Esa realidad trágica se pone de manifiesto una y otra vez, incluida la muerte de Michael Brown, en la localidad de Ferguson, Missouri, abatido por las balas de la policía, y en la serie de protestas que desencadenó.
Desde las calles de Ferguson a las favelas de Brasil, el empleo de la fuerza y de armas de fuego por la policía suele ocupar los titulares mundiales cuando resulta fatal.
En un sinnúmero de casos, en particular en su reacción ante las manifestaciones, la policía recurre al uso de la fuerza con demasiada rapidez, en vez de resolver los conflictos por vías pacíficas.
Los agentes policiales utilizan gases lacrimógenos, balas de goma y otras armas en formas arbitrarias y abusivas, o emplean una fuerza excesiva, lo que provoca víctimas, entre ellos muertos y personas mutiladas, muchas veces sin que sean sometidos a la justicia.
Los homicidios cometidos por la policía en Brasil afectan en mayor proporción a los jóvenes negros. Los numerosos tiroteos policiales en Estados Unidos provocaron la muerte de personas desarmadas, también con mayor presencia de varones afroestadounidenses.
En Bangladesh, fuerzas especiales realizaron operaciones policiales con el empleo de fuerza letal, lo que causó la muerte de muchas personas.
En Bahréin, Burundi, Camboya, España, Grecia, Turquía, Ucrania y Venezuela, el empleo por parte de la policía de gases lacrimógenos, balas de goma y otros medios de fuerza, incluso de armas de fuego, provocó numerosas víctimas en manifestaciones populares.
En casos como estos, los gobiernos y las autoridades policiales no suelen crear el marco necesario para asegurar que la policía solo recurra al empleo de la fuerza legítimamente, en cumplimiento de los derechos humanos y como un último recurso. Con frecuencia, las muertes y las lesiones graves son el precio de esa omisión.
Esto se debe a una diversidad de razones, incluidas las leyes nacionales que contradicen las obligaciones internacionales de derechos humanos, las deficientes normas internas, la insuficiencia de capacitación y equipamientos, la falta de control de los mandos y la ausencia de justicia para los policías que actúan fuera de la ley.
Para enfrentar este problema, Amnistía Internacional publicó una nueva serie de pautas sobre el empleo de la fuerza por la policía, en coincidencia con el 25 aniversario de la adopción de los Principios Básicos de la ONU.
Con ejemplos de 58 países, sus conclusiones y recomendaciones están destinadas a ayudar a las autoridades a poner en práctica los Principios Básicos de la ONU y asegurar que el trabajo policial cumpla con los derechos humanos.
En ciertas circunstancias limitadas, la policía puede y deberá emplear la fuerza para mantener la ley y el orden. Pero la misma deberá respetar reglas rigurosas y no podrá considerarse como una licencia para matar, ni como una inmunidad para los policías.
Nadie está por encima de la ley, y menos aun quienes tienen el deber de hacerla cumplir.
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