Cualquier persona que haya transitado la carretera número dos en dirección a Yauco ha visto el vasto espacio que ocupa lo que fue la Commonwealth Oil Refining Company o la CORCO, como se le conoce coloquialmente. Este complejo industrial, en desuso desde hace cerca de treinta años, es un foco de contaminación debido a los rastros de petroquímicos que aún permanecen allí.
Cada municipio en nuestra Isla posee estructuras deshabitadas en los cascos urbanos y en las zonas rurales; casas, gasolineras, antiguos comercios, entre otros complejos que representan un problema tanto de salud pública como un problema económico para el País y tienen un nombre oficial: brownfields.
El término brownfields está definido por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) como una propiedad afectada por una contaminación real o percibida que inhibe el redesarrollo del espacio perjudicado.
Según Wilmarie Rivera, coordinadora de instalaciones federales en la Junta de Calidad Ambiental (JCA), entre las consecuencias de la presencia de brownfields en las comunidades se encuentra que las propiedades adyacentes pierden valor, se produce un estancamiento económico en la zona y disminuye la calidad de vida de los habitantes del área.
La funcionaria también aseguró que como consecuencia de los brownfields hay un incremento en la actividad criminal y pérdidas en las oportunidades de empleo en la zona, obligando a que las personas se desplacen a otros lugares. Rivera mencionó que estos espacios representan un problema ambiental urgente.
Hasta el momento, la JCA no posee un inventario completo de áreas identificadas como brownfields en la Isla. Por tal razón, tampoco cuentan con estadísticas o estudios que problematicen de manera cuantitativa el impacto socioeconómico y ambiental de esta situación.
Revitalización en Puerto Rico con fondos de la EPA
Algunos problemas que se encuentran al rehabilitar los brownfields son el temor a la responsabilidad ambiental por parte de los inversionistas potenciales y la ausencia de planes de revitalización en la esfera pública y privada, según sostuvo Pascual Velázquez, director del Programa de Redesarrollo y Limpieza Voluntaria de Propiedades de la JCA, durante un taller ofrecido por esta agencia en el pasado mes de noviembre.
Las ventajas de la rehabilitación incluyen el potencial de crear empleos nuevos, el evitar actividad delictiva en la zona, el fortalecer la economía local y el reducir el desparrame urbano, sustituyendo las construcciones en terrenos nuevos por las reconstrucciones en terrenos en desuso, según planteó Velázquez.
Según el informe de la EPA Recycling America’s Land: A National Report on Brownfields Redevelopment (1993-2010), tres municipios que formaron parte de los programas de revitalización patrocinados por la EPA durante este periodo de tiempo fueron Isabela, San Juan y Toa Baja. Rivera también mencionó programas en Salinas, San Germán, Caguas y Cataño.
El informe indica que en el caso de San Juan, se crearon 450 empleos durante el proceso de revitalización de los terrenos y 200 empleos luego de que se desarrollaran las zonas exitosamente.
Dos ejemplos de programas de redesarrollo que están en curso actualmente lo son las iniciativas Proyecto PR #127 y Proyecto 127.2, ambas organizadas por Desarrollo Integral del Sur (DISUR), un consorcio regional que incluye a los sectores privado, académico y público, compuesto por los quince municipios de la región sur de la Isla.
El Proyecto PR #127 busca revitalizar el corredor industrial de la carretera PR-127, espacio que abarca 1,800 acres de terreno en la zona petroquímica que se encuentra entre Peñuelas y Guayanilla y que incluye a la CORCO.
La iniciativa de DISUR fue seleccionada para formar parte de un proyecto piloto de otorgación de fondos por parte de la EPA debido a las características y el potencial que poseía la revitalización del corredor.
Entre las razones presentadas por la agencia en un boletín informativo se indica que “hay 10,991 residentes en el corredor, que ha sido la localidad de varias instalaciones petroquímicas desde el año 1950. El corredor ahora contiene mayormente instalaciones inactivas de producción de químicos, de refinamiento de petróleo y unidades de tratamiento de desechos previamente peligrosas. La población del corredor está disminuyendo y el desempleo es de aproximadamente 20 por ciento”.
Este proyecto, que busca la limpieza ambiental y la reutilización de 13 propiedades del área, tuvo su etapa de planificación entre octubre de 2010 y febrero de 2013. Al culminar este paso, DISUR comenzó los primeros pasos en la implementación del plan de reutilización a través de una subvención de $1 millón que le otorgó la EPA.
Entre las iniciativas de este plan se encuentran: desarrollar instalaciones para el reciclaje y el recubrimiento de materia prima del desperdicio sólido y electrónico, una instalación para el cultivo de micro-algas a escala industrial, el establecimiento de un conglomerado de industrias que se puedan beneficiar directamente de esta producción, entre otras iniciativas.
Por otra parte, el Proyecto 127.2, también de DISUR, es un plan de tres años que se espera culmine en diciembre de 2015. El mismo pretende validar el inventario de terrenos baldíos de Peñuelas y Guayanilla a la vez que se crearía un nuevo inventario de estos lugares para el municipio de Ponce.
Dicho registro ayudará a los respectivos gobiernos municipales a dar prioridad a los recursos para la limpieza y desarrollo de las zonas industriales, residenciales y comerciales abandonadas que han sido identificadas.
Según DISUR, el Censo 2010 indicó que cerca de 20 mil personas residen en las nueve comunidades rurales y seis comunidades urbanas atendidas por el Proyecto 127.2. También el informe señala que el desempleo en la zona está cerca del 17 por ciento.
Para Vázquez, este tipo de iniciativa, particularmente por la integración y participación comunitaria, “es bueno para el municipio y bueno para la comunidad”.
Legislaciones para atender los “brownfields”
En el año 1994 el gobierno estadounidense bajo la administración del presidente Bill Clinton, estableció el Brownfields Tax Incentive to Speed Urban Cleanup, Redevelopment. Esta legislación surgió a partir del establecimiento del primer proyecto piloto de la EPA con relación al tema de los brownfields, al seleccionar al Cuyahoga County en el estado de Ohio, para el 1993.
En este momento fue que el gobierno estadounidense comenzó a dar prioridad a estos espacios con tal de impulsar la economía y lidiar con amenazas ambientales potenciales.
En Puerto Rico se han establecido algunas leyes locales, además de aquellas que forman parte de la jurisprudencia federal. Se destaca entre estas la Ley para Viabilizar la Restauración de las Comunidades de Puerto Rico.
Esta ley establece que fue creada “para que los municipios puedan utilizar sus facultades de expropiación forzosa en propiedades inmuebles que hayan sido declaradas estorbos públicos, para ser transferidas a personas que se propongan rehabilitar esos inmuebles, y que provean los fondos necesarios para la justa compensación y los gastos que conlleve el procedimiento de manera que se propicie la restauración de las comunidades de todo Puerto Rico.”
La legislación tiene una serie de precedentes, como uno registrado a finales de la década de los ochenta. La Ley Especial para la Rehabilitación de Santurce se implantó con el propósito en ese entonces de revitalizar los espacios santurcinos. Por medio de dicha legislación se creó un grupo consultivo, se le ordenó a la Junta de Planificación crear para la zona un Plan de Desarrollo Integral y se instituyeron una serie de incentivos como una exención contributiva a las propiedades elegibles y deducciones para la creación de empleos.
En el año 2003 esta ley fue enmendada debido a que “el desarrollo de Santurce se ha visto detenido porque los términos para fomentar su rehabilitación han expirado”. Por esto, se extendió el periodo de incentivos por el tiempo que fuera necesario “hasta que se logre una verdadera rehabilitación” en esta comunidad, según lee la legislación.
Por otro lado, en el año 2004 se creó la Corporación para la Revitalización de los Centros Urbanos y Áreas Urbanas, institución adscrita al Departamento de la Vivienda, por medio de la Ley Núm. 209 de 11 de agosto de 2004. El propósito de esta legislación fue que la Corporación funcionara como asistente del Departamento en el desarrollo e implantación de propuestas y proyectos de rehabilitación urbana.
Dentro del contexto actual de desparrame urbano, crisis económica y problemas ambientales, es necesario que se consideren los proyectos de rehabilitación de brownfields como una alternativa viable para el desarrollo económico sustentable y que se empiecen a tomar en cuenta las legislaciones aquí expuestas como punto de partida para hacer valer estos proyectos desde las esferas públicas y privadas.
